Un gobierno contra la tormenta

El escenario al que se enfrenta el Gobierno de Canarias el próximo año es el más duro de los que podíamos imaginar. La coalición de Gobierno afronta el desafío de una crisis económica sin precedentes y a una larga etapa de crispación política, ambas íntimamente ligadas. El Gobierno debe tener claro que la situación en Canarias se recrudecerá en los próximos meses, alcanzando un alto grado de tensión y que quien debe mantener la iniciativa es quien asume la responsabilidad de gobernar.
Paulino Rivero, que predijo la crisis económica, (lo que le valió la descalificación por aguafiestas y alarmista) ahora, en el momento de la concreción de las medidas adoptadas, parece que la situación lo coge con el pie cambiado. El Gobierno, que inició la legislatura dando muestras inequívocas de seguridad y autoridad, da la impresión de haber entrado en una fase de turbación, desasosiego y temor. Las decisiones se toman a destiempo, se comunican a la opinión pública de forma confusa, y por si fuera poco, comienzan a detectarse los primeros síntomas de cansancio y de descoordinación interna. La cuestión poblacional, la moratoria, la segunda residencia, las hipotecas y el empleo han abierto debates internos que deben ser entendidos de forma «razonable» porque están ligados a las divergencias ideológicas entre los dos socios de gobierno y a la repercusión de la crisis económica. El problema es que la reflexión llega mal planteada a los ciudadanos. No se transmite la toma decisiones y ni que se tiene la iniciativa, sino que se hacen propuestas inconcretas y se abre todo tipo de debates en torno a las mismas. El propio Ejecutivo, sin proponérselo, abre la puerta a la incertidumbre y a la desconfianza y convierte sus grandes temas en carnaza para la oposición, quien las reduce a ideas claras y simples: «crisis» y «falta de entendimiento» de los socios de gobierno. Brechas éstas que aumentan el desaliento en la opinión pública, ahora menos relajada y muy preocupada con el futuro de las decisiones que se adopten de forma inmediata. La oposición no sólo aprovecha las fisuras sino que, ante la falta de impulso y garra política del Ejecutivo, cuestiona el conjunto de su acción, alienta la disensión interna y crea la necesidad de un nuevo «gobierno de salvación».
El Ejecutivo se enfrenta también a los resultados electorales de Coalición Canaria, que ha entrado en un proceso de reflexión que traerá múltiples crisis entre las distintas tendencias. La deseada reunificación nacionalista recrudecerá el patio político en el nacionalismo no dando ninguna oportunidad a una salida digna para esta consolidada realidad política en Canarias. El Gobierno debería calcular que la situación del Partido Popular a nivel nacional tiene repercusiones en Canarias, con el consiguiente embate institucional y desgaste público. La única oportunidad de respiro que el Gobierno tendrá es la crisis que de modo latente mantienen los socialistas canarios. La irrupción de López Aguilar ha descolocado al partido. Su indecisión y su particular forma de entender la política en Canarias ha impulsado un proceso interno para sacarlo de la escena política. De hecho, tras el debilitamiento de Aguilar en Madrid, se han impuesto acuerdos importantes entre las dos formaciones. Hay un claro acercamiento en el Congreso, una lenta recuperación de las relaciones institucionales entre el Gobierno de Canarias y Madrid, algunos acuerdos de mucho alcance, como el logrado en Cajacanarias para la vicepresidencia y los alcanzados en el Parlamento de Canarias.
A este Gobierno le ha tocado remar contra viento y marea en todos los niveles, especialmente en el político y en el económico. En tiempos de crisis se torna imposible la sensatez política y se abren todas las compuertas al riesgo para la salvación individual. Nadie se parará en barras para lograr sus objetivos y posicionarse. Nadie va a reparar que se pone en peligro las grandes políticas colectivas que necesita el Archipiélago para sobrevivir. En tiempos de crisis sólo cabe agudizar la imaginación, trabajar más, acertar en la toma de decisiones, mantener la coherencia interna y llevar la iniciativa de forma constante. Esta es una responsabilidad que corresponde, en primer lugar, al Gobierno legítimamente constituido.