Tebeto

Son los políticos los que deben pagar los errores de las administraciones que administran. Algunos de los grandes temas que hoy son objeto del examen en el debate político tienen su origen en una pésima gestión de la administración y no, como pretenden dejar sentado los socialistas, por ánimo de cometer delitos de corrupción de forma indiscriminada. Yo no creo que en 1993, siendo Jerónimo Saavedra presidente de la comunidad y consejero de Industria uno de sus hombres y secretaria general técnica, Paquita Luego, resolvieran la concesión de la explotación minera de Tebeto a Cabo Verde SA (se declara la caducidad del permiso de investigación) para otorgársela a Cantería de Arucas a cambio de dádivas o inconfesables beneficios económicos. Convendría aclarar que se deja sentado en la sentencia que obliga al pago de 90 millones a Cabo Verde, que fue esta decisión de los socialistas las que lleva a Rafael Bittini a iniciar un largo pleito judicial que termina en manos de Luis Soria en 2004. Sin entrar en las precisiones sobre licencias, es una sentencia del Supremo y su ejecución la que obliga al PP a quitar a Cantería de Arucas la concesión y otorgarla a Cabo Verde. No creo, como piensan los socilaistas, que esto ocurra a cambio de dádivas porque el cruce de intereses históricos en este sector no cuadra. Es más, la sentencia sobre reclamación patrimonial obtenida por Bittini aduce que la consejería dirigida por el PP lo dejó tirado. Luis Soria no dio satisfacción de manera adecuada los intereses de Cabo Verde con el simple hecho de retrotraer las actuaciones porque la concesionaria ya no podía explotar la cantera. Ha ocurrido todo lo contrario a lo que sostiene el PSOE. Tengo la convicción de que la decisión de Luis Soria y de Celso Perdomo de noviembre de 2004 afectaba gravemente los intereses de personas muy cercanas al PP, de militantes del PP y de familias que siempre han sido del PP. Afectaba a la propia familia Soria, como acredita el mismo hecho de que la mujer de José Manuel Soria es la procuradora, no de Bittin -el gran beneficiado-, sino de los propietarios de Cantería de Arucas. Salvo desconocidos acuerdos secretos de alcantarilla, Bittini tenía unida su suerte a otros actores políticos distintos a los Soria. Fue bajo el mandato del PSOE en Industria cuando se decidió otorgar la cantera a Cantería de Arucas, al competidor más directo de Bittini, a la aristocracia de la derecha y la tradición en ese negocio. ¿Hubo en este giro alguna razón dadivosa? Tampoco lo creo; y si la hubo con responsabilidad de los socialistas, en su conciencia esté y los tribunales lo depuren.
Pero a lo que vamos. La lectura de la sentencia pone los pelos de punta, y no por el escaso margen que puede dejar para llegar a ver un caso de corrupción, sino por la pésima gestión de la comunidad canaria. En el caso Tebeto hay mucha irresponsabilidad administrativa, incapacidad de gestión, falta de coordinación, falta de previsión y falta de vigilancia política sobre el aparato administrativo a lo largo de 25. ¿Alguien puede explicar que un concesionario llegue a explotar su concesión 25 años después de pedirla? ¿Alguien puede explicar que Cabo Verde se encuentre con que la normativa ha cambiado y nadie ha advertido que entran en juego varias administraciones? ¿Cómo explicar que los servicios jurídicos del Gobierno entren en un pleito en el que Cabo Verde pide más de cien millones de euros y nadie encargue una tasación paralela para que el tribunal tenga de donde tirar a la baja en la sentencia que ahora se cuestiona? Alguien tendrá que responder de estos desaguisados y de otras muchas pifias de este calibre. Deben responder los políticos que han pasado por Industria, que han sido 13 de distinto signo político; y si existe una comisión de investigación debe centrarse en buscar esas responsabilidades, las que deben garantizar que la administración pública funciona bien y no sea onerosa para los ciudadanos. Para las otras implicaciones que insinúa el PSC están los tribunales y es allí a donde han debido acudir con las pruebas que dicen tener de que alguien se ha lucrado ilegalmente. Me sorprendería gratamente que el equipo de imitadores de López Aguilar en el Parlamento busque la mejorara los procedimientos públicos para una mayor eficacia de la administración, pero mucho me temo que sólo se busca la rentabilidad política de rendir al enemigo político casi a punta de pistola. La Justicia es un instrumento más en esta estrategia, no me cansaré de insistir en la utilización torticera y política de algunas instancias del Estado de Derecho, pero no todo precio se debe pagar en el lodo de la sospecha y la presunta corrupción.