Mañana, por primera vez en mucho tiempo, el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) se sienta con Paulino Rivero para negociar la reforma del REF. Iniciativa que sostuvo Blas Trujillo y que el Gobierno acogió con satisfacción, quedando abortada por la intervención del propio López Aguilar, que la mandó a parar. El simple anuncio de esa reunión, surgida del seno del nuevo equipo socialista, tendría ser un paso muy positivo ante el deterioro democrático que sufren las relaciones entre poderes en la comunidad Canaria. Y lo sería si el presidente del Gobierno logra centrar en las medidas contra la crisis económica las conversaciones con los socialistas; y si se llegase también a algún tipo de acuerdo sobre la reforma del REF y se plasmase en una rueda de prensa conjunta que tranquilizara a los canarios.
Pero mucho me temo que esta reunión no sirva para nada. Manuel Marcos, última voz autorizada en el PSC, anunció con qué propuestas irá a esa reunión, qué resultados obtendrá y qué dirá en la rueda de prensa posterior. Tal y como viene planteado el encuentro por parte de los socialistas, la crisis y la reforma del REF es la excusa. Hablarán de corrupción, no de economía. Ni tan siquiera las medidas económicas que adelantan, están encaminadas al diálogo, sino a marcar las diferencias con el Gobierno regional: menos dinero para la tele pública; no a la policía canaria; un plan municipal como el de Zapatero; menos gastos corrientes y más dinero para empleo. Pero la medida estrella, es hablar de la corrupción. Irán a pedir explicaciones a Paulino Rivero. Le exigirán que muestre respeto a policías, a jueces y fiscales.
¿Qué tiene que ver la posición de Paulino Rivero respecto a la actuación de policías, jueces y fiscales con la crisis económica? Tal petición, en medio de un debate sobre medidas para la crisis, revela la estrategia socialista y su incomodidad a la respuesta de CC y PP. No están incómodos con el ataque a los jueces y fiscales, como nos dicen un día sí y otro también; no les interesa el buen funcionamiento del Estado de Derecho, sólo les molesta la acusación directa que hace el socio de Gobierno de Rivero de que sus líderes están detrás de determinadas actuaciones contra la corrupción y de que Aguilar debe responder a algunos interrogantes.
El contenido de sus propuestas para la reunión, revelado por Manuel Marcos, pone en evidencia que no va a cambiar nada en la política de oposición del PSC y que no piensan hacer nada con el actual Gobierno para superar la crisis. Se sienten cómodos en la crispación, en la judicialización de la vida pública canaria y en su colapso. Quieren este espectáculo. Saben, como Rajoy, que son los gobiernos los que pagan las facturas de una crisis y que sólo hay que empujar en esa dirección.
La judicialización y la criminalización preventiva, ha dado buenos resultados al PSC. Una estrategia ésta que marca el rumbo hasta después del archivo de las causas judiciales. Los ideólogos y profesores universitarios de derecho del PSC, rechazan el resultado de los procesos. Aunque un juez archive una causa, siempre habrá delito, malicia y sospecha en las actuaciones de los imputados, que, además, «siempre mienten». Su único escollo en esa estrategia es la acusación directa de que son ellos los que están detrás utilizando políticamente las palancas del poder.
Para desgracia de la salud democrática, los grandes y pequeños asuntos de esta comunidad autónoma, están en manos de los jueces. La política canaria y la gestión administrativa, se ha trasladado de las instituciones públicas, al foro judicial. Pero que no piensen los jueces que esos asuntos están ahí, en sus juzgados, por salud democrática. Están, en gran medida, porque aún sigue teniendo relevancia en la opinión pública, lo deciden y dicen.
En el deterioro democrático que sufrimos, los políticos son los primeros afectados en su prestigio, pero cada día es más patente el deterioro de la imagen de la Justicia y el cuestionamiento de sus actuaciones. Que no crea la Justicia, que los políticos quieren que los jueces gobiernen con sabiduría y justicia en este país; sólo quieren que les ayuden a llegar al poder, y después ya se verá.
Archivos Febrero 2009
La petición del abogado del Estado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que la asociación ecologista Ben Magec se retrate y ponga sobre la mesa 31 millones de euros como fianza cautelar ante una posible suspensión de las obras del Puerto de Granadilla es una exageración, pero no deja de ser una llamada de atención a los ecologistas. Las alegrías idealistas no deben salir gratis a una minoría, ni muy caras a la mayoría, para los ciudadanos. Ben Magec ha jugado en el terreno judicial sin excesivo coste económico y con mucha rentabilidad para la causa verde. Ha influido el respeto que imponen las asociaciones ecologistas desde el poder que ejercen en la explotación del sentimiento de culpa que se ha instalado en la sociedad con el ecosistema y los errores ya inexcusables la administración.
