Con la condena expresa a 'El Día' en el Parlamento de Canarias todos los canarios hemos ganado en calidad democrática, en libertad y en unidad. Si la libertad de expresión es uno de los bastiones de la democracia, también lo es la fortaleza política y ciudadana para condenar los abusos que en su nombre se venían perpetrando desde 'El Día', cuando, además, sus páginas se han convertido en armas arrojadizas y en amenaza permanente para quien no comparte sus ideas.
Los canarios, y los grancanarios en particular, nos podemos sentir orgullosos de nuestros parlamentarios, de todos, especialmente de los elegidos en por Tenerife, quiénes han tenido la valentía de condenar sin ningún tipo de tapujos los insultos a los grancanarios, los intentos de división de los canarios, las proclamas claramente inconstitucionales y los argumentos xenófobos.
Con esta declaración del Parlamento los canarios hemos dado un paso adelante que aniquila uno de los últimos bastiones del enfrentamiento provincial que ha estado impidiendo la construcción de Canarias como una región única. Con esta declaración hemos aumentado el valor de la convivencia y el proyecto regional que nos trazamos hace 25 años y que padece aún la lacra de editorialistas como José Rodríguez.
Aunque le cueste reconocerlo ha ganado también el Gobierno de Canarias. Allí estaba Paulino Rivero, contra quien desde instancias políticas de Gran Canaria se había orquestado una campaña para obligarlo a manifestarse contra el periódico. Nadie podrá ya reporcharle que no levantó su mano contra El Día. Han ganado en credibilidad los partidos políticos, especialmente CC de Gran Canaria, que en una estrategia bien elaborada sacó el asunto del cabildo de Gran Canaria y lo llevó al Parlamento, obligando a todos los partidos, incluso a el suyo, a retratarse en la más alta instancia. Gana el PSC que, finalmente, impulsó el consenso parlamentario y renunció a su estrategia de utilizar el asunto contra Paulino Rivero. En este asunto hasta ganamos los periodistas, especialmente muchos compañeros de 'El Día', incómodos con las imposiciones y los desmanes de una línea editorial que ha ido más allá de lo que tolera el sano ejercicio de la profesión en un sistema de libertad.
Archivos Septiembre 2008
Ni Spínola es un hombre cualquiera dentro del Partido Socialista ni se le puede despachar como lo ha hecho López Aguilar con un «adiós muy buenas». Quién conoce a Francisco Hernández Spínola sabe que es un hombre absolutamente razonable, con la cabeza bien amueblada, de espíritu constructivo, con el que se puede discrepar pero con el que es imposible enfadarse. Al margen de su posible decisión estratégica, si es que la tiene de cara al próximo congreso, mucho ha tenido Spínola que aguantar y mucha saliva ha tenido que tragar para dar este paso y abandonar al hombre al que tanto ha apoyado. No hay que olvidar que Spínola es amigo personal de Aguilar y que apostó siempre por él para que viniese a Canarias como candidato y para entregarle el poder del partido en la decretaria general. Por eso, la dimisión de Spínola no es una dimisión cualquiera. No es la de un compañero de partido que se resitúa de cara al Congreso como torticeramente aduce Aguilar. Es la dimisión de uno de los hombres que más apostó por él , como muchos otros dentro y fuera del PSC, y todos han terminado tirando la toalla ante la imposibilidad de entenderse con el líder.
Por mucho que lo quiera disfrazar y aunque no lo quiera ver Aguilar tiene una grave crisis ente sus ojos. La dimisión de Spínola tendrá consecuencias. La primera de ellas la decisión de un importante grupo de silenciosos opositores, que si tenían dudas las han disipado. Aguilar se puede enfrentar a una candidatura alternativa que aglutine a muchos agraviados y que ya saben que construye la suya contando exclusivamente con los más fieles y menos críticos con su gestión. Pero lo grave para él no es que se enfrente a otro candidato, sino que puede perder y enfrentarse a otro problema más grave: su candidatura a las elecciones europeas. La cúpula del PSOE ve con asombro y preocupación como el 'candidato' a las europeas no está a la altura de las circunstancias. Un cartel que será la cara del PSOE en una de las grandes pruebas de fuego electoral en plena crisis económica y receso socialista no puede controlar un partido y sostienen en Canarias una crisis permanente en sus filas.
