El Tribunal Superior de Justicia de Canarias debería poner orden en la comunicación que sobre la 'operación Unión' vienen haciendo el propio juzgado, la Guardia Civil, la Fiscalía y los filtradores profesionales. No es de recibo, y atenta gravemente contra los investigados, contra su derecho a la imagen y contra su presunción de inocencia, la confusión terminológica con la que se traslada a la opinión pública la investigación.
Los periodistas y los ciudadanos, nos preguntamos en qué situación jurídica están algunos de los investigados cuando la propia Guardia Civil utiliza la 'imputación' como si el cuerpo policial pudiese aplicar esta figura que la Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva exclusivamente al juez. Nos preguntamos en calidad de qué y cómo, algunos de los supuestamente investigados, han declarado ante la Guardia Civil. Es el caso de Enrique Pérez Parrilla, hasta ahora 'investigado', o el del propio Carlos Morales 'imputado', sin que haya pasado a disposición judicial. Los dos han declarado ante la Guardia Civil con abogados, lo que viene a significar que no son testigos. Son 'algo más', y para declarar como 'algo más' han tenido que leerle sus derechos y, oficialmente, detenerlos, al menos sobre el papel.
A esta pretendida confusión terminológica hay que añadir la intencionada ocultación de nombres de personas investigadas, o las indefinidas y generales acusaciones a miembros de la Cámara de Comercio o a cargos del Gobierno del Cabildo Insular. Se añade una nota oficial de la Fiscalía, en la que aprece una lista en la que unos están porque se ha pedido prisión y otros no.
Un desaguisado informativo que a quien más perjudica es a los propios investigados, envueltos en una red criminalizada ante la que la opinión pública es incapaz de distinguir los posibles grados de responsabilidad que, perfectamente, marca el lenguaje jurídico. Todos sabemos el alcance de 'ir a la cárcel' y el de 'estar imputado', y es deseable que alguien unifique los criterios.
Visto lo visto, habrá también que estar alerta con otro de los vicios de las investigaciones sobre corrupción: la causa general. La investigación de la Guardia Civil en Lanzarote lleva camino de convertirse en eso, en una causa general derivada del núcleo principal de la investigación. Salen muchos temas colaterales que se siguen investigando en la misma pieza, dando la sensación de que todo es lo mismo. Una vez más, es posible que se esté anteponiendo la eficacia policial a las garantías jurídicas, y alguien debe vigilar. Las formas son tan importantes como el fondo. Hay que recordarlo a los que les atrae el cine de acción y la imputación por la imputación como ocurrió en otros momentos de triste recuerdo.
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