Acabamos de salir de un intenso debate sobre el gobierno de La Caja en el que algunos tópicos han tratado de eclipsar las verdaderas razones por las que algunos grupos de presión quieren estar en determinadas empresas de gestión pública.
Es así como se monta una especie de 'perreta' por la politización de La Caja, atribuyendo al término todo un contenido peyorativo que trata de desvirtuar el pacto PP-CC-NC y la presencia de Román Rodríguez y Pepa Luzardo en el Consejo de Administración, al mismo tiempo que anuncia un rosario de presiones al nuevo presidente de la entidad, sometido a las mayorías que lo han colocado. Creo que es una falacia más montada en un error intencionado y perverso de concepto. Las cajas españolas son entidades públicas de derecho privado, y lo son porque la ley así las reconoce. Esto es, son propiedad de todos; todos somos accionistas de esa entidad financiera, por lo que, en buena lógica, deben ser las instituciones de elección directa (las que establece la ley), las que determinen el gobierno de las mismas y sus objetivos. Y eso exactamente es lo que ha pasado y por eso Suárez del Toro es presidente, Román Rodríguez vicepresidente y Josefa Luzardo vicepresidenta. Lo son con una legitimidad aplastante. Más intensa y democrática que la que hubiese tenido si éstos eligen a personas interpuestas, no elegidas democráticamente en las instituciones, para ocupar esos cargos. No confundamos la gestión profesional con el gobierno político. La Caja es lo que es: una entidad financiera con un estatuto especial en la que los que deben mandar son los políticos. Eso es una organización 'politizada' y así debe seguir siéndolo hasta que el legislativo quiera cambiar este híbrido español. Aunque ese cambio está lejano por los buenos resultados que ha proporcionado el modelo, sobre todo en el ámbito de la reinversión de beneficios en la obra social o en el reequilibrio económico en el territorio en el que actúan. Es más, en estos años la administración pública española ha buscado reforzar el gobierno corporativo de las cajas. Tanto es así, que ha habido un empeño especial en reconocer legalmente los vínculos territoriales de las cajas al asignar responsabilidades de regulación y supervisión a las comunidades autónomas, especialmente en el ámbito de las funciones de protectorado y tutela. Y aún más. En ese proceso de 'politización', el Tribunal Constitucional,en dos conocidas sentencias en el sector (la 48 y 49/1988) profundiza en este aspecto propiciando la entrada en las mismas de las comunidades autónomas a las que se les reconoce el derecho de estar en sus órganos de gobierno y de intervenir legislando en su estructura y en el control, una potestad, ésta última, que ejercen la consejería de Economía y Hacienda y el Banco de España.
Esta necesaria 'politización' reconoce un modelo de propiedad de un banco a los ciudadanos, pero no está reñida con el empeño, también de acción pública, de subrayar su naturaleza privada y la doble dimensión de estas entidades que deben perseguir el beneficio para dedicarlo a objetivos benéficos y sociales. Para ello se han dado pasos importantes al someter su actividad mercantil a las fuerzas estrictas de la competencia, equiparando legalmente sus capacidades operativas y su tratamiento fiscal con el resto de los bancos privados. Es más, se ha buscado una gran flexibilidad de actuación en torno a un modelo de banca universal para poder responder a las condiciones cambiantes del negocio.
