Comienzan a resultar preocupantes los datos dispersos que aparecen sobre los efectos directos de la crisis económica en el tejido social. Que ciento veinticinco mil personas, sólo en Gran Canaria, demanden alimentos y que los comedores de las distintas instituciones estén desbordados, es un dato que pone de manifiesto que las previsiones sobre los efectos sociales de la crisis comienzan a cumplirse y se espera un empeoramiento a medida que las prestaciones por desempleo se agoten. Ante esta situación no sirven los programas electorales con los que se presentaron a las elecciones los partidos que hoy gobiernan en Canarias; no sirve tampoco la estrategia que diseñó la oposición. Ni tan siquiera sirve lo que hace un año se dijo en el Debate del Estado de la Nacionalidad. La crisis es mucho más profunda y avanza a una velocidad que nos supera a todos. La crisis es la única clave que debe mover ese Debate, y son el diálogo y el consenso los únicos valores que podrán impedir el fracaso de ese encuentro parlamentario.
Paulino Rivero está obligado a alejarse del triunfalismo. Se espera del presidente una síntesis de la acción de gobierno en la que no se esconda la autocrítica. El único gesto valioso de ese encuentro será alguna propuesta que logre el acercamiento de los socialistas. Todos esperamos del presidente del Gobierno la suficiente amplitud de miras para posibilitar ese diálogo, pero también la firmeza necesaria para, en el caso de que el PSC decidiera no acceder al mismo, seguir adelante sin ellos. La situación comienza a ser tan dramática que no espera por quien no quiere aportar nada.
En este contexto hay que esperar que el PSC haga un nuevo análisis de la realidad, reconozca el dramatismo de la situación económica, haga autocrítica profunda de su estrategia y se avenga a consensuar alguna medida. Si los socialistas canarios tuviesen altura de miras, mañana propondrían ese pacto institucional reclamado a gritos por la sociedad canaria.
Un pacto que debe tener dos líneas de actuación. Una que posibilite consensuar las medidas para paliar los efectos de la crisis desde las competencias que tiene el Gobierno de Canarias, junto a las que ya están en marcha y las que Zapatero ha impulsado desde Madrid. Otras, las estructurales, deben ser adoptadas para un cambio en el sistema de producción y caminar hacia una mayor diversificación de la economía canaria. Paulino Rivero ya ha expresado cuáles son los ejes de ese cambio: la reforma del sistema educativo para incidir en la formación de los canarios y en la competitividad; la Ley de Medidas Urgentes, que ya está en el Parlamento; una reforma de la administración pública; la apertura de nuevas vías de comercio con África; etc. Son propuestas concretas, no cerradas, desde las que se puede debatir y sobre las que es deseable un consenso general. Hasta ahora, frente a estas propuestas, el PSC ha puesto sobre la mesa del debate público un plan de obras como el de Zapatero, un plan de austeridad en la administración pública y el cierre de la tele y la radio. Medidas como la modificación del REF o, como apunta José Segura, un simple desarrollo de lo que existe, han sido retiradas posteriormente, preciamente, por tratarse de medidas estructurales. Al margen de la timidez de estas propuestas, algunas claramente provocadoras, Rivero debe pensar en la viabilidad de alguna, sobre todo como prueba de buena voluntad y test que medirá la posición socialista en los próximos meses.
Lo que sí parece claro que no debe pretender el PSC, es gobernar estando en la oposición. En ese caso los socialistas deben plantear una moción de censura después de dotar de contenidos y profundidad política su posición. Una vez concluido (supuestamente) el proceso de cambios en el partido para adaptarlo a la nueva mayoría interna que arrastra López Aguilar, ésta debe ya renunciar a estudiar argumentarios y panfletos y ponerse a elaborar una auténtica alternativa de Gobierno para salir de la crisis, exponer su programa ante la sociedad canaria, en el Parlamento, y someterla a examen.
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