Ben Magec se ha rodeado de una protección, casi divina, que el abogado del Estado trata de romper ante los tribunales exigiendo una fianza cautelar para cubrir los graves perjuicios que ocasionaría a todos los canarios la suspensión de una obra de 380 millones de euros en un momento de crisis en la que las inversiones públicas se hacen absolutamente necesarias. No creo que prospere tal petición, aunque los magistrados se enfrentarán a dar valor a los perjuicios irreparables que pueda ocasionar la suspensión, que en este caso el Estado y el Gobierno de Canarias sitúan en los 35 millones de euros que se pierden de la Unión Europea. Mientras los tribunales ajustan la legalidad, los ciudadanos nos enfrentamos a un dilema que se resuelve a lo bruto: o un jardín de césped bajo el mar o millones para crear empleo. Un dilema que nunca debió existir, porque, mucho me temo, que el Gobierno de Canarias no ha sido diligentes a la hora de tramitar el expediente medioambiental. Un fallo que se repite en el seno de la comunidad autónoma a la hora de tejer los complicados expedientes que deben valorar y que al final, con mucha prisa, resuelven a base de parches.
De ninguna manera puede estar contento el secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar con la gestión de la policía en las islas. En estos momentos tiene entre sus manos un cuerpo roto por la presión política a la que ha estado sometido durante estos últimos tres años. Por mucho que Aguilar quiera desviar la atención, el hecho significativo es que desde que el PSOE gobierna, cuatro altos cargos de la policía en Canarias han sido represaliados, engañados y arrastrados a los tribunales. La Brigada de Información a la que, extrañamente, se le ha encomendado la tarea de investigar la corrupción en las islas, ha terminado enfrentada y dividida; con la mitad de sus miembros llevados a los juzgado por sus propios jefes. Están imputados por filtrar información; pero sabemos que no eran ellos los que avisaban de las horas de las detenciones y pasaban recortes de los informes. Ninguna policía democrática puede soportar los niveles de crisis en los que está la Jefatura Superior en Canarias.
El comisario Luis Sebastián Montesinos, el policía mejor colocado para asumir la Jefatura Superior de Policía cuando el PP pierde las elecciones en 2004, no sólo no recibe el encargo de dirigir la policía en Canarias, sino que se ve relegado en sus funciones y acosado por la lucha interna. Montesinos, un hombre progresista, es el segundo en el escalafón en la última etapa del PP, pero cuando llega el PSOE lo relega a tareas de segundo orden en la Policía Científica, desde donde, curiosamente, sufre el acoso de las denuncias y sospechas, también por filtraciones. Una publicación digital, habitualmente bien informada por esta policía, adelantaba hace un año, que este alto funcionario tuvo su teléfono pinchado durante un mes sin resultado positivo. Montesinos, cansado de los suyos, recibe la oferta de Jerónimo Saavedra para ser director de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No se lo piensa dos veces. La policía en Canarias pierde a uno de sus mejores comisarios.
Otro de los represaliados, es el comisario provincial de Tenerife, el fallecido ...al que Ortega le declara la guerra puenteando toda su autoridad. Fueron varias las ocasiones en las que intentó quitarlo de en medio, sin conseguirlo. En el caso de Las Teresitas, Narciso Ortega vuelve a desvirtuar las funciones del jefe provincial y prefiere que sea una brigada especialmente diseñada y con agentes de Madrid, la que investigue a Zerolo. No deja tocar nada al comisario provincial, un hombre al que considera de derechas y de la confianza del delegado del Gobierno, el socialista José Segura. Hay que recordar que un asesor del propio Segura, Domingo Medina, no se recató en declarar públicamente la politización a la que Ortega sometió a la policía en Canarias, sin que nadie en el PSC se tirase manos a la cabeza.
El último alto cargo policial que ha sufrido los efectos de la politización, ha sido el comisario Ignacio Badenas, nombrado jefe provincial en Las Palmas y cesado al mes siguiente en medio de una nueva sospecha de purgas internas. Su cese da paso a un vergonzoso cruce de acusaciones entre sindicatos policiales. Badenas, otro de los profesionales más valorados en Canarias, tiene un sambenito: su supuesta vinculación a algunas personas del PP lo colocaban en el puesto equivocado. Era el jefe de la Brigada de Policía Judicial, la que por orden de Madrid se encargaría en adelante de los casos de corrupción. Badenas estaba en un puesto desde el que, con su profesionalidad, incomodaba las costumbres de la casa a la hora de abordar los temas de corrupción. Badenas, instructor del 'caso Eólico', no era el hombre adecuado para las formas en las que ahora se investiga. En una extraña maniobra se le nombra jefe provincial y se saca a concurso su plaza de jefe de la Policía Judicial. Cuando ésta ya está ocupada por alguien de confianza, un miembro del SUP, (el sindicato más próximo al PSOE), se le cesa como jefe provincial y se ve obligado a volver a la única plaza que queda libre: la destrozada Brigada de Información, en la que no quedan hombres, ni moral, ni casos que investigar. Hay que tener en cuenta que de los 11 miembros de la Brigada, cinco están denunciados por presuntos delitos de revelación de secretos.