Ni una sola palabra positiva que pueda pronunciar la ministra de Fomento Magdalena Álvarez en torno a las filtraciones la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), podrán remediar ya el desprestigio y la desconfianza que ha generado en toda la sociedad. Sus palabras el viernes en Gran Canaria al intentar justificarse desaprobando y repugnado las filtraciones sonaban a falsedad calculada. Introducir elementos éticos y afectivos como el dolor infringido a las familias con la visión pública del vídeo filtrado no pueden ser creíbles aunque sean sinceras, sencillamente porque el ultimo y máximo responsable de la seguridad y de la independencia de la Comisión de Investigación es la ministra de Fomento. Sobre su conciencia debe pesar el daño que se ha hecho a las familias y a la investigación, de cuya imparcialidad todos dudaremos siempre, salvo que un juez ponga cordura y razonabilidad en este desaguisado y devuelva la confianza a la sociedad y a los afectados.
Por mucho empeño que ponga Fomento en desvincularse de la Comisión y la Comisión de Fomento, lo cierto es que éste organismo está bajo la tutela de Magdalena Álvarez . Algunos de los altos cargos de la misma son nombramientos del propio Ministerio, como el dimitido representante de los pilotos y los peritos por ella nombrados. Otros, como el propio secretario de la Comisión, son funcionarios adscritos a sus departamentos de Aviación Civil, precisamente el organismo que ahora se hace responsable de investigar las filtraciones por orden, precisamente, de la ministra.
El vídeo del accidente, que tanto daño ha hecho a las familias al revivir cómo murieron sus allegados, lo tenía el Ministerio de Fomento, el juez, la Comisión de Investigación y lo visionó hasta Zapatero antes que nadie. El informe preliminar filtrado lo pasó un alto funcionario de AENA al Ministerio y la mayoría de los miembros independientes de la Comisión de Investigación se enteraron por los medios de comunicación de esas tesis que ya apuntaban a un fallo humano.
La gravedad de este asunto radica en que detrás de cada filtración, existe alguien interesado en colocar a la opinión pública en determinada ruta de pensamiento. La Comisión está expuesta a múltiples intereses de multinacionales con gran poder. En los resultado de la investigación están en juego el prestigio de fabricantes, compañías y gobiernos y estamos hablando de responsabilidades económicas brutales. Hablamos de cifras incalculables que deberán ser abonadas por quien esa comisión apunte como responsable último del accidente. Está en juego el prestigio de marcas como Macdonal o Boeing. Estamos hablando de prestigio internacional y nacional del gobierno de turno en el sostenimiento de las garantías de seguridad en las inspecciones, en este caso Aviación Civil. Está en juego la derivación final del proceso judicial que se orientará, en gran medida, en los informes que emita esta comisión. Están en el ojo del huracán los negocios más potentes de un Gobierno, como son la aviación civil y AENA, en la que múltiples empresas y lobbies intervienen con intereses económicos concretos. A ello hay que sumar el no poco complicado entramado del Ministerio de Fomento en el que intervienen, al calor de las cuantiosas inversiones que desarrolla, muchos intereses y lobbies políticos, lugar éste en el que radica el valor de político de Magdalena.
En todo este complejo entramado de intereses no es de extrañar que aparezca como hipótesis más deseable que la causa del accidente sea un fallo humano de los pilotos y de la compañía Spanair que no revisó determinados sistemas. Se atribuyen los fallos, precisamente, a las partes más débiles de la cadena de intereses.
Ahora, el daño ocasionado es irreversible. Nadie se fía al cien por cien de las conclusiones que surjan de este órgano, sobre todo después de las sucesivas dimisiones de tres de sus miembros, pilotos y peritos por más señas. Y quienes menos motivos tienen para confiar son los afectados del accidente. Al dolor de la muerte masiva, el Ministerio de Fomento ha añadido el dolor de la desconfianza y la sospecha en la lucha contra un complejo sistema de intereses, en el que, con meridiana seguridad, podrán ser engañados si quien tenía que velar por ellos no lo ha hecho debidamente. Esa era su responsabilidad Sr. Ministra.