En definitiva La Caja es una entidad de representación política cuya mayoría la componen los políticos y los impositores, que no son accionistas, sino usuarios de sus servicios. Otra cosa es la dirección técnica. Ésta debe responder a los objetivos que traza la Asamblea y el Consejo de Administración. No confundamos la gestión profesional con el gobierno político. La Caja es lo que es, una entidad financiera con un estatuto especial en el que los que mandan son los políticos y los impositores. Es una organización 'politizada' y así debe seguir siéndolo hasta que el legislativo quiera cambiar el modelo. Creo que dejarían de cumplir con su deber nuestros políticos si no respondieran a sus obligaciones para dirigir los procesos de las empresas públicas. Y creo que así lo han hecho satisfactoriamente. Desde esta perspectiva ¿quién representa mejor los intereses de los ciudadanos? ¿Román Rodríguez o un empresario por muy de confianza que sea de un partido político? Y si ha de ser un empresario ¿quién representaría mejor esos intereses?, ¿alguien con un amplio consenso o alguien con rechazo mayoritario? Yo no tengo ninguna duda sobre este aspecto. La presidencia de La Caja ha estado reservada a personas relevantes y de amplios consensos, variantes que concurren con absoluta claridad en la figura de Juan Manuel Suárez del Toro, al que se le encomienda, bajo la dirección 'polítizada', los destinos de La Caja.
Archivos Diciembre 2008
Lo que ocurrió ayer en la Asamblea de Caja debe perdurar como una de las reseñas de cordura democrática y sensatez frente a la inexplicable locura del Partido Socialista Canario al abordar la renovación del máximo órgano de Gobierno de la entidad de ahorro. Pasó que los socialistas se metieron en la autopista en dirección contraria y denunciaron al resto de los conductores por venir de frente. Juan Manuel Suárez del Toro salió ayer, como no podía ser de otra manera, con una mayoría muy cualificada para presidir La Caja y con un Consejo de Administración volcado en la gobernabilidad porque lo que ha imperado en este proceso es el deseo de todos, menos del PSOE, de sostener el consenso político para afrontar una nueva etapa en la institución en un momento de crisis. Pero frente al consenso, con el mismo discurso mitinero y las mismas amenazas judiciales al uso en el PSOE, José Francisco Henríquez denunciaba ayer el pucherazo de todos contra él, cuando sólo logró tres votos (más el suyo) para rechazar la presidencia de Suárez del Toro. Una cuota que se redujo a dos (más el suyo) cuando se votó la vicepresidencia para Román Rodríguez. Un estrepitoso y merecido fracaso del PSOE por el intento de pervertir las reglas del juego y por el engaño al que sometió al resto de las fuerzas políticas y a la opinión pública durante el proceso de negociación. No se podía mezclar el agua con el aceite, y eso fue lo que trataron de hacer al introducir en la contienda a un empresario tan significado y denostado como José Francisco Henríquez después de haber aceptado el consenso generalizado de una candidatura como la de Juan Manuel Suárez del Toro. No se puede arrojar la piedra y esconder la mano, como ha hecho Juan Fernando López Aguilar, José Miguel Pérez y Jerónimo Saavedra y no se puede predicar impúdicamente a favor del interés general cuando a quien se propone para representar los intereses de todos es a dos empresarios, José Francisco Henríquez y Agusto Brito, muy socialistas, (sin duda ninguna), y con muchos intereses privados, (debo suponer a cualquier empresario que se preste de serlo).