¿Es aceptable que una policía democrática sufra esta cadena de despropósitos? Algo se ha hecho mal en Canarias, y no se quiere ni se tiene intención, de reconducirlo. La situación es "normal" para el PSC. Siempre son "despechados", "acusados" e "imputados" sin credibilidad los que denuncian este estado de cosas. Policías, Judicatura, prensa y sociedad civil avisaron a los socialistas de lo que estaba pasando. Se les llamó para que pusieran remedio a la situación de la policía en Canarias, pero éstos siguen sin querer entrar en el fondo del asunto y evaluar los graves efectos que provoca la instrumentalización que el Cuerpo Nacional de Policía ha sufrido en estos últimos años.
Tanto ha molestado en el ámbito socialista el comunicado del Círculo de Empresarios de Las Palmas que han puesto todos los cañones contra el grupo y han movido cielo y tierra para que todos, incluidos los sagrados fiscales independientes, se retraten en el asunto. Quien no se mueva no sale en la foto, han advertido los socialistas a sus engranajes en la Judicatura y en el mundo empresarial. Primero tardaron de ponen en jaque a los empresarios, comenzado por el presidente de la patronal, Sebastián Grisaleña, quien habló por la mañana y por la tarde calló, no sé después de qué llamadas. Después fueron los fiscales. Les tocó a los técnicos, que se vieron obligados a recurrir al lenguaje jurídico, a la precisión y a la exactitud para desmentir lo que el Círculo no dice en su comunicado y para salvarse del naufragio. El lenguaje jurídico permite desconectar de la realidad, aunque es un torpedo en manos de los que lo interpretan, en este caso nosotros, los plumillas. Como la cosa no se tomó en serio por aquello de la falta de convencimiento se dio un paso más y habló el fiscal jefe, al que acusan de estar al servicio del PP (José Manuel Soria avaló su nombramiento) cuando pide el archivo de la causa contra el ex presiente del gobierno Adán Martín, pero al que consideran un señor cuando habla defendiendo a las tesis del PSOE. ¡Ha hablado el fiscal!, gritan, como si hubiese dictado una sentencia demoledora. Vicente Garrido, dentro del límite del lenguaje jurídico, vino a decir lo mismo pero con una añadido político: los empresarios no saben mucho derecho. Los fiscales, a fin cuentas están para lo que están. Como la voz del fiscal de turno no es tampoco suficiente hay que buscar a los empresarios que, aún no dando la cara, para eso están otros, dinamiten el Círculo desde dentro. Y en eso estamos, en poner en crisis a los empresarios y atemorizarlos, precisamente lo que el Círculo denuncia en su comunicado.
El Gobierno acudió ayer a sus habituales representaciones teatrales, lo que en esta ocasión con los actores más caros de España. La foto que se dejaron hacer los banqueros es patética, pero refleja muy bien el escenario en el que estamos. Los banqueros acudieron a La Moncloa en el mes de octubre como invitados a un café. Allí estaban en un ambiente distendido, a gusto. ¿De qué hablaron? ¿Pidieron los créditos al Estado? ¿Se comprometieron a dar más créditos a las familias y a las empresas? ¿o esta propuesta fue el encaje público que encontró Zapatero para justificar los 50.000 millones en créditos? Lo cierto es que nada de esto se aclaró, por parte de los banqueros. Meses después, a la mayoría de los ciudadanos se nos hace incomprensible que la gran crisis que padecemos esté centrada en los bancos, que se les inyecte dinero público y que hayan seguido ganando dinero a espuertas. Igualmente es inexplicable que sigan sin prestar ese dinero a las familias y a las empresas para reactivar la economía. Parece que ha ocurrido todo lo contrario a lo anunciado por el Gobierno. Los bancos no se fían de la solvencia de los clientes. No se fían ni de las garantías de fondos ICO. No han aplicado las medidas aprobadas por el gobierno para suavizar los intereses de los créditos hipotecarios. Las bajadas de Euríbor no se aplican en tiempo. Aplican márgenes de beneficios mucho más altos en los préstamos que conceden. Han elevado todas las comisiones de esos créditos y tampoco se han bajado los sueldos sus altos ejecutivos; pero sí han despedido a muchos empleados y han cerrado muchas oficinas.
Zapatero, que sabe que esta es la realidad que percibe la opinión pública, puso a los banqueros en el ojo de mira y ayer montó otro escenario muy distinto: el de un sobrio tribunal para juzgar a los banqueros por no dar créditos y hacerse más ricos. Los baqueros, que se lo olieron, montaron una ofensiva para dejar constancia de hacia dónde apuntar cuando se habla de responsabilidades ante la crisis. Dijeron, más o menos, que ellos hacen lo que saben: rentabilizar los depósitos de sus clientes y revalorizar las inversiones de sus accionistas. Dijeron que el Gobierno no supo abordar la crisis y dijeron que gracias a los bancos la crisis, en España, no va a más. ¿Se habían comprometido a dar más créditos? ¿Se han comprometido ahora? A juzgar por la reacción del Gobierno y por lo dicho por los banqueros hay que pensar que no, que nunca ha sido una condición pactada.