La decisión política y el derecho del Gobierno de Canarias a pone en marcha la policía autonómica es legítimo. Lo contempla el Estatuto y el Gobierno considera que es necesario reforzar, desde sus competencias, la seguridad en la región. Una cuestión ésta que es discutible, como así ha hecho valer en distintas ocasiones el PP, cuando no gobernaba y se opuso radicalmente a su creación; o el PSOE, cuando, sin gobernar en Canarias mandaba mucho y se comprometió con la Policía Canaria y hasta la convirtió en un objetivo político, si bien es verdad que sin mucha fe. El problema, en este preciso momento, de la Policía autonómica no es su creación, sino la oportunidad para ponerla en marcha y la inoportunidad de presumir hasta de uniformes, en sus muchas variedades, cuando ni tan siquiera se ha hecho la oferta de empleo público para la dotación inicial. La implantación de la Policía Canaria se llevará a cabo en dos fases. Estamos en la primera (2009-2011) en la que el Gobierno regional creará una División de Recursos Operativos, compuesta por 300 miembros que costará 17 millones de euros. Sin mucha prudencia ante los acontecimientos hoy sabemos cómo se vestirán, pero no quienes se vestirán.
La presentación ayer por parte del consejero de la presidencia, José Miguel Ruano, de los uniformes en sus distintas modalidades resultó, siendo venebolentes inoportuno en una coyuntura en la que los ciudadanos castigan la frivolidad en el gasto público, como muy bien reflejan los Presupuestos que ayer mismo presentaba a la opinión pública el mismo Gobierno.
Las circunstancias económicas por las que atraviesa Canarias aconsejan, y así lo vio el propio Gobierno de Canarias, prudencia en la puesta en marcha de la Policía Canaria. A principios de año, cuando las dificultades económicas eran sólo un espejismo, las perspectivas eran otras y el Gobierno nacionalista estaba en disposición de cumplir con su eterna apuesta. La sensibilidad ante la crisis y la falta de apoyo del Gobierno de Madrid merecían más prudencia, sobre todo a la hora de manejar aspectos como la uniformidad en tonos volcan y arena.
Nunca el dolor de la muerte tiene consuelo cuando llega tan violentamente como vino para todos los canarios ese trágico 20 de agosto en ese vuelo que nunca despegó de Barajas. Ayer los canarios supimos enterrar a nuestras víctimas con honra y dignidad. Ni un solo reproche cabe a la ejemplaridad con la que la Iglesia Católica escenificó la esperanza ante tanto dolor en una digna y cercana celebración litúrgica cargada de emoción, ese sentimiento cada día más extraño y al que apelamos ante la desesperación que provoca la incomprensión del rumbo de los acontecimientos. «Cuando no es posible comprender, cuando el dolor es tan crecido que sólo queda acoger y aceptar para seguir viviendo, entonces la presencia cercana y el silencio son más elocuentes que el ruido de los discursos», dijo ayer acertadamente el Obispo de Canarias en su homilía.
Nunca antes esta isla había sentido el dolor de perder a tantos vecinos y amigos en un solo día. La muerte de 79 personas cercanas, muchas de ellas conocidas, ha constituido otro episodio de identidad colectiva que nos sirve, por muy paradójico que parezca, para saber que la sociedad canaria, y la grancanaria en concreto, sigue muy viva y con capacidad para la solidaridad.
Pocas veces los grancanarios podemos conectar como pueblo. Lo hicimos recientemente cuando vimos arder el corazón de Gran Canaria y ahora ante la tragedia de muchos de sus vecinos. El funeral celebrado ayer en Santa Ana conectó con el dolor colectivo que como pueblo hemos sentido y con el de las familias de las víctimas a las que sólo les podemos ofrecer la fuerzas de la esperanza en la vida y la solidaridad.
A pesar de la lejanía en el tiempo, este funeral no evita el dolor, pero sí cierra heridas, incomprensiones y hasta pasiones, algunas desatadas en los laberintos de poder y trasladadas a la sociedad en forma de reproches. Quizás la distancia y el rito colectivo que vivimos ayer permite hoy obviar los reproches porque todos estábamos allí compartiendo el dolor y buscando sentido y esperanza.
