Archivos Enero 2009

El Círculo de Empresarios de Las Palmas hizo público ayer un duro comunicado en el que recrimina las actuaciones de la policía y los fiscales, en relación a las detenciones desproporcionadas en el marco de las operaciones anticorrupción. El Círculo va más allá para criticar el hecho de que una vez archivadas las denuncias se sigue filtrando información maliciosamente a los medios de comunicación con la única intención de condenar públicamente lo que la justicia no ha condenado.

Al respecto el 25 de enero escribía en mi sección 'La Arista' lo siguiente:

Deben tener en cuenta los socialistas que la política de la sospecha, del miedo y de la crispación sólo ha generado desconfianza en los ciudadanos y una brecha en la convivencia política en Canarias. El discurso de la regeneración ha concluido en una serie de acontecimientos, cuyo alcance muchos no logramos llegar a ver, bien por estar ocultos detrás de un discurso ideológico muy atractivo, por estar amparado en instituciones del Estado o por el miedo que inspiraba la espiral de acontecimientos inexplicables que vivimos desde 2006. Todo el que tenía poder o influencia en esta región temió verse envuelto en investigaciones policiales y judiciales. Aún pervive la psicosis que provocó la posibilidad de ser escuchado en una intervención telefónica; pervive la inseguridad y el secretismo. Aún existe el miedo a ser incluido en las largas listas de presuntos corruptos que se elaboraban en las mesas de algunos restaurantes de moda en la ciudad y terminaban en la mesa del algún despacho de fiscal, del juez o de un periodista. Algún día habrá que contar con detalle cómo se gestó la estrategia de Aguilar para Canarias, cómo evolucionó y quienes fueron sus colaboradores. Aquí sólo basta recordar que la escalada del miedo comenzó con el 'caso eólico' y tuvo su momento más álgido en la detención de Santana Cazorla y la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de las escuchas entre el empresario y el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín. La escalada de filtraciones a la prensa y la tensión política y social que generó la investigación, impulsó un auto inmediato de archivo y una seria advertencia a los jueces sobre el material que llegaba a sus mesas. Las investigaciones políticas, como en las mejores épocas de la dictadura, se pusieron en manos de la Brigada de Información de la Policía, apartando de las mismas a la Brigada de Policía Judicial. Las escuchas se convirtieron en el eje de todas las investigaciones y a los despachos del juez llegaban informes impregnados de sospechas y de intencionalidad. El archivo inmediato de las diligencias actuó como bálsamo y abrió una crisis en la policía que aún continua abierta en varios procesos judiciales, algunos impulsados por la propia Jefatura Superior para encubrir las filtraciones.
La acción policial quedó socavada y los periodos electorales permitieron apaciguar los ánimos, dejando la corrupción aparcada y a las instituciones al margen de la contienda. Sólo el sector más radical del Partido Socialista Canario sostuvo la estrategia, pero se hacia insostenible con los resultados obtenidos, la desconfianza generada y el desprestigio de la policía. El 'caso del salmón', una vieja investigación aparcada en un cajón, reaparece para mantener viva la estrategia y llegar, a través de la denuncia, otra vez al corazón del Gobierno y al del Partido Popular. 'El salmón' aparece como último y desesperado intento de un sector del Partido Socialista por cambiar el rumbo de la región demostrando que la tesis de la que se partía era cierta: que existe la corrupción en los partidos políticos que dominan en Canarias y que deben ser castigados en las urnas.
Se equivoca el PSC si apuesta a esta única carta, la de la sospecha y la del miedo. Los resultados obtenidos hasta el momento sólo han puesto de manifiesto que el sistema no puede ser asaltado y utilizado de esta manera. El sistema de derechos funciona a la perfección y ha dejado al descubierto esta peligrosa estrategia. Sólo bastará otro fracaso para que el miedo se disipe por completo y se recupere la confianza plena en las relaciones políticas, en las relaciones institucionales y hasta en las económicas, porque la crisis no permite juegos políticos irresponsables, instituciones enfrascadas en los escándalos, y, mucho menos, el juego sucio.

