Archivos Abril 2009

Los imputados son, por definición de Juan Fernando López Aguilar, corruptos, pueden mentir, han saqueado las arcas públicas, están condenados de antemano por la ética y la decencia política y aunque los tribunales los absuelvan llevan marcada en la frente la imputación y los delitos por los que fueron imputados. No hace mucho tiempo decía que Soria «está imputado por corrupción para bochorno de votantes y militantes» de su partido. Dijo que los ciudadanos tenemos derecho a dudar de la fiabilidad y credibilidad de los imputados, y dijo que es habitual que en un proceso penal los imputados mientan para protegerse a sí mismos. A pesar de esta definición todavía no sabemos qué piensa Juan Fernando López Aguilar sobre las imposiciones que su partido ha hecho a su candidatura, y sobre todo, qué piensa de que una 'imputada', Mari Ángeles Avilés, concejal de su partido en el Ayuntamiento de Elche esté en el pelotón de salida. Avilés es concejal de Hacienda en ese consistorio al mando de Alejandro Soler, acusado de pagar una campaña del PSOE en su ciudad con fondos públicos. Avilés ha sido propuesta en el número 15 en la lista de Aguilar, lo que ha supuesto un verdadero conflicto dentro del partido, que han visto en la nominación un premio a la concejal pendiente de su situación judicial y después de haber negociado con el PP una moción de censura contra Soler. En su defensa hay que decir que Soler ha reconocido públicamente que se trató de un error. Pagó las campañas de los socialistas con dinero público que será restituido.
Al margen de la política local valenciana, a mi se me antojan muchas preguntas, entre ellas, la más intensa, es cómo soporta Aguilar desde su doctrina que una imputada esté en su lista. Debe suponer una pesada carga desde la perspectiva en la que el candidato socialista entiende las imputaciones, tal y como las ha ido definiendo a medida que en Canarias se imputaban delitos a sus enemigos políticos. Una cosa es cantar y otra es coser, deben pensar en el PSOE ante este tipo de contradicciones, por otro lado imperdonables en otros partidos y tan ajustadas entre los socialistas.

Nota. EL PSOE pide que se puntualice sobre la imputación de Avilés. Técnicamente no está imputada, el fiscal pide su imputación. Dicho de otra forma: el fiscal tiene una cualificada sospecha que lo obliga a pedir al juez que la impute.

Los datos de la Encuesta de Población Activa que se conocieron ayer son escalofriantes. Al leerlos hay que pensar que detrás de cada número hay un proyecto personal y familiar roto en mil pedazos por la crisis económica. Hemos llegado a los cuatro millones de parados, 1,8 millones más en los últimos doce meses. En el último año el número de hogares con todos sus miembros en paro ha subido en 555.800, alcanzando ya la cifra de 1.068.400 hogares. En el primer trimestre han aumentando en 241.200 hogares. El número total de desempleados se sitúa en 4.010.700 y la tasa de paro alcanza el 17,36%, su valor más alto en 10 años.
De cada cuatro canarios uno está en paro. La tasa de paro en el primer trimestre del año se ha situado en el 26,12 % en Canarias, la mayor de España.
Un auténtico drama para todos, con un alcance incalculable, que si no se puede considerar una situación de emergencia, si una grave y complicada coyuntura que nos pone al borde del abismo porque pone en peligro la viabilidad del proyecto social y nos puede llevar a un tenebroso túnel. Por ello, la situación exige el cambio radical de las políticas que hasta la fecha se han puesto en práctica y exige, también, un cambio en las actitudes políticas que los partidos mayoritarios han adoptado con el único objetivo de rascar votos entre las víctimas de la crisis económica.
Los datos pulverizan la credibilidad de Zapatero e indican que ni una sola de las medidas que ha tomado su Gobierno para afrontar la crisis económica han servido para generar empleo. Lo mismo, con mucha distancias, cabe decir del Gobierno de Canarias, que si bien con sus limitados medios lograba frenar la caída con medidas de fomento de empleo, ahora se enfrenta a un imparable deterioro sobre el que no tiene el control.
En estas circunstancias se hace imprescindible una política de altas miras, una política de consenso en el Estado entre los dos principales partidos y con las comunidades autónomas y dejarnos de las monsergas y el entretenimiento político-judicial en el que vivimos.