Aquí te dejo un pequeño documento, regalo de un amigo al que le gusta regalar sonrisas y que me recuerda siempre que la política es un chiste. Yo no lo creo. La política debe ser seria, pero siempre viene bien una sonrisa. Sólo un chiste.pdf
La foto que el pasado viernes nos proporcionó el presidente del Gobierno, Paulino Rivero con el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Hernández Spinola y Blas Trujillo, es la imagen de una nueva etapa de relaciones y una instantánea que beneficia a todos los canarios por su especial significado en un duro momento en el que los gestos de unidad frente a la crisis económica se valoran más que la crispación y la discrepancia.
Un año y tres meses después de ganadas las elecciones, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue sumergido en el más absoluto caos. La crisis de Guaguas Municipales no es más que otro de los agujeros negros producto de la escasa capacidad de gestión que tiene el equipo de Saavedra.
La crisis de Guaguas se fraguó porque algunos concejales se marcharon de vacaciones y no hicieron sus deberes. En el Ayuntamiento, en distintos departamentos, se sabía con mucha anticipación y por varias comunicaciones de la propia empresa de la falta de liquidez. Es más, el concejal de Hacienda estaba en los consejos de administración en los que se habló de la necesidad de buscar dinero para pagar las nóminas. El propio ayuntamiento sabe que su endeudamiento, por encima de lo que la Ley de Estabilidad Presupuestaria permite, le impedía solicitar créditos con avales. La solución al problema ni tan siquiera vino de dentro del Ayuntamiento. Ningún concejal puede presumir de que ha resuelto el asunto por encargo del alcalde. La solución la trajo alguien de fuera que propuso el crédito y lo otorgó, por cierto, sin ningún aval, ni tan siquiera el del Cabildo Insular de Gran Canaria.
La Justicia y la política judicial española no dan tregua a sus despropósitos. Primero los partidos se reparten el poder en el Consejo General del Poder Judicial; después éste, en un gesto de corporativismo, condena al pago de una multa de 1500 euros al juez que dejó en libertad al presunto asesino de Mari Luz ; ahora el Gobierno de Zapatero propone otra reforma del Código de Derecho Penal para vigilar a los pederastas y terroristas durante 20 años.
La justicia sigue siendo en este país otro de los grandes temas pendientes de una transición y una solución. PSOE y PP simplemente se han puesto de acuerdo a la hora de renovar el CGPJ. Se han repartido, a partes iguales, los sillones en el órgano de gobierno de los jueces y han dejado dos puestos a los nacionalistas vascos y catalanes, bisagras en los conflictos. Han reproducido, exactamente, el esquema político que impera en el Congreso, y las asociaciones judiciales han aceptado. Después de 25 años la reforma a fondo del CGPJ se queda para otro momento. No cabe mayor debilidad de la justicia y descrédito en los próximos años que estar a expensas de los políticos, de sus decisiones y de sus caprichos.
"Indignación", "apaño", "fraude de ley", "estupefacción" son los algunos de los calificativos que reproducía El País obtenidos del colectivo de jueces no inscrito a ninguna asociación judicial y que son la mitad de la carrera judicial. La conservadora y potente APM, vinculada al PP bendecía el acuerdo con los mismos argumentos que la progresista Jueces para la Democracia (JD) vinculada al PSOE.
Ayer, el Consejo saliente, en un gesto de corporativismo al que ya nos tiene acostumbrados (el colectivo de jueces españoles es el menos castigado por las sanciones y por las condenas) acordó sancionar al juez Rafael Tirado, (el famoso juez que no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés) con una multa de 1.500 euros por una falta grave de retraso injustificado en la tramitación de la causa. Otra miseria de la Justicia, incapaz de dignificar su propia situación ni de plantar cara a los sucesivos gobiernos que la han llevado al colapso y a la inoperancia.
