Desproporción y arbitrariedad

El día en el que la Brigada de Información de la Policía detuvo en el Aeropuerto de Gran Canaria al empresario gran canario Santiago Santana Cazorla, se cometió un irreparable error y una tremenda injusticia. Dije en aquel momento que existía una enorme desproporción entre la detención, su estancia durante tres días en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, las medidas cautelares adoptadas por el juez y los hechos por los que se le acusaba. A la luz del resultado de la investigación judicial, hoy tengo que añadir que se trató de una detención arbitraria. No existía ninguna razón que justificase tal detención y su posterior exhibición ante los medios de comunicación como un trofeo de la lucha contra la corrupción en Canarias. La Jefatura de la Policía, dirigida por Narciso Ortega, puso la investigación en manos de una brigada cuyas tareas nada tienen que ver con la investigación judicial y quiso entender, de unas conversaciones grabadas, que el empresario pagaba a miembros del Gobierno de Adán Martín para conseguir más camas turísticas para Anfi Tauro. En una atropellada e improvisada investigación, la policía quiso poner ante los tribunales de Justicia al propio presidente del Gobierno, a un consejero de ese gobierno y a su jefe de gabinete por puras presunciones más propias del chismorreo, de la rumorología y con un interés político más allá que el encomendado por la ley en un estado de derecho. El sobreseimiento de una parte de la causa, la más importante para una policía excesivamente dedicada a la política, no sólo confirma la desproporción, sino me permite afirmar que se trató de una detención arbitraria e injustificada, cuya responsabilidad es única y exclusiva de los investigadores y no del juez. La nueva jefa superior de Policía de Canarias, Concepción de Vega, se equivoca al derivar hacia el juez, Alexis Reyes Negrín, la responsabilidad de la detención del empresario Santana Cazorla, como muy bien dejó sentado en dos autos el propio juez a requerimiento del empresario. Santana Cazorla ve ahora justificada ampliamente la posibilidad de exigir responsabilidades, como debe hacer por el bien de la sociedad canaria y para evitar las tentaciones que ahora mismo alberga el corazón de algunos mandos profesionales y políticos.