En primer lugar hay que felicitarse por el hecho de que exista una resolución judicial. Martín y Martín ha sido condenado. Ahora bien, hay que tener en cuenta las circunstancias que rodean los hechos condenados para entender muchas de las cuestiones que no aparecen en el fallo judicial, y que no deben aparecer nunca porque los hechos delictivos poco tienen que ver con la realidad sociopolítica, ni con las pericias que en torno al mundo jurídico-político existen.
El contexto en el que se detectan las conversaciones de Martín y Martín es delicado políticamente. La sentencia determina que el juez Parramón hizo lo que tenía que hacer, pero también es verdad extraprocesal que el juez dudó, hizo consultas y se retraso en tomar las medidas, de tal forma que dejó que los rumores se extendieran como la pólvora justo en el momento en el que se decidía quién sería el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuando, además, era evidente que los socialistas querían y proponían a uno de sus jueces, a Antonio Castro, para la presidencia. Las circunstancias dejaban fuera de juego a Martín y Martín, como dejaron fuera de juego a Fernando de Lorenzo contra el que el Partido Socialista hizo una intensa campaña política para deteriorar su imagen y evitar que renovara en el cargo. Nada de esto debe ser ajeno a los jueces, aunque sí, como he dicho antes, a la realidad procesal y a las sentencias, que deben determinar si un acto es delito o no. Pero hasta en ese aspecto, en este asunto, la actuación judicial siembra las dudas. De hecho los tres jueces que componen la Sala que ha condenado no se han puesto de acuerdo a la hora de valorar los hechos penalmente, lo que dejará siempre en la semiocuridad si la conversación con Wilebaldo Díaz tiene la suficiente fuerza como para condenar al magistrado. La duda la introduce además un magistrado de ascendencia socialista, como Javier Varona, en otro tiempo jefe de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias con Saavedra. Esa duda, como en todo Estado de Derecho, deberá determinarlo finalmente otro tribunal.
Pero existe otra circunstancia política que rodea el caso. A Martín y Martín se le investiga en un momento en el que el PSOE pone en marcha lo que llamó 'operación Manos Blancas' y que no era otra cosa que una ofensiva contra la corrupción política en Canarias antes de las elecciones autonómicas de 2007. El 'caso Martín y Martín' vino muy bien al PSC para señalar cuál era la profundidad de la corrupción en Canarias que alcanzaba al corazón de la Justicia. Ese hecho no debe ser baladí a la hora de valorar este asunto, como digo siempre desde el punto de vista extraprocesal.
Al margen de la calificación penal, lo que si es verdad, y en ello tiene toda la razón la ponencia de Javier Varona, es en que los hecho son reprobables desde el punto de vista ético y profesional. Es verdad que Wilebaldo es un amigo de Martín y Martín, y por eso, con más razón, sabiendo quién era el 'narco' al que, indirectamente, asesoraba, sabiendo que al día siguiente presidía una Sala en la que se vería ese asunto, debió evitar dar consejos de amigos.
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