El comunicado del Círculo, el más prestigioso foro de empresarios de Canarias ratifica que somos muchos los que hacemos el mismo análisis de la realidad canaria en estos últimos años y las condiciones, hoy, son las más propicias para ir poniendo las cosas en su sitio, para superar el miedo en el que la sociedad civil ha estado sumida en esta triste etapa.

Paulino Rivero se mueve últimamente entre un tono vital bajo y las sacudidas políticas momentáneas. Como dice un amigo común: «sabemos que nada, pero por debajo del agua porque sólo lo vemos cuando respira». Quizás no es mala estrategia, pero la tragedia que se respira requiere una mayor y más continua sensación de seguridad e iniciativa. Su Gobierno navega por la mismo senda. La mayoría de sus consejeros no se les ve librando batallas políticas, salvo a su vicepresidente, José Manuel Soria, al que el PSC quiere hundir a costa de lo que sea sin caer en la cuenta de que lo ha resucitado y lo mantienen con más vida que nunca. El gobierno no está valorando que los grandes temas de gran repercusión social, crisis económica y paro, no repercute seriamente en su imagen. Hay un Gobierno al que la oposición no logra meter el dedo en el ojo. El Partido Socialista Canario se lo pone fácil. No encuentra el gran tema, el agujero en el que meter al Gobierno de Rivero. La desesperación por hacer mella en el pacto lo lleva a cometer errores graves, al margen de la disparatada política de encerrona y crispación en la que ya pocos creen, (diría que ni ellos mismos, teledirigidos por Aguilar desde el móvil incitándoles a dar caña en pleno curso de las discusiones parlamentarias). Pedir la dimisión de Soria para hablar del paro y de la crisis es la mayor estupidez política que se ha oído en mucho tiempo, sobre todo porque lo hacen sabiendo que no supone ningún desgaste. Ayuda también a Rivero el hecho de que la opinión pública canaria sigue colocando en Zapatero las grandes responsabilidades. Es este otro de los puntos débiles de los socialistas y es aquí donde el gobierno de Rivero saca pecho. Se le nota que le enerva la enorme distancia entre la realidad y el discurso político que quiere imponer el PSC y no se le escapa la incapacidad para la credibilidad. Pero es en el día a día donde el Gobierno aparece plano, centrado en la estrategia de la venta de la acción, los planes y las réplicas a polémicas baratas cuando es en el paro y la crisis donde está la iniciativa, donde los ciudadanos esperan que quien sea responsable responda, y Rivero gana en responsabilidad por goleada.

Nadie, salvo la defensa del propio empresario Santiago Santana Cazorla, ha dicho que su detención fuese ilegal. La policía actúa cuando valora la existencia de la comisión de un delito y eso es lo que dice el juez instructor y la Audiencia Provincial al respecto, y lo dicen desde el punto de vista legal. En el caso de Santana Cazorla existía la sospecha de que portaba en su maleta dinero ara entregar al consejero de Política Territorial a cambio del favor de tramitar y llevar al Parlamento un aumento del número de camas para el proyecto de Anfi Tauro. Donde se ha situando el reproche, que yo sostengo, es que la detención fue desproporcionada por múltiples razones. La policía sobreactuó llevando la legalidad al límite. No permitió al juez dirigir la investigación, cuando el proceso de instrucción ya estaba en marcha y podía ser valorado judicialmente, como suele ocurrir en la mayoría de los casos. Sobreactuó prolongando la detención el máximo legal establecido y sobreactuó filtrando e intoxicando a la opinión pública con informaciones que afectaban al corazón mismo del poder del Estado en Canarias, representado por el presidente de la Comunidad Autónoma. A los hechos me remito. La misma fiscal anticorrupción, a la que tantas flores se le echa por su querella en el 'caso Las Tertesitas', pidió el archivo de esta parte de la causa, la más importante desde el punto de vista político, y así lo ha visto un juez que ha archivado la causa. La misma acusación al presidente del Gobierno de Canarias fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que llegó a calificar de «temeraria» la actuación del juez al remitir unas conversaciones insustanciales a la Sala. Porque, para satisfacción policial, quien debió valorar las circunstancias del caso fue el juez. Y es que en ese caso las detenciones y las formas en las que se practicaron dejaron mucho que desear porque el único fin que se perseguía era hacer daño político y a la imagen y no proporcionar a la Justicia pruebas contundentes sobre los hechos que se denunciaban. Y en la propia policía consta la incomodidad que supuso para alguno de sus máximos jefes, asistir y acatar el espectáculo.