Quienes hoy mandan en algunas de las decisiones más íntimas del socialismo grancanario han construido un mundo paralelo que nace directamente del poder y se dirige a los negocios al calor de la administración pública. La candidatura de José Francisco Henríquez a la presidencia de La Caja ha despertado muchos recuerdos sobre las correrías de aquel primer gobierno municipal de Juan Rodríguez Doreste y sus cachorros, aquellos que conformaron el núcleo duro de la todopoderosa agrupación de Las Palmas, hoy aún viva. Un grupo que pasó directamente de estudiantes de izquierda en las universidades de Franco a la gestión pública al cobijo de la ola socialista de los 80. Algunos de ellos, muy significados y con poder también en el actual escenario, no tardaron mucho tiempo dirigirse directamente al mundo de los negocios tutelados, que tanto aborrecen de dientes para afuera. Quienes más activos se han mantenido se han amparado en ese discurso ideológico de la izquierda y han convertido las ideas en otro negocio más, ya sea para la protección propia o para la de los amigos. Tanto han abusado de la buena fe intelectual que hasta ponen a la venta la imagen de lucha contra la corrupción y hasta quieren pasar a la historia de las islas como los adalid de la lucha contra la «república bananera» y como los impulsores de la regeneración de la vida pública y política. La profundidad de esta mentira es de tal calibre que cuando se impulsaba la denuncia contra el PP, algunos de ellos, amparados en el discurso anticorrupción, trataban de sacar adelante sus negocios con la misma derecha a la que acribillaban y contra la que ponían a una buena parte de la sociedad isleña. ¿O no ese el tono de las conversaciones del que hoy quiere ser presidente de La Caja con Celso Perdomo acerca de los proyectos eólicos? ¿o no es el despacho de José Francisco Henríquez el que planificó los proyectos de Anfi Tauro por los que cobró 300 millones de las antiguas pesetas como informó el propio Bjorn Lyng en la prensa? El problema de ese sector del PSOE y del ahora candidato a la presidencia de La Caja es que ha transitado por ese y otros negocios, ha sido descubierto y ha desilusionado a los que, de buena fe, han creído en él, en los discursos que ha generado en su entorno y en sus empresas mediáticas, ahora en liquidación. Henríquez, amparándose en el discurso progresista, en los eslóganes que aprendió en la transición, ha construido un mundo de apariencias ideológicas que nada tienen que ver con la realidad. ¿Después de generar tanto fracaso, desilusión y enfrentamientos podrá gobernar con ajustadamente un patrimonio común como La Caja?
La nominación en representación del PSOE de José Francisco Henríquez pone también en un grave aprieto ideológico y de autoridad moral a quiénes han liderado la renovación del Partido Socialista Canario. López Aguilar y José Miguel Pérez han terminado por claudicar ante las viejas maneras y ante los poderes del PSC de toda la vida.
Han accedido a los cargos orgánicos en el PSC, pero la vieja guardia, en la que milita el candidato a presidir La Caja, ésa que tanto han denostado por lo que representa, la misma que viajaba a Estados Unidos en 1983 para negociar las prebendas de las licencias para un casino, les han ganado la partida y ahora les han impuesto sus condiciones. ¿Cómo sostener esa superioridad moral de la que hacen gala de forma insultante cuando muchos de los comportamientos de su candidato arrastran la sospecha? ¿Qué extraño pacto obliga José Miguel Pérez a renunciar a imponer sus principios? ¿Qué deben a Henríquez para poner en peligro hasta la gobernabilidad de las instituciones en las que trabajosamente están? ¿De qué pacto son rehenes con Henríquez cuando siempre hablaron de prescindir de él y llegaron a comparar su página web con la Cope?
Forzado por el peso de las evidencias, Juan Fernando López Aguilar ha desautorizado el pasado viernes la operación, pero ha llegado tarde. Ha hecho dejación de su responsabilidad como secretario general del PSC claudicando de sus criterios y ha contribuido a la cada vez mayor desconfianza en el socialismo como alternativa.
