Hipotecas

Las medidas para paliar la crisis económica, sobre todo las destinadas a ayudas directas a las familias, no se están concretando, y las que se concretan tienen todo el aspecto de un fraude gubernamental. Es el caso de las medidas destinadas a paliar los efectos de las subidas de los tipos de interés en los créditos hipotecarios. Una vez concluyó el primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura, todos los periódicos, locales y nacionales, abrimos nuestras ediciones anunciando que las familias podrían ampliar los plazos de las hipotecas. Desde mayo y hasta 2010, las personas que amplíen el plazo de su hipoteca no pagarán los gastos fiscales, registrales y notariales asociados a este cambio, lo que podría suponer un ahorro de 330 euros en el momento de ampliar el crédito hipotecario. La medida fue acogida con satisfacción. Se trataba de un alivio para las familias. La posibilidad de ampliar el plazo y pagar menos en el primer tramo, el que coincide con la crisis, y no tener gastos por el cambio, era una ventaja a tener en cuenta. Pero a medida que se ha concretado la promesa se han desinflado las esperanzas. El resultado final de la negociación entre el Ministerio de Economía y Hacienda y los representantes de siete asociaciones financieras deja muy tocada esta posibilidad. Quien quiera acogerse estará sometido a la decisión final del banco. Sólo podrán acceder aquellos clientes que el banco crea que son solventes. Sólo las familias que la entidad bancaria considere que necesitan realmente ampliar el plazo de su hipoteca para reducir la cuota mensual podrán acceder a la medida. Los bancos son reticentes porque consideran que es aplazar el problema, puesto que las familias que lo hagan tendrán que pagar mucho más altas las letras al final. Finalmente los notarios y los bancos renuncian a las comisiones de este tipo de operaciones. Es evidente que la decisión final sobre la ampliación del plazo queda en manos del banco. Es evidente que si no existen contrapartidas financieras el interés de las entidades será mínimo, al margen del peligro que corren las familias al desplazar el grueso de la deuda. En este caso, como en otros, ha podido más el afán publicitario del Gobierno que la realidad.
Los errores de cálculos afectan también al Gobierno de Canarias, cuyas promesas contra la crisis están encontrando dificultades de encaje en el escaso margen de maniobra que en este terreno tiene el Ejecutivo. Por lo pronto, la supresión de Impuesto de Sucesiones en un hecho, pero donde hace aguas es también en las ayudas a las hipotecas. El consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, paralizó el compromiso electoral contraído por Paulino Rivero para ayudar a pagar el coste del cambio de las hipotecas de variable a fijo. La medida estaba destinada a proteger de las subidas a las hipotecas de menos de 250.000 euros adquiridas por familias con entradas inferiores a los 30.000 euros. La medida, igual que la del Ejecutivo central, estaba sujeta a convenios con las entidades financieras. Pasados seis meses, las condiciones del mercado han variado sustancialmente y ponerla en marcha supone un gasto que las arcas públicas de la comunidad no pueden soportar.
Habrá que seguir esperando y confiando en la medidas indirectas, las que pretenden espolear el consumo. Habrá que esperar que el plan de Zapatero, ajustado a la tradicional receta socialdemócrata ante las crisis, que consiste en aplicar rebajas fiscales y medidas de gasto para dar aire a la economía, den resultado a corto plazo. El superávit presupuestarios en los últimos años, permite poner en marcha esas recetas. Los 10.000 millones suponen casi la mitad del superávit de 2007, lo que significa una drástica reducción del ahorro del Estado. Habrá que esperar a la dinamización de del sector de la construcción con viviendas de protección oficial y obra pública, cuestiones en las que también coincide el gobierno de Paulino Rivero. Las rebaja fiscal prometida por Zapatero corresponde a la asignación de 400 euros a todos los contribuyentes, con lo que han matado de un tiro a dos pájaros. Tendremos en nuestras cuentas corrientes el dinero prometido en campaña y la promesa de rebajar los impuestos. Una medida que se cobra 5.000 millones de euros del superávit, a los que hay que añadir 1.000 millones más para pagar a los autónomos. Medidas que a simple vista son como clavar un alfiler a un elefante.
En cualquier caso, por ahora, el resultado es desolador para las apuradas familias que sostienen hipotecas y que en un año han subido más de lo esperado. Los partidos que sustentan a ambos gobiernos compitieron en la alocada carrera de medidas directas que generó la campaña electoral, y ahora, al tocar la realidad, los primeros perjudicados somos todos los que nos enfrentamos a las ventanillas de los bancos y de las oficinas públicas en busca de la catarata de ayudas prometidas.