Esta mañana escuchaba atentamente a Santiago Pérez, autor material de la propuesta socialista de reforma del sistema electoral canario y creo que, desde el punto de vista teórico, hay que darle la razón: cuantos menos topes más democracia. El problema es que los socialistas saben que no hay ambiente político necesario para plantear este debate ahora, en medio de la crisis y cuando han sido ellos los que más han auspiciado la discordia. Eso por un lado, y por otro el hecho de que detrás de esta propuesta existe también intencionalidad política poco inocente.

En la estrategia de la bajada de topes electorales, lo único real que se plantea, ahora, es eso, que es estrategia para dividir a Coalición Canaria y elevar los niveles de representación de los partidos pequeños. En el fondo, Santiago Pérez debe reconocer que su propuesta es volver al viejo esquema de pequeños lobbies con los que poder negociar un gobierno. Es volver a la etapa de Jerónimo Saavedra. Para aprender eso no hacia falta volver del revés al partido ni, crispar la vida política canaria. En el fondo, la bajada de topes insulares, lo que busca es que fuerzas, como API en La Palma, entren en el Parlamento sin necesidad de contar con Coalición Canaria para alcanzar los topes regionales necesarios. Así de claro lo dijo Pérez en la Autonómica (en la que no está vetado). Se trata de independizar aún más a los palmeros, a los majoreros y a los herreños de la necesidad de asociarse a fuerzas regionales para una vez en Parlamento y negociar con el mejor postor, que si las cosas salen como quiere Santiago Pérez, será con el Partido Socialista Canario.

Lo que realmente distinguía a los socialistas a la hora de plantear una reforma del sistema electoral canario era su propuesta de una circunscripción única.
El propio Santiago Pérez reconoce que no existen condiciones de diálogo suficientes para profundizar en la reforma electoral. Si se hace, no sólo hay que bajar los topes insulares y regionales, hay que olvidarse de la triple paridad y dar mayor representación a las islas más pobladas, como Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Hay que pensar en ampliar el número de diputados para alcanzar el máximo que permite el Estatuto de Autonomía, y hay que pensar que si los partidos no se ponen de cuerdo para que el sistema sea mucho más democrático también existe sociedad civil con capacidad de llevar al Parlamento una iniciativa popular y dejar a los políticos en evidencia.

Miguel Zerolo, ahora alcalde de Santa Cruz de Tenerife, siempre ha hecho gala de una osadía política y astucia inigualable. Da la impresión de que controla perfectamente los tiempos para moverse y a los personajes de su ciudad. No hay que olvidar que Santa Cruz sigue siendo esa ciudad de provincia en la que las relaciones sociales son complicadas pero transparentes y en las que el que manda no oculta con quien convive y Miguel Zerolo ha convivido, en las diversas etapas políticas por las que ha pasado, con casi todos sus adversarios políticos. Conoce a la perfección sus vanidades y sus debilidades, siempre más fuertes que sus propios partidos políticos. Y si no que se lo pregunten a los socialistas, que llevan en su ADN el estigma de Las Teresitas, una playa en el que todas las familias reposan ante un sol de justicia.
Ahora, con un argumento demoledor, el de la crisis y la situación de emergencia que puede vivir la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo aspira a un 'gobierno de concentración' en el que participen todos los partidos políticos. Una jugada propia de la osadía de la qu antes hablaba, pero que en esta ocasión lleva camino de dinamitar internamente la estabilidad de la que ha gozado su Gobierno municipal con el pacto suscrito con Ángel Llanos .
La propuesta de ese gobierno de salvación ha permitido poner en la plaza pública las diferencias internas del Partido Socialista Canario, siempre tentado por el poder. Colocó en su momento en una situación incómoda a los Ciudadanos de Guillermo Güiguo. Ahora la china está en el zapato de Ángel Llanos, muy crecido y con excesivo protagonismo en su partido y en el propio ayuntamiento. El problema de Zerolo es que ha tocado la vanidad de Llanos y ha sentado las bases de la desconfianza de cara al futuro, cuando sabe que no podrá prescindir de él. Llanos está tocado y vigilado por el PP de Tenerife, pero en su organización mantiene la fuerza suficiente para cultivar el desdén. Zerolo debe tener en cuenta que si su 'gobierno de concentración' termina en censura, no es un éxito como sostiene en estos días ante la amenaza.

En primer lugar hay que felicitarse por el hecho de que exista una resolución judicial. Martín y Martín ha sido condenado. Ahora bien, hay que tener en cuenta las circunstancias que rodean los hechos condenados para entender muchas de las cuestiones que no aparecen en el fallo judicial, y que no deben aparecer nunca porque los hechos delictivos poco tienen que ver con la realidad sociopolítica, ni con las pericias que en torno al mundo jurídico-político existen.