El mexicano Enrique Krauze, fundado de la revista 'Letras Libres' acaba de publicar 'El poder y el delirio', un fascinante libro para los que guardamos interés por lo que ocurre en América y por los geo-procesos políticos, entre los que está el bolivarismo o socialismo del siglo XXI o el del 'frente rojisur', liderados por Hugo Chávez, pero inspirado en el régimen cubano de Fidel Castro. Al margen de los capítulos dedicados a contextualizar Venezuela y a desmitificar algunos de las imágenes que tenemos de Chávez, Krauze analiza cómo ha evolucionado la izquierda venezolana hacia el chavismo y, curiosamente, en ese proceso han abandonado al golpista los seguidores de la revolución cubana, como Teodoro Petkoff o Américo Martín tras constatar que es Chávez el que se apropia de algunos de los conceptos revolucionarios para adaptarlos a un ideario político prácticamente hilado para la ocasión y que deriva en un delirante fascismo. Krauze describe a la perfección el bodrio ideológico que tanto admira y atrae a la izquierda española: una mezcla incompatible de marxismo trasnochado preñado con el ideario de culto al mito de Bolívar, un culto éste propio de la derecha venezolana. El prestigioso historiador hace un paralelismo entre el ideario de Chávez y el de Napoleón y se adentra en la ambición expansionista del chavismo y en su influencia en toda el área sur de América. Pero, curiosamente para Krauze, todo esto no lo hace chávez desde un ideario improvisado, sino desde una planificación ideológica que ha cultivado a lo largo de muchos años, a escondidas, y que pone en práctica una vez en el poder a través de las urnas. Según esta versión Chávez es, en contra de lo que pensamos, es un estratega de primer orden que ha sido capaz de planificar su trayectoria política, lo que lo hace más peligroso. No obstante, un mensaje alentador nos deja Krauze: la democracia como sistema, una vez instalada en la conciencia social, es posible socavarla, pero no acabar con ella.La democracia en Venezuela podrá con Chávez y con todo su aparato porque es la una de las más sólidas del continente.
¿Quién posee en Canarias estos títulos?:
Doctor "Honoris Causa" en Humanidades" por la Universidad Hoseo, Seúl, Corea del Sur, 13 de agosto de 2003.
- Doctor "Honoris Causa" en Humanidades, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, 27 de enero de 2005.
- Doctor "Honoris Causa" en Humanidades, por la Universidad de Chile, 25 de abril de 2007.
- Doctor "Honoris Causa" en Humanidades, por la Universidad de Panamá, 15 de enero de 2008.
- Doctor "Honoris Causa" en Humanidades, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana), 18 de febrero de 2008.
- Doctor "Honoris Causa" en Humanidades, por la Universidad Nacional del Este de Paraguay (2 de abril de 2008)
Distinguido con la Medalla de Oro de Cruz Roja Española (1989); La Gran Cruz del Mérito Militar del Ministerio de Defensa 27.5.2000; La Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (7.10.2007); la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social (2002); Medalla de Oro del Gobierno de Canarias Premio Canarias" (2002); Almendro de Plata (Canarias (2000); Premio IMSERSO "Infanta Cristina", 2007 al Mérito Social; La Orden de Cristóbal Colon en el Grado de Gran Oficial, de la República Dominicana (Febrero 2008); Can de Plata del Cabildo de Gran Canaria (2002); Orden Nacional "Al Mérito en grado de Comendador del Gobierno Ecuatoriano, octubre 2002:"Premio Canarias Internacional" (2004); Master de Oro del Forum de Alta Dirección (1999); Honorary Degrre por la Fundación Universitaria ESERP de Barcelona (15.7.2008); Mención de Honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa (15.7.2008); Oficial de la Orden Nacional de la Republica de Costa de Marfil (8.10.2008); Orden del Principe Branimir de la República de Croacia (3.12.2008). Medalla de la Media Luna Roja Turca (2001); Medalla de la Cruz Roja de Vietnam (2002); Medalla de la CR Chilena, abril 2003 ; Medalla de la Cruz Roja Boliviana, abril (2003); Medalla de la CR Paraguaya (2000); Medalla de la CR Colombiana (sept. 2006); Medalla de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Panameña, 1998 ;Medalla de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Venezolana; Medalla de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Nicaragüense y del Gobierno de Nicaragua; Medallas de los Gobiernos de Honduras y Colombia.
Hijo Predilecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 24 de junio de 2002.
Premio "Melvin Jones 2002" Club de los Leones de Las Palmas, 21 de junio 2002.
Socio de Honor del REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA, 14 de noviembre de 2003.
Canario Ilustre del Año 2004, otorgado por la Casa de Canarias en Barcelona, 28 de mayo de 2004.
