Politización de La Caja

Acabamos de salir de un intenso debate sobre el gobierno de La Caja en el que algunos tópicos han tratado de eclipsar las verdaderas razones por las que algunos grupos de presión quieren estar en determinadas empresas de gestión pública.
Es así como se monta una especie de 'perreta' por la politización de La Caja, atribuyendo al término todo un contenido peyorativo que trata de desvirtuar el pacto PP-CC-NC y la presencia de Román Rodríguez y Pepa Luzardo en el Consejo de Administración, al mismo tiempo que anuncia un rosario de presiones al nuevo presidente de la entidad, sometido a las mayorías que lo han colocado. Creo que es una falacia más montada en un error intencionado y perverso de concepto. Las cajas españolas son entidades públicas de derecho privado, y lo son porque la ley así las reconoce. Esto es, son propiedad de todos; todos somos accionistas de esa entidad financiera, por lo que, en buena lógica, deben ser las instituciones de elección directa (las que establece la ley), las que determinen el gobierno de las mismas y sus objetivos. Y eso exactamente es lo que ha pasado y por eso Suárez del Toro es presidente, Román Rodríguez vicepresidente y Josefa Luzardo vicepresidenta. Lo son con una legitimidad aplastante. Más intensa y democrática que la que hubiese tenido si éstos eligen a personas interpuestas, no elegidas democráticamente en las instituciones, para ocupar esos cargos. No confundamos la gestión profesional con el gobierno político. La Caja es lo que es: una entidad financiera con un estatuto especial en la que los que deben mandar son los políticos. Eso es una organización 'politizada' y así debe seguir siéndolo hasta que el legislativo quiera cambiar este híbrido español. Aunque ese cambio está lejano por los buenos resultados que ha proporcionado el modelo, sobre todo en el ámbito de la reinversión de beneficios en la obra social o en el reequilibrio económico en el territorio en el que actúan. Es más, en estos años la administración pública española ha buscado reforzar el gobierno corporativo de las cajas. Tanto es así, que ha habido un empeño especial en reconocer legalmente los vínculos territoriales de las cajas al asignar responsabilidades de regulación y supervisión a las comunidades autónomas, especialmente en el ámbito de las funciones de protectorado y tutela. Y aún más. En ese proceso de 'politización', el Tribunal Constitucional,en dos conocidas sentencias en el sector (la 48 y 49/1988) profundiza en este aspecto propiciando la entrada en las mismas de las comunidades autónomas a las que se les reconoce el derecho de estar en sus órganos de gobierno y de intervenir legislando en su estructura y en el control, una potestad, ésta última, que ejercen la consejería de Economía y Hacienda y el Banco de España.
Esta necesaria 'politización' reconoce un modelo de propiedad de un banco a los ciudadanos, pero no está reñida con el empeño, también de acción pública, de subrayar su naturaleza privada y la doble dimensión de estas entidades que deben perseguir el beneficio para dedicarlo a objetivos benéficos y sociales. Para ello se han dado pasos importantes al someter su actividad mercantil a las fuerzas estrictas de la competencia, equiparando legalmente sus capacidades operativas y su tratamiento fiscal con el resto de los bancos privados. Es más, se ha buscado una gran flexibilidad de actuación en torno a un modelo de banca universal para poder responder a las condiciones cambiantes del negocio.
En definitiva La Caja es una entidad de representación política cuya mayoría la componen los políticos y los impositores, que no son accionistas, sino usuarios de sus servicios. Otra cosa es la dirección técnica. Ésta debe responder a los objetivos que traza la Asamblea y el Consejo de Administración. No confundamos la gestión profesional con el gobierno político. La Caja es lo que es, una entidad financiera con un estatuto especial en el que los que mandan son los políticos y los impositores. Es una organización 'politizada' y así debe seguir siéndolo hasta que el legislativo quiera cambiar el modelo. Creo que dejarían de cumplir con su deber nuestros políticos si no respondieran a sus obligaciones para dirigir los procesos de las empresas públicas. Y creo que así lo han hecho satisfactoriamente. Desde esta perspectiva ¿quién representa mejor los intereses de los ciudadanos? ¿Román Rodríguez o un empresario por muy de confianza que sea de un partido político? Y si ha de ser un empresario ¿quién representaría mejor esos intereses?, ¿alguien con un amplio consenso o alguien con rechazo mayoritario? Yo no tengo ninguna duda sobre este aspecto. La presidencia de La Caja ha estado reservada a personas relevantes y de amplios consensos, variantes que concurren con absoluta claridad en la figura de Juan Manuel Suárez del Toro, al que se le encomienda, bajo la dirección 'polítizada', los destinos de La Caja.