El problema de la policía

De ninguna manera puede estar contento el secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar con la gestión de la policía en las islas. En estos momentos tiene entre sus manos un cuerpo roto por la presión política a la que ha estado sometido durante estos últimos tres años. Por mucho que Aguilar quiera desviar la atención, el hecho significativo es que desde que el PSOE gobierna, cuatro altos cargos de la policía en Canarias han sido represaliados, engañados y arrastrados a los tribunales. La Brigada de Información a la que, extrañamente, se le ha encomendado la tarea de investigar la corrupción en las islas, ha terminado enfrentada y dividida; con la mitad de sus miembros llevados a los juzgado por sus propios jefes. Están imputados por filtrar información; pero sabemos que no eran ellos los que avisaban de las horas de las detenciones y pasaban recortes de los informes. Ninguna policía democrática puede soportar los niveles de crisis en los que está la Jefatura Superior en Canarias.
El comisario Luis Sebastián Montesinos, el policía mejor colocado para asumir la Jefatura Superior de Policía cuando el PP pierde las elecciones en 2004, no sólo no recibe el encargo de dirigir la policía en Canarias, sino que se ve relegado en sus funciones y acosado por la lucha interna. Montesinos, un hombre progresista, es el segundo en el escalafón en la última etapa del PP, pero cuando llega el PSOE lo relega a tareas de segundo orden en la Policía Científica, desde donde, curiosamente, sufre el acoso de las denuncias y sospechas, también por filtraciones. Una publicación digital, habitualmente bien informada por esta policía, adelantaba hace un año, que este alto funcionario tuvo su teléfono pinchado durante un mes sin resultado positivo. Montesinos, cansado de los suyos, recibe la oferta de Jerónimo Saavedra para ser director de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No se lo piensa dos veces. La policía en Canarias pierde a uno de sus mejores comisarios.
Otro de los represaliados, es el comisario provincial de Tenerife, el fallecido ...al que Ortega le declara la guerra puenteando toda su autoridad. Fueron varias las ocasiones en las que intentó quitarlo de en medio, sin conseguirlo. En el caso de Las Teresitas, Narciso Ortega vuelve a desvirtuar las funciones del jefe provincial y prefiere que sea una brigada especialmente diseñada y con agentes de Madrid, la que investigue a Zerolo. No deja tocar nada al comisario provincial, un hombre al que considera de derechas y de la confianza del delegado del Gobierno, el socialista José Segura. Hay que recordar que un asesor del propio Segura, Domingo Medina, no se recató en declarar públicamente la politización a la que Ortega sometió a la policía en Canarias, sin que nadie en el PSC se tirase manos a la cabeza.
El último alto cargo policial que ha sufrido los efectos de la politización, ha sido el comisario Ignacio Badenas, nombrado jefe provincial en Las Palmas y cesado al mes siguiente en medio de una nueva sospecha de purgas internas. Su cese da paso a un vergonzoso cruce de acusaciones entre sindicatos policiales. Badenas, otro de los profesionales más valorados en Canarias, tiene un sambenito: su supuesta vinculación a algunas personas del PP lo colocaban en el puesto equivocado. Era el jefe de la Brigada de Policía Judicial, la que por orden de Madrid se encargaría en adelante de los casos de corrupción. Badenas estaba en un puesto desde el que, con su profesionalidad, incomodaba las costumbres de la casa a la hora de abordar los temas de corrupción. Badenas, instructor del 'caso Eólico', no era el hombre adecuado para las formas en las que ahora se investiga. En una extraña maniobra se le nombra jefe provincial y se saca a concurso su plaza de jefe de la Policía Judicial. Cuando ésta ya está ocupada por alguien de confianza, un miembro del SUP, (el sindicato más próximo al PSOE), se le cesa como jefe provincial y se ve obligado a volver a la única plaza que queda libre: la destrozada Brigada de Información, en la que no quedan hombres, ni moral, ni casos que investigar. Hay que tener en cuenta que de los 11 miembros de la Brigada, cinco están denunciados por presuntos delitos de revelación de secretos.
¿Es aceptable que una policía democrática sufra esta cadena de despropósitos? Algo se ha hecho mal en Canarias, y no se quiere ni se tiene intención, de reconducirlo. La situación es "normal" para el PSC. Siempre son "despechados", "acusados" e "imputados" sin credibilidad los que denuncian este estado de cosas. Policías, Judicatura, prensa y sociedad civil avisaron a los socialistas de lo que estaba pasando. Se les llamó para que pusieran remedio a la situación de la policía en Canarias, pero éstos siguen sin querer entrar en el fondo del asunto y evaluar los graves efectos que provoca la instrumentalización que el Cuerpo Nacional de Policía ha sufrido en estos últimos años.