El mundo comienza a cambiar. Desde ayer España ya no es 'anti yankee. El 'go home' se acabó para la izquierda. Por fin América es un país amigo. A Zapatero se le acabó una de las grandes excusas ideológicas. Después de lo visto en TVE, me han convencido plenamente: me sumo a las tesis del imperio. Por fin Zapatero acabó con otro de los lastres fanquistas arrastrados por la izquierda. Respiro tranquilo y le robo a Arcadi Espada una recopilación que le envía un lector.

Algo de lo que compramos. Como nota más lúdica, le adjunto varios ejemplos de culto obamita que
a mí personalmente me sonrojan:

1. La campaña de Pepsi Cola, felicitando al nuevo presidente e
invitando a todos a enviarle vídeos con ideas para "Refrescar nuestro
país"

2. La bebida Orange Cola de Jones Soda, otra empresa de refrescos:

3. La inclusión del cartel de campaña de Obama en la exposición
permanente de la National Portrait Gallery de Whasington,

4. La petición de que se derogue la 22ª enmienda de la constitución
que limita a dos manadatos las presidencias.

5. La publicación de un número especial del cómic Spiderman dedicado a
Obama.

6. Las imágenes que presentan a Obama bajo la imagen de un Mesías.

7. La petición de que se establezca una Fiesta Nacional en honor del
presidente Obama.

8. La difusión en prensa supuestamente profesional de los garabatos
que pinta Obama en las reuniones, y su presentación como muestra de
"inteligencia".

9. El Colegio público de Long Island que cambia de nombre y pasa a
llamarse Barack Obama Elementary.

Los ritos son necesarios", dice el zorro al principito en el universal texto de Antoine de Saint-Exupéry. "hubiese sido mejor -dijo el zorro- que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejempló, a las cuatro de la tarde; desde las tres yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto, descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón..." Debo reconocer que me gustan los ritos, y el que hoy se celebra en Washington, de toma de posisión de Barack Obama como primer presidente negro de la historia del imperio más poderoso del la tierra, es uno de esos actos de poder que sobrecogen sea quien sea el presidente. Pero al margen del simbolismo propio de las ceremonias en la institución del presidente de los Estados Unidos, en esta ocasión hay un plus casi espiritual. Obama concentra en sí mismo una especie de liderazgo mundial y es símbolo de la esperanza de millones de personas en todo el mundo que le han otorgado el poder, casi divino, de cambiar el rumbo de la historia. Los ritos, según la antropología religiosa, tienen el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos, son símbolos poderosos, activos, como los sacramentos, como explica la vieja teología tridentina. Millones de creyentes fijarán hoy sus ojos en el hombre que puede hacer algo por sus vidas y por el mundo y ese acto será considerado un bautismo, una autorización colectiva para que la esperanza se encarne, use el poder y cambie el mundo. Cada gesto de Obama y cada palabra han estado religiosamente calculadas para mantener esa sacralidad que lo convierten en una especie de dios. Demasiado peso para un hombre solo y nada más lejos de la realidad. Obama es una esperanza que tiene que enfrentarse al mundo real del poder, ese del que procede y al que se debe, aunque no pierde nada el que cree; es más, gana en salud mental, en el deseo de justicia y en el camino a la utopia. Para los tiempos que corren es mucho más que la nada.