El contexto en el que se detectan las conversaciones de Martín y Martín es delicado políticamente. La sentencia determina que el juez Parramón hizo lo que tenía que hacer, pero también es verdad extraprocesal que el juez dudó, hizo consultas y se retraso en tomar las medidas, de tal forma que dejó que los rumores se extendieran como la pólvora justo en el momento en el que se decidía quién sería el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuando, además, era evidente que los socialistas querían y proponían a uno de sus jueces, a Antonio Castro, para la presidencia. Las circunstancias dejaban fuera de juego a Martín y Martín, como dejaron fuera de juego a Fernando de Lorenzo contra el que el Partido Socialista hizo una intensa campaña política para deteriorar su imagen y evitar que renovara en el cargo. Nada de esto debe ser ajeno a los jueces, aunque sí, como he dicho antes, a la realidad procesal y a las sentencias, que deben determinar si un acto es delito o no. Pero hasta en ese aspecto, en este asunto, la actuación judicial siembra las dudas. De hecho los tres jueces que componen la Sala que ha condenado no se han puesto de acuerdo a la hora de valorar los hechos penalmente, lo que dejará siempre en la semiocuridad si la conversación con Wilebaldo Díaz tiene la suficiente fuerza como para condenar al magistrado. La duda la introduce además un magistrado de ascendencia socialista, como Javier Varona, en otro tiempo jefe de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias con Saavedra. Esa duda, como en todo Estado de Derecho, deberá determinarlo finalmente otro tribunal.

Pero existe otra circunstancia política que rodea el caso. A Martín y Martín se le investiga en un momento en el que el PSOE pone en marcha lo que llamó 'operación Manos Blancas' y que no era otra cosa que una ofensiva contra la corrupción política en Canarias antes de las elecciones autonómicas de 2007. El 'caso Martín y Martín' vino muy bien al PSC para señalar cuál era la profundidad de la corrupción en Canarias que alcanzaba al corazón de la Justicia. Ese hecho no debe ser baladí a la hora de valorar este asunto, como digo siempre desde el punto de vista extraprocesal.

Al margen de la calificación penal, lo que si es verdad, y en ello tiene toda la razón la ponencia de Javier Varona, es en que los hecho son reprobables desde el punto de vista ético y profesional. Es verdad que Wilebaldo es un amigo de Martín y Martín, y por eso, con más razón, sabiendo quién era el 'narco' al que, indirectamente, asesoraba, sabiendo que al día siguiente presidía una Sala en la que se vería ese asunto, debió evitar dar consejos de amigos.

A los males internos Saavedra debe añadir la presión del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE). Y es que López Aguilar se juega mucho en Las Palmas de Gran Canaria

Jerónima Saavedra está atrapado entre la ineficacia de su equipo de Gobierno y la presión que sobre él ejerce su partido para que arregle la crisis municipal antes de las Elecciones Europeas. El alcalde ni tan siquiera tiene la opción de irse de vacaciones o ponerse enfermo, y mucho menos de dimitir. Detrás de él no hay nada. No hay nadie con la suficiente capacidad y respaldo político para sustituirle. Y si alguno de sus concejales tiene el arrope del partido para coger las riendas del Ayuntamiento, tendrá a catorce enemigos en su mismo grupo que le harán la vida imposible. Saavedra no puede sacar de donde no hay. Por lo pronto, hasta la remodelación de salvación que le pide su partido está gafada por la ineficacia. Es imposible ejecutarla de inmediato, entre otras cosas porque comienza por el concejal de Hacienda, Rodolfo Espino. Cuatro meses después de lo previsto ha sido incapaz de imponerse y coordinar a sus compañeros para sacar las cuentas. Ahora no debe, ni puede, dejar a medias el presupuesto municipal sin correr el riesgo de colocar a la corporación en septiembre sin la existencia de las cuentas. El resto de concejales afectados por esa remodelación es accesorio para el alcalde, salvo algunas excepciones, como la coordinación general, urbanismo, seguridad y asuntos sociales. El resto, incluida la pléyade de asesores, pinta poco, más bien molestan, lloran como plañideras de ocasión la desgracia de la incomprensión que dicen sufrir y que no es otra cosa que incompetencia.
A los males internos Saavedra debe añadir la presión del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE). Y es que López Aguilar se juega mucho en Las Palmas de Gran Canaria en las Elecciones Europeas a en las que es candidato. Se juega un test político sin precedentes a nivel nacional, pero en Canarias se juega gran parte de su prestigio político y de su empeño personal. Puede perder en la ciudad en la que ganó a Soria, con Saavedra como gran esperanza, y eso es mucho perder. Aguilar se juega perder ante su principal rival político, José Manuel Soria, una posibilidad que mueve mucha pasión, tanta que ni Saavedra la puede resistir.