Ayer, el Gobierno de Zapatero, un un habitual gesto de cara a la galería (como la inmesa mayoría de los que salen del Ejecutivo) propuso a la 'descolocada' opinión pública, una reforma del Código Penal, que presentará en el Congreso el próximo otoño, en la que se contemplen medidas de libertad vigilada para pederastas y terroristas reincidentes que podrán durar hasta 20 años después de cumplida la condena. Si en 25 años la administración española no ha sido incapaz de poner en manos de la Justicia los medios suficientes para su modernización y no tiene intención de hacerlo más allá de lo que permita un presupuesto escaso, una reforma como la anunciada ayer tampoco será una medida eficaz. El problema del 'caso Mari Luz' es el de siempre: falta de medios y de personal. Falta de medios informáticos que permita a la justicia saber todo sobre un condenado o un detenido. Falta de personal que controle y sostenga los medios.
Así lo han anunciado los ministros de Justicia y de Interior, Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente, tras mantener una reunión en la que han analizado los puntos clave de la reforma del Código Penal, que prevé también que los delitos de terrorismo más graves, como los asesinatos, no prescriban.
Tengo que reconocer que Jerónimo Saavedra, a sus 72 años de edad, le pone salsa a la vida política canaria. Dice que no tiene nada que perder y que la edad le empuja siempre a decir la verdad, además de ser una buena forma de estar en forma con las ilusiones. Ayer y hoy volvió a poner las cosas en su sitio en el PSC.Lo podrá decir más alto pero no más claro: la estrategia de Aguilar es imposible de ejecutar en Canarias. El sistema electoral no permitirá nunca una mayoría absoluta y es indispensable pactar para gobernar. EL PSOE no puede resignarse a ser un partido en la oposición eternamente, y la estrategia de Aguilar pasa por una mayoría imposible y el desprecio absoluto del resto de los partidos con amplia representación canaria y con los que se puede llegar a acuerdos.
El liderazgo social de López Aguilar se sustenta en los votos obtenidos, pero, como muy bien razona Saavedra, un líder se hace en Canarias y el líder no está en Canarias. No acude a las reuniones parlamentarias, no está en las reuniones con con el Gobierno, no recibe los alcaldes ni departe con los presidentes de cabildos. ¿Cómo se va a presentar a las elecciones en Canarias y sostener su liderazgo en las urnas? se pregunta con coherencia Saavedra. Si es elegido parlamentario europeo tiene que dimitir y reproducir la misma situación que ya vivió el PSC cuando decidió ser candidato por la provincia de Las Palmas al Congreso. Desde esta perspectiva es evidente que López Aguilar no está pensando ser el candidato al Gobierno de Canarias en el 2011, pero no quiere dejar el poder. Para Saavedra o se está o no se está y si se está se está con todas las consecuencias.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria va más allá. Critica directamente la gestión interna de Aguilar en el Partido Socialista Canario. El partido no funciona, las agrupaciones insulares van por libres y los estatutos que se preparan dan más libertad a las insulares, que además se quedan fuera de la Ejecutiva Regional, una forma que tiene López Aguilar de quitarse de encima a los sectores críticos con los que tiene serias divergencias.
No hay posibilidad de pacto con CC, por mucho que los críticos digan que ese es el oscuro objeto del deseo de Saavedra y de los que piensan como él. El pacto es de hormigón y el cemento que lo liga es la debilidad de Zapatero en Madrid, incapaz de exigir a CC otro pacto; lo sustenta la debilidad del PP, necesitado del Gobierno de Canarias para sobrevivir, y lo sustenta la comodidad de Coalición Canaria, a la que la situación le ha salvado de la deriva y la crisis.
Poco o nada se oye hablar del congreso de Coalición Canaria. La formación nacionalista aprendió a guardar celosamente sus diferencias internas, lo que no deja de ser un buen síntoma de unidad de criterio y una autodefensa frente al daño que siempre le ha causado a la formación airear sus problemas en público. Los errores que ha llevado al nacionalismo a la perdida de votos y a la división interna contribuyen a la discreción y a un sano ejercicio del consenso que se está notando en las elaboración del trabajo previo a las ponencias que marcarán la pauta de la formación en los próximos años.