Siempre me he preguntado cómo es posible que un empresario sensato quiera invertir en una empresa ruinosa, con una carga de personal insoportable y con una deuda cercana a los 30 millones de euros y en la que se le dice que no va a mandar. Esa es la descripción exacta de lo que está pasando en el proceso de privatización de Guaguas Municipales. No creo en el altruismo empresarial, y mucho menos en la solidaridad de los socialistas. ¿Dónde está el negocio? Pues tan simple como que la pretensión del equipo de Gobierno socialista es que sea el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Estado los que pongan el dinero para poner a cero las cuentas y comenzar una nueva etapa entregando la empresa a la gestión privada en un modelo aún por definir. Ese, es también el principio de los problemas de Román Rodríguez -y lo eran de José Miguel Pérez-, porque también existen claras diferencias en torno a cómo y con quién organizar el transporte público de viajeros en la isla de Gran Canaria.
Por lo pronto, la privatización de Guaguas Municipales tiene todos los ingredientes necesarios para levantar más de una sospecha. Este está siendo un proceso poco transparente y lleno de trampas, incluida la lingüística. Al alcalde le molesta que se denomine 'privatización', con la promesa-excusa de que seguirá siendo pública con el control del 51%; una incomodidad esta que tiene más que ver con las contradicciones y con la opacidad que con el proceso en sí mismo. La falta de transparencia induce a más sospechas que el propio Saavedra alimenta, y no creo que por ignorancia, sino más bien para que las cosas «suenen». Y suena a trampa un acuerdo plenario para defender el status público de la empresa y mientras se entretiene a los trabjadores se siga trabajando intensamente en la venta de acciones. ¿O no suena también desafinado que existan franceses vinculados a Bouygues que están dispuestos a invertir en Guaguas? La memoria no es frágil, afortunadamente, y los acontecimientos relacionados con los franceses, los viajes a París, la adjudicación de Emalsa y la sentecia que la anula, siguen vivos en la memoria colectiva. Son los mismos que estaban y que están.
La aspiración de Global a acceder a Guaguas es razonable y puede ser legítima. Es la empresa que lidera la insularización del transporte, pero su puesta en escena presentándose voluntariamente a invertir en tan oscuro proceso es altamente significativa, sobre todo porque habría que poner serios reparos a las aspiraciones monopolisticas, una impronta que fue cuestionada a Global en más de una ocasión en su proceso de fusión. Y es que en este asunto el quién también juega en el capítulo de reparos a las aspiraciones hechas públicas. De hecho, algunos sectores socialistas, y una importante parte de Nueva Canarias, no ven con buenos ojos la vinculación histórica de la empresa insular al viejo socialismo, el mismo que pasó por La Caja y el que de nuevo intentó llegar, hace menos de un mes, aspirando a la presidencia a través de la controvertida figura del empresario Francisco Henríquez. De modo significado, otra vez, la ambición de ese sector socialista pone en una incómoda situación a Román Rodríguez, que se queda fuera del proceso y al que se le pide, únicamente, que ponga el dinero de las partidas de sus presupuestos en el Cabildo. Ese sector, nuevamente, es el que fija la pauta al alcalde y al presidente del Cabildo. Los reparos de Nueva Canarias van en aumento cuando en el proyecto de privatización e insularización del transporte público grancanario debe encajar su proyecto del tren, al que se ha opuesto abiertamente el significado socialista y presidente de Global, Ángel Luis Sánchez Bolaños.
Así las cosas el proceso de privatización de Guaguas pone una vez más sobre la mesa quiénes son los que verdaderamente mandan en el Partido Socialista Canario de Gran Canaria y no es más que otro de los fuertes escollos que van surgiendo en las relaciones entre los dos partidos que gobiernan la mitad de la isla, al que hay que añadir las enormes diferencias surgidas en el planteamiento sobre la presidencia de La Caja, en la implantación del gas, -como ayer dejaba patente el alcalde Agüimes Antonio Morales en estas mismas páginas-, o la inestabilidad en el Ayuntamiento de San Bartolomé, carne de cañón en el difícil e insostenible equilibrio del pacto por el progreso que echó al PP de las instituciones.

