Los 24 años de autonomía son la historia del entendimiento y el acuerdo en la discrepancia, y puesto el resultado en la balanza, el saldo es muy positivo. Son 25 años de democracia y libertad que han dado paso a la época de mayor prosperidad que hemos conocido los canarios. Esta es una historia de entendimiento en tensión. Tensión política y territorial que ha lastrado muchas más posibilidades. Pero si con este lastre hemos logrado llegar hasta aquí con éxito, imaginemos lo que podemos hacer con acuerdos y consensos mínimos de cara al futuro. Resignarse al enfrentamiento político y al territorial es una posición miope. Resta posibilidades para que Canarias tenga más fuerza el mundo y combate la ilusión con la que los canarios asumimos la libertad y la prosperidad y anima a la deserción.
Creo que los acuerdos hoy son sólo una cuestión de sensatez para evitar poner en peligro los logros de muchos años y vencer el miedo al futuro. Hoy mirar al futuro es contemplar a una Canarias abierta al mundo. No tener miedo al futuro es no tener miedo a una mayor autogestión, al mismo tiempo que a reforzar todos nuestros lazos con España y con Europa. No son tiempos de soledad. Son tiempos de mayor responsabilidad y son tiempos de mayores vínculos con quienes estamos unidos por sangre, por cultura y por interés estratégico. Pensar hoy en una Canarias aislada en el Atlántico es someternos a la máxima debilidad y renunciar a nuestro papel en el mundo; un papel que en estos tiempos adquiere una relevancia sustancial frente a los retos del vecino continente. Nos quedan 25 años más. Si la posibilidad de la autonomía trajo entendimiento y una estructura que ha nos permitido crecer, los próximos años son decisivos para las islas. Nos enfrentamos a un tiempo en el que la toma de decisiones definirá el futuro. Territorio, modelo económico, educación y la seguridad del archipiélago esperan el necesario y obligado consenso para poder celebrar el 50 aniversario con el mismo tono positivo.
Archivos Mayo 2008
Sánchez Simón pasó de las palabras a la acción en su intención de buscar un proceso de reflexión dentro del Partido Popular de Canarias. Las dos enmiendas que presentó el martes para ser debatidas en el Congreso que los populares celebran en Valencia tienen un profundo significado político en Canarias. La posición de Sánchez Simón evidencia la brecha abierta con José Manuel Soria y se constituye, ahora de forma pública, una nueva corriente de opinión dispuesta a pasar a la acción después del congreso de valenciano y de cara al regional. Sánchez Simón no hace otra cosa que posicionarse e intentar aglutinar en su entorno a un buen número de militantes y cargos del PP que desde hace algunos años no se sienten a gusto con la gestión del presidente regional ni con la estructura vertical con la que ha venido funcionando el partido en Canarias. Este grupo de descontentos, en el que hay que incluir muchas víctimas del 'larrismo', no constituyen una corriente homogénea, pero les une la marginación que ha sufrido y la exclusión de la vida del partido. Tras el fracaso de las últimas elecciones autonómicas y municipales, el acceso al Gobierno de Canarias y la crisis de José Manuel Soria con su número dos de facto, Larry Álvarez , la militancia del PP en Canarias otorgó una nueva oportunidad al líder y al partido. Se daban claros signos de cambio que, evidentemente, no han sido suficientes para evitar que la discrepancia se concrete en una crisis y en una oferta alternativa que va tomando cuerpo. Un núcleo importante de militantes, que Sánchez Simón simboliza, considera que el cambio en el rumbo del partido y en el talante de sus máximos dirigentes ha sido sólo un acto de constricción sin penitencia. El reparto de cargos en el Gobierno, en el partido y la entrega de Soria a Mariano Rajoy ha hecho que el descontento sea mayor e inevitable la confrontación.
Juan Fernando López Aguilar quedó ayer fuera de protocolo. Es diputado y no supo cuál era el lugar que ocupaba entre las abultadas filas de autoridades que asistieron a la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno. Se escabulló detrás de la plana mayor de la policía, un refugio casi perfecto y acorde con las circunstancias. Un descoloque mayor debió sentir al oír el discurso de Carolina Darias. Insistió la nueva delegada con firmeza en el «consenso y el diálogo» con las administraciones públicas, en clara referencia al Gobierno de Canarias. De la misma manera cuestionó el modelo «alarmista» con el que ha funcionado la seguridad pública. Darias fulminaba así los dos grandes parámetros de la política de Aguilar para Canarias. Dejaba claro cuál es la nueva hoja de ruta establecida por su partido. Mayor turbación debió sentir el líder de los socialistas canarios cuando la ministra de Administraciones Pública, Elena Salgado, en su condición de embajadora plenipotenciaria del Gobierno de Zapatero, volvió a reiterar el rumbo de la política del PSOE: «más diálogo y más consenso» con el Gobierno de Canarias.