La radicalización de los postulados nacionalistas hacia el independentismo que nació en Tenerife ha perdido fuerza como posición a medida que la acción del Estado se ha relajado en Canarias. Contribuyen también a esta flexibilidad las reflexiones sobre los errores cometidos desde el poder y la necesidad de llegar a los votantes que se identifican con la canariedad vinculada al Estado; y por otro lado, no es intención de los restos de CC alejar a los partidos a los que molesta los postulados independentistas. En sus reflexiones los nacionalistas pasan del estado libre asociado a la consideración de un modelo de estado confederado lleno de matices, el primero de ellos el que vincula a Canarias a la Constitución Española y al Estado. Un Estado en el que CC dice que Canarias, como «archipiélago atlántico», debe buscar la coparticipación en las decisiones. Esta posición conciliadora que se adivina en lo que se conoce del trabajo previo en las ponencias marco no será obstáculo para que CC reconozca la «incomodidad de Canarias» el seno de las autonomías y del Estado y contente también a los sectores más radicales.
Donde se adivinan cambios importantes es en su organización interna, sobre todo por el empeño de algunos en introducir un código ético, la exigencia de transparencia a los cargos públicos así como la introducción de un modelo de elección de sus cargos que contará con la militancia política, durante años apartada de la primera línea nacionalista. Una apuesta que de ser admitida ayudará a CC a recuperar el prestigio perdido en estos años.
¿Algo está cambiando en la prensa y en nuestros europeos comportamientos de consumo periodístico o es todo esto pura coincidencia? Me preguntaba el viernes en este mismo espacio. El País se preocupó de la misma cuestión y se hizo la misma pregunta que trató de contestar en una doble página de su edición del domingo. El periódico de PRISA se hace esta pregunta en en mismo periódico que insertó y entregó a sus lectores el PS, ejemplar en el que la ministra de Defensa es portada con su hijo recién nacido en brazos. ¿Algo está cambiando?
Si el Gobierno hubiese cedido a las pretensiones de los sindicatos de profesores en este momento estarían comprometidos 220 millones de euros de los presupuestos de la comunidad que habría que sustraer a otros capítulos. Los profesores habrían incrementado sus sueldos un 16%, frente a la mayoría de los trabajadores de este país que ven con desolación, en el peor de los casos, como tienen que dejar sus puestos de trabajo, o como los sueldos se congelan como medida preventiva para atravesar la crisis económica. El Gobierno, a estas alturas y conociendo la dimensión de la crisis económica, debe estar satisfecho de haber perdido el referéndum que acordaron los sindicatos y la Consejería de Educación. Ese fracaso gubernamental ha evitado la sangría de parte de los ingresos de comunitarios. Quiénes no deben estar muy contentos son los sindicatos que propugnaron el 'no' al acuerdo de Educación y los profesores que votaron. Ahora, con una gruesa crisis económica a nuestras espaldas, se desvanece la posibilidad de un acuerdo sobre la homologación y pierde fuerza moral exigir aumentos de sueldo desproporcionados bajo la amenza de la desestabilización política. Si hubiesen aceptado el acuerdo, el profesor que menos estaría cobrando en su nómina los efectos del mismo verían incrementada en ochenta euros sus ingresos y el que más en 250 euros, un buen pellizco para superar este momento.