Pregonero de las Fiestas Fundacionales de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 2004.
Premio Cadena Ser, Ser Canario 2005, Las Palmas, con motivo del 10 aniversario de la Cadena de Radio, 28 de noviembre de 2005
Premio XXV Aniversario del Periódico Canarias7, 13 de octubre de 2008.
Sólo un canario los posee: Juan Manuel Suárez del Toro, presidente de Cruz Roja Internacional, con tratamiento de Jefe de Estado en todo el mundo. Un canario incuestionable al que el Partido Socialista de Gran Canaria ha despreciado excluyéndolo de su cuota municipal para presidir la Caja de Canarias y poner en su lugar a José Francisco Henríquez, de cuyo curriculum saben más en los submundos de esta región que en los paraninfos de las Universidades en las que los ha recibido Suárez del Toro. Así nos va a los canarios. Así se mueven los que hablan permanentemente de regeneración social y política. Los socialistas, en este asunto, como en otros muchos que habrá que repasar han optado por asumir que el poder tiene más que ver con sus 'asuntos' que con el interés general.
Resulta insultante que un progre socialista pueda llevar encima, entre ropas, zapatos y complementos más de 16.000 euros. Es el sueldo de un año de cualquier trabajador. Eso es lo que cuesta la ropa que lució Sonsoles Espinosa, esposa del presidente del Gobierno, el día 6 de diciembre en el acto de celebración del XXX Aniversario de la Constitución Española.
Según publica Crónica este fin de semana, su corte de pelo le ha costado 210 euros. Un colgante de Adolfo Barnatán valorado en 13.000 euros. El traje y la camisa de Mainson Martín Margiela 1. 076 euros. Los zapatos de Walter Steiger cuestan 460 euros. El échape de cachemir cuesta 400 euros. Total: 16.046 euros. Todo puesto sobre sus hombros por Elena Benarroch, que es la que la viste ¿a costa del erario público?
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace aguas por los cuatro costados y el grupo de gobierno descuenta el tiempo que debía dedicar a la gestión en una especie de aquelarre de sacrificios internos. Vuelven a entrar en la espiral de la conspiración, pero ahora en la agrupación local de Las Palmas, la más poderosa del Archipiélago. Andan subidos a la parra, de bar en bar y teléfono móvil en mano, buscando acomparsar el poder en esta agrupación al ritmo de la caja municipal, y de paso repasar algunos asuntos que quedaron pendientes de rematar en el último Congreso Regional a cuenta de la afrenta a la que Aguilar sometió a Saavedra. El alcalde, de la mano del poder de Chano Franquis en la agrupación local, quiere asumir de nuevo protagonismo orgánico para poder ajustar el desgastado y dividido poder local. Las consecuencias de lo que pase en esa agrupación se dejarán sentir en el resto de la organización y hasta en el Cabildo Insular. Muchos auguran que si el pacto anunciado triunfa hoy habrá algún ajuste de cuentas.
En este contexto de desgobierno y de trincheras permanentes en el que está el grupo de gobierno socialista viene el PP con un sustancial cambio de estrategia. Pepa Luzardo se han dado cuenta de que mientras los socialistas se matan entre ellos y no son capaces de conducir el destino del Ayuntamiento, el PP puede quedar muy bien ante la opinión pública y ante los distintos colectivos municipales (que ya los añoran) con un ejercicio responsable de la oposición. El PP salvó, en un pleno extraordinario en el que ni tan siquiera estaba Saavedra, las modificaciones de crédito para poder pagar a los guagüeros y en estos días apoyaron, sin fisuras, la política de seguridad municipal, cuestionada tras la violenta muerte de Iván Robaina en una zona de ocio nocturno de la capital. Una inteligente posición que ahondará más en el descrédito de los socialistas.
