Tebeto II

En la estartegia de tensión y cripación que sostienen los socialistas el mal llamado 'caso Tebeto' llega al Parlamento de Canarias en forma de comisión de investigación que nadie, ni los propios socialistas, salvo Juan Fernando López Aguilar, quiere. Me consta que hasta los más radicales dentro del PSC, incluso aquellos que recibieron el encargo directo del secretario general de armar barullo con este tema, no lo secundan. Se han empleado a fondo en su estudio y han llegado a la conclusión de que lo único que se puede deducir del expediente es una gran ineptitud por parte de las distintas administraciones que han intervenido en el asunto desde 1982. Los más osados en el PSC piensan que la única posible y remota responsabilidad política que ronde algún presunto delito es que Luis Soria diese la orden a los Servicios Jurídicos del Gobierno de que trabajasen para que lo ganase la empresa Cabo Verde en una decisión 'contra natura política'. Esta hipótesis no se atreven a plantearla ni en privado, sabiendo que los Servicios Jurídicos del Gobierno podrán trabajar por encargo del Gobierno, ser proesionalmente negligentes (que lo son) pero nunca cometer un delito. De hecho, muchos dirigentes socialistas se quedan al margen del asunto cuando son preguntados, aunque el jueves voten en tropel a toque de campana.
Entrando en contenidos, Paquita Luego quiere una comisión de investigación pero muy particular. De un tema cuya gestión administrativa comenzó a gestarse hace 26 años, sólo quiere investigar el año 1996. Tanto descaro en apuntar responsabilidades a los Soria sonroja al más honrado entre los sinvergüenzas. No alcanzo a entender si lo que quieren, como pregonan, es el esclarecimiento de la verdad y la reposición en justicia de los daños causados a las arcas públicas, o sólo hacer daño político de forma indiscriminada. Si se investiga que se investigue todo según dicta el sentido de la justicia y la proporción. Pero el PSC sabe que si investiga lo que ocurrió 1993, a lo mejor, se encuentra con una comisión de investigación que recrimina su actuación en el caso. Hay que recordar que en esas fechas la Consejería de Industria estaba el fallecido Andrés Calvo y la secretaria general técnica era Paquita Luengo, los dos firmantes de la nueva licencia a Canterías Arucas, sin antes firmar la caducidad de la licencia de investigación otorgada previamente a Cabo Verde. Esa actuación es el origen de todos los pleitos y ese el nudo jurídico en el que se centraron los tribunales de justicia. EL PSC sabe que a partir de aquí Industria hizo lo que dictaminó la Justicia, y lo hizo a regañadientes porque los intereses del PP no coincidían con a lo que dictaminaron los tribunales.
Por ello, cuando los tribunales han determinado la responsabilidad en este caso y señala pormenorizadamente dónde han estado los errores sólo queda ponerles nombres y apellidos desde 1983 hasta hoy, y a lo mejor para eso no hace falta una comisión de investigación y ocupar al Parlamento en cuestiones resueltas en otras vías.
Tebeto es es otro tremendo error de López Aguilar y de la propia diputada Paquita Luengo que en este caso hace de arriera. Todo el PSOE lo sabe, pero valoran mucho más la carajera contra el Gobierno que la propia responsabilidad política de poner cada cosa en su lugar. La irresponsabilidad con lo público es el grave problema del PSC y lo que le está costando la credibilidad. Cuando prometieron una regeneración de la vida política canaria y de lucha contra la corrupción estaban hablando de algo distinto al sano ejercicio democrático en que todos creímos. Sus intenciones eran exclusivamente de oportunidad política. Un caso de corrupción funcionó bien en la prensa y el discurso se acoplaba perfectamente a los deseos de cambio que albergaban muchos canarios. Se dieron cuenta de que la 'experiencia piloto' era explotable y lograron un buen resultado en las elecciones; un resultado por el que muchos nos felicitamos. Hoy, la gratuidad en el uso de la 'estrategia de la sospecha' y de los tribunales de justicia ha puesto en jaque a muchas instituciones, incluidas las encargadas de las investigaciones, ha hecho un daño irreparable a la imagen exterior de Canarias, ha puesto en peligro miles de puestos de trabajo y se han desilusionado a la sociedad civil.
Meses después muchos cargos en el PSOE quieren parar, entre otras cosas porque el sistema funciona y termina expulsando a quien lo utiliza de forma torticera. Pero además saben que comienza a hacer aguas la credibilidad porpia y la de quiénes se prestan, desde distintas instancias profesionales y administrativas, a enjuagues políticos partidistas. Muchos socialistas temen pagar la factura de la crispación gratuita en las elecciones. En credibilidad ya la han pagado en las innumerables contradicciones éticas e ideológicas de los que han convencido a miles de personas de buena fe de que su conducta es intachable y sólo es una pose.