Frente a las pretensiones de los sindicatos de profesores, el Gobierno ha actuado con autoridad, defendiendo los intereses generales frente a los intereses de un colectivo que mucho tendrá que cambiar para volver a convencer a la sociedad de que sus planteamientos son justos en el conjunto de la situación por la que atraviesa las islas. Tendrán que convencernos de que sus planteamientos al respecto tienen algo que ver con la necesidad de mejorar la calidad educativa y repercutir en el futuro de las isla, y no con sus exclusivos intereses pecuniarios. Por eso insisto en la coherencia de este Gobierno al enfrentarse al problema. No ha comprometido cifras millonaria para el futuro, hipotecando a los gobiernos que vengan detrás para salvar la legislatura. Hizo un planteamiento razonable con mejoras económicas medidas en función de la necesidades de la comunidad educativa, que ahora no está en la obligación de aplicar porque los profesores votaron en contra. Y por último aplicó medidas de absoluta necesidad para padres que trabajan y para niños que necesitan horas extras para mejorar su formación. Este curso el 54% de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria tendrán apertura temprana. En 370 centros se abrirán las puertas a las 7.00 de la mañana para que los padres que trabajan puedan dejar a sus hijos en el colegio y no solos en casa o sacrificando a parientes o pagando un servicio extra. Esta medida, que cuenta con un presupuesto de 1.030.126 euros, beneficiará a 72.000 niños y a sus familias. El 20% de los centros de Infantil y Primaria tendrán actividades de refuerzo educativo, medida de la que se beneficiarán otros 26.000 alumnos de 137 centros escolares. Paralelamente, según anuncia la Consejería de Educación, en 57 centros de Educación Secundaria se iniciará este curso un programa experimental de actividades de refuerzo educativo que se espera llegue a 2.500 jóvenes. El Gobierno se gastará en estas iniciativas un millón de euros, más varios millones más en otra serie de medidas como el reforzamiento de las segundas lenguas. Ante estas medidas, pedidas a gritos por los padres, los sindicatos deben sonrojarse porque se trata de trabajo remunerado para la mejora de la calidad de la enseñanza y no remuneraciones a cambio de nada para la comunidad.
¿Quién hará este ingente trabajo desde las siete de la mañana en estos centros educativos? ¿Qué profesores se quedarán después de las horas de clase para los refuerzos? Los sindicatos ya han dicho que trabajaran a reglamento. No piensan hacerlo. En este caso, después de ofertar a los profesores que sí quieran, se trata de una decisión personal, el Gobierno deberá acudir a la contratación de más profesores en las listas de interinos, una posibilidad que acogen con mucho entusiasmo quien no tiene trabajo y que ayudará a mejorar las maltrecha cifras de paro que venimos sufriendo y que terminará minando aún más la credibilidad sindical.
Después del embarazo de la ministra española de de Defensa, las altas dignatarias del mundo de la política han saltado a las primeras páginas de los periódicos por su gestación, pero ahora alimentando el escándalo, que es lo que se lleva en Estados Unidos. Lo que no esperábamos es que un diario tan serio como El Mundo llevase a primera página la foto de la ministra francesa Rachira Dati y el desmentido de Aznar sobre la paternidad del niño que ella espera.
La vida privada de los políticos elevada a la categoría de noticia y editoriales de los granes periódicos. En este caso lo que era un rumor en la red y que salió de un periódico digital marroquí sin presencia internacional, se convirtió, como la boda de la Duquesa de Alba, en noticia de alcance y de análisis, pero en este caso de los grandes diarios de información general.
¿Algo está cambiando en la prensa y en nuestros europeos comportamientos de consumo periodístico o es todo esto pura coincidencia?
En Estados Unidos el embarazo de la hija de la candidata conservadora a la vicepresidencia, Sarah Palin, de 17 años de edad, se ha convertido también en un culebrón de feria a cuenta de la moral y las buenas costumbres que enarbolan los demócratas, y digo bien porque están siendo los demócratas los que han llevado al paroxismo las supuestas contradicciones en las convicciones religiosas y morales de de la candidata. Fue noticia de primera y siempre remarcando que la adolescente tiene 17 años, que está embarazada a esa edad, que está soltera y que es hija de una conservadora. Todos los ingredientes del consumo periodístico que nos espera.