El dolor ciega la razón cuando tratamos de señalar las responsabilidades tras enterrar a un joven de 19 años víctima de una agresión brutal en la madrugada de una ciudad con focos de inseguridad ligados al ocio. Con todo el dolor que produce unos dantescos hechos, como los vividos este fin de semana, creo que debemos exigirnos serenidad a la hora de reflexionar sobre este asunto. No ayuda arengar al dolor y a la venganza sobre unos hechos que, de forma inmediata, la Justicia atiende con una rápida detención, una imputación por asesinato y el ingreso en prisión de los detenidos. Algunas problemas sociales no pueden ser atendidos con la «sangre caliente», y uno de ellos es el de la seguridad. Forma parte del dolor y de la convivencia, y así lo satisface el sistema penal español, buscar y condenar a los culpables. Es la Justicia la que debe, en nombre de todos, aplicar la Ley con su máximo rigor para castigar comportamientos como provocar y patear a alguien hasta la muerte. En este caso el sistema no nos ha fallado. Sí ha fallado la administración a la hora de valorar qué lugares de ocio en esta ciudad necesitan de la presencia permanente de policías en la calle, y ese reproche lo deben pagar los gestores políticos. Ahora bien, la responsabilidad pública y social está más allá de la acción policial y de la Justicia, y ahí el laberinto es más complejo porque entran en juego muchos factores de una sociedad muy debilitada como la nuestra, sobre todo a la hora de abordar sus prioridades y valores. Esa responsabilidad no sólo debemos juzgarla por el número de policías que vigilan nuestras calles sino por el grado de marginalidad que generamos, la indecisión sobre cómo queremos que sea el ocio que consumen nuestros jóvenes, la pugna política a la hora de definir los valores en el sistema educativo... entre otras cuestiones. En esta línea, tampoco creo que el dolor nos deba llevar a culpar a los excluidos, a los miles de pobres que se amontonan en nuestros barrios, víctimas de sí mismos y víctimas de una pobre sociedad incapaz de generar ilusiones y futuro.
El diario The New York Times apoyó sin fisuras la candidatura de Hillary Clinton, lo que no le ha impedido publicar en su primera página una información sobre las actividades financieras de Bill Clinton, sobre un contrato minero entre un poderoso empresario canadiense y el Gobierno de Kazajistán, en el que Clinton actuó como intermediario y obtuvo, como recompensa, una donación de más de 130 millones de dólares (88 millones de euros) para la fundación que lleva su nombre, una auténtica empresa familiar que mueve cientos de millones en todo el mundo. Ni la rivalidad en las primarias ni las sospechosos actividades empresariales de Clinton han impedido que Obama cuente con su esposa, Hillary como secretaria de Estado. La esposa del ex presidente pasó sin dificultad los test éticos del partido Demócrata para el cargo. ¿Por qué? Porque para los americanos la democracia es eso, transparencia en las actividades comerciales, altura de miras, confrontación y distribución del poder hasta entre los propios rivales políticos. O si queremos verlo desde el ángulo más estridente: la democracia permite el reparto y el equilibrio de poder entre sectores económicos en un país en el que el centro de la vida pública es el negocio. Dentro del partido Demócrata lo que hay son grandes lobbies muy vinculados a los negocios, al comercio internacional y a las finanzas. Para nosotros es difícil entender que sea así y que las grandes familias, como la de los Clinton o las de Al Gore, tengan grandes negocios, militen en un partido político y sean senadores o ministros del gobierno más poderoso de la tierra. En España, y en Canarias en particular, nuestra tradición, aderezada con grandes dosis de mezquindad, nos lleva a poner bajo sospecha la actividad privada. Por eso nos escandalizamos y exigimos un rosario de incompatibilidades y límites legales que hacen inviable el desarrollo de la vida política y económica. Es esta percepción y el oscurantismo que la rodea la que anima a la corrupción. Habría que aprender mucho de los sistemas de libertades que mueve democracias como la americana, único ámbito desde el que se puede valorar el gesto de Obama.