El día en el que la Brigada de Información de la Policía detuvo en el Aeropuerto de Gran Canaria al empresario gran canario Santiago Santana Cazorla, se cometió un irreparable error y una tremenda injusticia. Dije en aquel momento que existía una enorme desproporción entre la detención, su estancia durante tres días en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, las medidas cautelares adoptadas por el juez y los hechos por los que se le acusaba. A la luz del resultado de la investigación judicial, hoy tengo que añadir que se trató de una detención arbitraria. No existía ninguna razón que justificase tal detención y su posterior exhibición ante los medios de comunicación como un trofeo de la lucha contra la corrupción en Canarias. La Jefatura de la Policía, dirigida por Narciso Ortega, puso la investigación en manos de una brigada cuyas tareas nada tienen que ver con la investigación judicial y quiso entender, de unas conversaciones grabadas, que el empresario pagaba a miembros del Gobierno de Adán Martín para conseguir más camas turísticas para Anfi Tauro. En una atropellada e improvisada investigación, la policía quiso poner ante los tribunales de Justicia al propio presidente del Gobierno, a un consejero de ese gobierno y a su jefe de gabinete por puras presunciones más propias del chismorreo, de la rumorología y con un interés político más allá que el encomendado por la ley en un estado de derecho. El sobreseimiento de una parte de la causa, la más importante para una policía excesivamente dedicada a la política, no sólo confirma la desproporción, sino me permite afirmar que se trató de una detención arbitraria e injustificada, cuya responsabilidad es única y exclusiva de los investigadores y no del juez. La nueva jefa superior de Policía de Canarias, Concepción de Vega, se equivoca al derivar hacia el juez, Alexis Reyes Negrín, la responsabilidad de la detención del empresario Santana Cazorla, como muy bien dejó sentado en dos autos el propio juez a requerimiento del empresario. Santana Cazorla ve ahora justificada ampliamente la posibilidad de exigir responsabilidades, como debe hacer por el bien de la sociedad canaria y para evitar las tentaciones que ahora mismo alberga el corazón de algunos mandos profesionales y políticos.

El asunto de los errores del concurso eólico en la adjudicación a Inalsa, la empresa de aguas de Lanzarote, tiene su intrahistoria. A los responsables de la empresa pública lanzaroteña, en manos de Dimas Martín y de los socialistas canarios, se les adivina un sospechoso interés por los molinos de viento, una pretensión que esconden bajo el 'progre' discurso de defensa del interés público. Según Manuela Armas, más aguerrida que nunca del lado de los intereses de Dimas Martín, Inalsa quiere los molinos de viento para obtener energía y desalar agua. Un argumento incierto porque para eso ya tienen dos potentes aerogeneradores que el mismo Gobierno de Canarias les otorgó para autoconsumo, hace ahora tres meses. Con esta concesión, los socialista deberían dar por satisfechos los intereses públicos que dicen defender en este asunto. Pero sabe el PSC y Dimas Martín que los molinos por los que ahora pelean están autorizados, exclusivamente, para producir y verter la energía a la red eléctrica y no para consumo asociado. Los voltios que piensan generar sólo servirán para aumentar los ingresos y para revalorizar Inalsa y privatizarla, algo de lo que Coalición Canaria en Lanzarote no se entera cuando hace frente común en este asunto. Este es el verdadero corazón de la polémica, aunque de paso Manuela Armas hace méritos ante su nuevo jefe de fila. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, entregada ya a la estrategia Aguilar, confirma lo que su partido anunció antes de que se resolviera el concurso: que habría guerra.
Curiosa esta forma de proceder de los socialistas. Los que se jactan de ser 'in corruptos' salen a defender los intereses de un condenado por prevaricación y cohecho. Pero, Inalsa, la joya de la corona de Dimas Martín, bien vale una batalla. Inalsa es una pieza clave en las negociaciones con los socialistas para sus asuntos judiciales y para mantener el pacto. Pero Manuela Armas, hasta ahora fuera de la lógica Aguilar, se guarda el insultante orgullo ético del que hacen gala en su partido y se somete y se mete a fondo a defender los asuntos de Dimas Martín.