Pocas veces los despachos de abogados convocan ruedas de prensa y escenifican con sus clientes su intención jurídica, pero ayer lo hizo el bufete de abogados de Estados Unidos Ribbeck Law para decir que presentó la primera demanda en contra de Boeing, la fabricante del avión de Spanair, en nombre de tres familias que perdieron a siete de sus miembros en el accidente que costó la vida a un total de 154 personas. Es evidente la necesidad publicitaria del bufete en cuestión para atraer clientes entre los familiares de víctimas en Canarias en lo que promete ser uno de los procesos judiciales más importantes de los próximos años y el de más cuantía económica en la historia de la navegación aérea española. Pero al margen de las estrategias publicitarias a la americana de este despacho la demanda tiene un importancia trascendental para el futuro del largo pleito que se avecina. La tiene porque lo que sostiene Ribbeck Law es que la demanda tiene como base "los fallos eléctricos y en los manuales" de operaciones o mantenimiento detectados en los análisis "de los 15 aviones de la serie MD-80 que se han caído" y en la suspensión de más de ocho mil vuelos por este fallo dentro de Estados Unidos. De demostrarse que se trata de un fallo de fabricación el pleito se llevará en Estados Unidos y estamos hablando de cifras que, según los expertos, puede producir un agujero económico importante en Mc Donnel Douglas. Ahora bién, hay que tener en cuenta que los datos que demostrarán la teoría de Ribbeck Law están por llegar con el informe de la 'caja negra' y el peritaje final de los restos del avión. Si estos dos elementos demuestran que se trata de una fallo de fabricación la demanda estará bien puesta, pero si las pruebas remiten a un fallo en el mantenimiento la responsabilidad se dirigirá hacia Spanair y el proceso se dirime en España. Las diferencias son sustanciales, como lo serán si existió responsabilidad civil subsidiaria por negligencia del Estado en su labor inspectora y es una cuestión que los afectados deben tener en cuenta a la hora de valorar los despachos de abogados 'cazaindemnizaciones', como es el que se ha presentado en Las Palmas.
Cuando el obispo de Canarias suspendió el funeral por las víctimas del accidente del Spanair el pasado día 20 en Madrid, a todos nos inquietó. ¿Qué razones de fondo tenía Cases para tomar una decisión del tal calibre que afectaba a la agenda de los Príncipes de Asturias y del mismo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero? Poderosa tenía que ser la razón. En aquel momento se adujo como causa, razonable, que las víctimas no habían sido identificadas y que las familias pidieron el aplazamiento. Una verdad a medias. Las familias de las víctimas se quejaron, pero también es verdad que la propia Iglesia estaba molesta con el baile de fechas que Zapatero animó para la celebración del funeral. El presiente del Gobierno declinó siempre un funeral de Estado argumentando que no existían funcionarios públicos muertos. Una razón legal aceptable. Pero su escaso deseo por una celebración chocaba con el de la Iglesia y el del la Casa Real. La tragedia requiere una muestra de dolor público y sobre todo un punto y final. Se programó para el 1 de septiembre, pero se cambió para el 11, precisamente porque Zapatero no podía estar. Una vez confirmado que en Las Palmas se celebraría el día 30 de agosto y que asistirían los Príncipes de Asturias, Zapatero organiza dos días de estancia en Las Palmas. La jerarquía eclesiástica, ya molesta por la indecisión de Moncloa, decide suspenderlo. Una cuestión que merece ser valorada, porque, hasta ese punto el funeral estaba siendo 'choteado' por los representantes públicos, más allá de la simple necesidad de coordinación institucional. Siguen las reuniones de coordinación con el Obispado de Canarias. Cases es partidario de que se celebre el sábado día 6 de septiembre, antes de las fiestas de El Pino. Argumento más que razonable. Pero una vez más son las agendas de Moncloa las que impiden la celebración. Se cambia la fecha para el día 9 y así lo anuncia públicamente Jerónimo Saavedra. Nuevamente interviene Moncloa. Se dan cuenta de que Zapatero tiene una comparecencia parlamentaria el día 10 y obliga de nuevo al cambio de fecha. Ahora, por lo pronto, y de forma definitiva, se anuncia que por fin el funeral se celebrará el día 19 de septiembre. Algo tarde.
Desde que conozco a Baltasar Garzón está en un juzgado de la Audiencia Nacional. Cosa extraña. Todos los jueces que conozco quieren ascender en su carrera judicial. El problema para Garzón es que la salida del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional supondría una considerable merma en la capacidad de notoriedad pública. No es lo mismo ser magistrado del Supremo en una sala con más de tres magistrados deliberando que 'solito' en un juzgado en el que el juez elige lo que quiere tramitar.
He recibido una reflexión del teólogo Benjamín Forcano sobre cómo vivir en cristiano una tragedia como la que los canarios hemos afrontado con la muerte de 154 personas en el Aeropuerto de Barajas. Te propongo su lectura reposada, merece la pena, tanto si eres creyente como si no lo eres. Creo que la vida y la muerte hay que dotarlas de sentido.
