La Justicia y la política judicial española no dan tregua a sus despropósitos. Primero los partidos se reparten el poder en el Consejo General del Poder Judicial; después éste, en un gesto de corporativismo, condena al pago de una multa de 1500 euros al juez que dejó en libertad al presunto asesino de Mari Luz ; ahora el Gobierno de Zapatero propone otra reforma del Código de Derecho Penal para vigilar a los pederastas y terroristas durante 20 años.
La justicia sigue siendo en este país otro de los grandes temas pendientes de una transición y una solución. PSOE y PP simplemente se han puesto de acuerdo a la hora de renovar el CGPJ. Se han repartido, a partes iguales, los sillones en el órgano de gobierno de los jueces y han dejado dos puestos a los nacionalistas vascos y catalanes, bisagras en los conflictos. Han reproducido, exactamente, el esquema político que impera en el Congreso, y las asociaciones judiciales han aceptado. Después de 25 años la reforma a fondo del CGPJ se queda para otro momento. No cabe mayor debilidad de la justicia y descrédito en los próximos años que estar a expensas de los políticos, de sus decisiones y de sus caprichos.
"Indignación", "apaño", "fraude de ley", "estupefacción" son los algunos de los calificativos que reproducía El País obtenidos del colectivo de jueces no inscrito a ninguna asociación judicial y que son la mitad de la carrera judicial. La conservadora y potente APM, vinculada al PP bendecía el acuerdo con los mismos argumentos que la progresista Jueces para la Democracia (JD) vinculada al PSOE.
Ayer, el Consejo saliente, en un gesto de corporativismo al que ya nos tiene acostumbrados (el colectivo de jueces españoles es el menos castigado por las sanciones y por las condenas) acordó sancionar al juez Rafael Tirado, (el famoso juez que no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés) con una multa de 1.500 euros por una falta grave de retraso injustificado en la tramitación de la causa. Otra miseria de la Justicia, incapaz de dignificar su propia situación ni de plantar cara a los sucesivos gobiernos que la han llevado al colapso y a la inoperancia.
Ayer, el Gobierno de Zapatero, un un habitual gesto de cara a la galería (como la inmesa mayoría de los que salen del Ejecutivo) propuso a la 'descolocada' opinión pública, una reforma del Código Penal, que presentará en el Congreso el próximo otoño, en la que se contemplen medidas de libertad vigilada para pederastas y terroristas reincidentes que podrán durar hasta 20 años después de cumplida la condena. Si en 25 años la administración española no ha sido incapaz de poner en manos de la Justicia los medios suficientes para su modernización y no tiene intención de hacerlo más allá de lo que permita un presupuesto escaso, una reforma como la anunciada ayer tampoco será una medida eficaz. El problema del 'caso Mari Luz' es el de siempre: falta de medios y de personal. Falta de medios informáticos que permita a la justicia saber todo sobre un condenado o un detenido. Falta de personal que controle y sostenga los medios.
Así lo han anunciado los ministros de Justicia y de Interior, Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente, tras mantener una reunión en la que han analizado los puntos clave de la reforma del Código Penal, que prevé también que los delitos de terrorismo más graves, como los asesinatos, no prescriban.
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