En la estartegia de tensión y cripación que sostienen los socialistas el mal llamado 'caso Tebeto' llega al Parlamento de Canarias en forma de comisión de investigación que nadie, ni los propios socialistas, salvo Juan Fernando López Aguilar, quiere. Me consta que hasta los más radicales dentro del PSC, incluso aquellos que recibieron el encargo directo del secretario general de armar barullo con este tema, no lo secundan. Se han empleado a fondo en su estudio y han llegado a la conclusión de que lo único que se puede deducir del expediente es una gran ineptitud por parte de las distintas administraciones que han intervenido en el asunto desde 1982. Los más osados en el PSC piensan que la única posible y remota responsabilidad política que ronde algún presunto delito es que Luis Soria diese la orden a los Servicios Jurídicos del Gobierno de que trabajasen para que lo ganase la empresa Cabo Verde en una decisión 'contra natura política'. Esta hipótesis no se atreven a plantearla ni en privado, sabiendo que los Servicios Jurídicos del Gobierno podrán trabajar por encargo del Gobierno, ser proesionalmente negligentes (que lo son) pero nunca cometer un delito. De hecho, muchos dirigentes socialistas se quedan al margen del asunto cuando son preguntados, aunque el jueves voten en tropel a toque de campana.
Entrando en contenidos, Paquita Luego quiere una comisión de investigación pero muy particular. De un tema cuya gestión administrativa comenzó a gestarse hace 26 años, sólo quiere investigar el año 1996. Tanto descaro en apuntar responsabilidades a los Soria sonroja al más honrado entre los sinvergüenzas. No alcanzo a entender si lo que quieren, como pregonan, es el esclarecimiento de la verdad y la reposición en justicia de los daños causados a las arcas públicas, o sólo hacer daño político de forma indiscriminada. Si se investiga que se investigue todo según dicta el sentido de la justicia y la proporción. Pero el PSC sabe que si investiga lo que ocurrió 1993, a lo mejor, se encuentra con una comisión de investigación que recrimina su actuación en el caso. Hay que recordar que en esas fechas la Consejería de Industria estaba el fallecido Andrés Calvo y la secretaria general técnica era Paquita Luengo, los dos firmantes de la nueva licencia a Canterías Arucas, sin antes firmar la caducidad de la licencia de investigación otorgada previamente a Cabo Verde. Esa actuación es el origen de todos los pleitos y ese el nudo jurídico en el que se centraron los tribunales de justicia. EL PSC sabe que a partir de aquí Industria hizo lo que dictaminó la Justicia, y lo hizo a regañadientes porque los intereses del PP no coincidían con a lo que dictaminaron los tribunales.
Por ello, cuando los tribunales han determinado la responsabilidad en este caso y señala pormenorizadamente dónde han estado los errores sólo queda ponerles nombres y apellidos desde 1983 hasta hoy, y a lo mejor para eso no hace falta una comisión de investigación y ocupar al Parlamento en cuestiones resueltas en otras vías.
Tebeto es es otro tremendo error de López Aguilar y de la propia diputada Paquita Luengo que en este caso hace de arriera. Todo el PSOE lo sabe, pero valoran mucho más la carajera contra el Gobierno que la propia responsabilidad política de poner cada cosa en su lugar. La irresponsabilidad con lo público es el grave problema del PSC y lo que le está costando la credibilidad. Cuando prometieron una regeneración de la vida política canaria y de lucha contra la corrupción estaban hablando de algo distinto al sano ejercicio democrático en que todos creímos. Sus intenciones eran exclusivamente de oportunidad política. Un caso de corrupción funcionó bien en la prensa y el discurso se acoplaba perfectamente a los deseos de cambio que albergaban muchos canarios. Se dieron cuenta de que la 'experiencia piloto' era explotable y lograron un buen resultado en las elecciones; un resultado por el que muchos nos felicitamos. Hoy, la gratuidad en el uso de la 'estrategia de la sospecha' y de los tribunales de justicia ha puesto en jaque a muchas instituciones, incluidas las encargadas de las investigaciones, ha hecho un daño irreparable a la imagen exterior de Canarias, ha puesto en peligro miles de puestos de trabajo y se han desilusionado a la sociedad civil.
Meses después muchos cargos en el PSOE quieren parar, entre otras cosas porque el sistema funciona y termina expulsando a quien lo utiliza de forma torticera. Pero además saben que comienza a hacer aguas la credibilidad porpia y la de quiénes se prestan, desde distintas instancias profesionales y administrativas, a enjuagues políticos partidistas. Muchos socialistas temen pagar la factura de la crispación gratuita en las elecciones. En credibilidad ya la han pagado en las innumerables contradicciones éticas e ideológicas de los que han convencido a miles de personas de buena fe de que su conducta es intachable y sólo es una pose.