Algún día alguien tendrá que contar con pelos y señales los verdaderos intereses de parte de la izquierda socialista en Canarias, sus vinculaciones a los grandes negocios del territorio, del turismo o de la construcción, y cómo sus combates ideológicos y su acción política está muchos más cerca de la defensa de esos manejos que de un proyecto político serio para Canarias. Y digo parte del PSC porque no es todo el PSC. Pero a estas alturas, después de dos años de ejercicio del poder, deben reconocer que algunos de los grandes objetivos políticos han sucumbido por las presiones de una parte del aparato del partido y su necesidad de influencia administrativa. Quizás el más destacado fracaso por presión de las facciones, es el de la regeneración del propio PSC impulsada por López Aguilar. Algunos de los asuntos que hoy se dirimen en los juzgados canarios, tienen mucho que ver también con la pérdida de influencia en las grandes decisiones sobre el territorio y con esa estrategia de demolición que arrastra a una parte importante de los socialistas.
Pero lo más doloroso para la izquierda es la gran mentira ideológica tras la que se han escondido intereses económicos particulares. Esa facción del PSC aprovecha la herencia del pensamiento bobalicón progresista, según el cual, siempre será mejor la izquierda siniestra, corrupta, belicista, depredadora y beligerante que cualquier derecha, incluida la democrática y civilizada. Una vez agotados los argumentos, las razones ideológicas y el proyecto político; una vez descubiertos los intereses que han movido la gran mascarada, esa parte de la izquierda, la que quiere sostener la burocracia socialista para mantener su nivel de influencia, ha pasado al insulto, al desprestigio y al ataque personal de los que no apoyan sus proyectos y sus intereses. Ni tan siquiera se preocupan ya de combatir las ideas de los adversarios políticos, en el fondo no es una cuestión de ideologías, sino de negocios.
Una vez descubierto el engaño, muchos de los que no hemos comulgado con ruedas de molinos, nos hemos visto sometidos a insultos, ataques personales y descalificaciones. La estrategia del descrédito. Exactamente la misma estrategia que se ha implantado en todos los órdenes políticos del país desde que el PSOE ha llegado al poder. Porque lo que está aplicando en Canarias la izquierda son las máximas al uso en los manuales de Zapatero: el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo hace malo y desde el poder se puede intervenir para hacer justicia. Ese es el esquema por el que la izquierda asume que ellos son los buenos, los honrados y el resto somos colaboradores de los corruptos. Esa fórmula tan simple pretende engañar a la conciencia y a la inocencia de muchos militantes de izquierda, simpatizantes progresistas y a algunos temerosos de la derecha. De ahí parte la extendida idea de que cuando defendemos la legalidad de los procesos estamos defendiendo a los corruptos; o que cuando defendemos la libertad y la democracia se defiende al facismo. Esos son los principios pírricos que se han impuesto en el PSC y con los que quieren enfrentar la realidad canaria.
Lo que muchos vimos como positivo en López Aguilar fue, precisamente, la posibilidad de un proyecto político al margen de los intereses de los que hablo. Pasado el tiempo, esos intereses confluyen en el PSC, se realimentan y se imponen. Hoy Aguilar, posiblemente, ha defraudado muchas expectativas y su proyecto político también. Se ha quedado en un discurso de demolición, al servicio de esos intereses, sin traducción a la vida real de los canarios.
Otra parte de la izquierda en el PSC asiste complaciente o en silencio a ese intento de implantación de un régimen de miedo en la sociedad canaria, quizás porque adivina que ese es el deseo de quien gobierna, de quien tiene el poder. Quizá por eso López Aguilar triunfa en el Partido Socialista Canario; porque en el fondo, a la izquierda, una vez agotadas las ideas, sólo le queda, asumir el poder para mantener el estatus, ese del que algunos han gozado incluso con el Partido Popular y con CC, cómplices del reparto de algunos negocios en Canarias.
La complacencia y el silencio ante el atropello de las libertades afecta gravemente a la sociedad civil, esa que, organizada reflexiona en silencio sobre cómo pierde espacios de libertad y cómo debe pagar un alto precio para seguir activo, para no verse en el juzgado, en el olvido o en boca de todos insultado y desacreditado.