El desasosiego de Aguilar era evidente. La foto que se producía en el acto no estaba en su registro. Paulino Rivero y Carolina Darias escenificaban con efusiva satisfacción que había llegado el momento del entendimiento político.
Ayer, Aguilar no sólo quedó fuera de protocolo, su estrategia política quedó aniquilada. A la luz de lo que ayer pasó en la Delegación del Gobierno, si alguien en el PSOE no lo tenía claro, ahora debe entender por qué no entró en el Gobierno de Zapatero y por qué ninguna de las personas a las que avaló políticamente para cargos de responsabilidad han podido entrar.
Pero Aguilar no se rinde. Mientras Darias, Salgado y Rivero escenificaban el nuevo rumbo, él apuntalaba su estrategia devastadora. Ayer mismo animaba a sus pocos fieles a quemar en hoguera de la Justicia a los que considera sus enemigos. Pero ayer, ese PSOE que optó por sumir a Canarias en una constante crispación quedó gravemente tocado en un acto retransmitido en directo y dedicado a los incrédulos.
El Partido Socialista Canaria tiene un rostro con futuro: Carolina Darias. Su elección por designación directa de la María Teresa Fernández de la Vega, al margen de Jerónimo Saavedra y Juan Fernando López Aguilar, como nueva delegada del Gobierno en Canarias la convierte en una pieza clave para el futuro de la nueva etapa de las relaciones del Estado con Canarias y para su ya destartalado partido. Los nuevos tiempos para el PSOE, tras la última y escasa victoria, imponen diálogo, consenso, moderación, dinamismo, juventud, linteligencia y los rostros femeninos. Precisamente el perfil de la personalidad política de Carolina Darias.
Su elección supone la voluntad de una encomienda: administrar los nuevos tiempos para abordar sus propias competencias, -especialmente las relacionadas con la seguridad-, las relaciones con la Comunidad Autónoma y, posiblemente, recoger los fragmentos de su partido en Canarias, fracturado por la cabezonería de su secretario general que no ha sabido interpretar adecuadamente la nueva coyuntura. A Darias le corresponde reponer con autoridad la desolación que ha provocado una política excesivamente extremista y agresiva en materia de seguridad, sobre todo en la lucha contra la corrupción, en la que ha imperado un entusiasmo político que dio pábulo a la desproporción y la desmesura. Los nuevos tiempos que se ha trazado el Gobierno exigen mucho más rigor, menos espectáculo y más ponderación en las decisiones. Las relaciones con la Comunidad será otro de los retos de la nueva delegada en una situación que impone entendimiento y colaboración más que bronca y distanciamiento institucional. Pero la tarea más interesante, la que aún no le han encargado, es la de ser el nuevo referente del PSC. En medio de un cuestionado liderazgo y de históricos elefantes del socialismo canario, Carolina Darias, con el inmenso apoyo y peso del Gobierno y de quien la respalda, podrá constituirse en un auténtico referente con mucho futuro para esos nuevos tiempos.
Me alegro por ella. Es una mujer preparada y estará a la altura de su cargo, pero donde debe dar la talla en en el partido ante la crisis de poder que se avecina en la que ella, sin quererlo, se ha convertido en pieza de trofeo de López Aguilar. Pero la cosa en el Gobierno de Zapatero anda entre mujeres, y me huelo que Juan Fernando nada ha tenido que ver en este nombramiento. La Delegación del Gobierno debía constituir la última demostración de que en Madrid le hacen caso, pero me huele que aunque se adjudica el nombramiento, de eso no hay nada. A Carolina hay que atribuirle más poder en su partido y en Madrid del que realmente creemos que tiene, sobre todo en el lado femenino del Gobierno. A lo mejor este cargo, al que llega por indudables méritos propios, llega también porque sabe estar en Madrid sin Juan Fernando.
No tengo ninguna duda de su valía personal, y de su preparación para el cargo. Lo hará bien. Pero a los socialistas les gusta el 'coleguo' y por eso (sé que Carolina me lo permite) me atrevo a darle un consejo que puede distinguirla de sus antecesores más inmediatos: Jamás tutee a un Jefe Superior de Policía, aunque sea mujer. Tampoco lo haga con ningún alto cargo de la Guardia Civil. No son 'coleguitas'. Son funcionarios que deben estar al servicio del Estado, no del partido.
El escenario al que se enfrenta el Gobierno de Canarias el próximo año es el más duro de los que podíamos imaginar. La coalición de Gobierno afronta el desafío de una crisis económica sin precedentes y a una larga etapa de crispación política, ambas íntimamente ligadas. El Gobierno debe tener claro que la situación en Canarias se recrudecerá en los próximos meses, alcanzando un alto grado de tensión y que quien debe mantener la iniciativa es quien asume la responsabilidad de gobernar.
Paulino Rivero, que predijo la crisis económica, (lo que le valió la descalificación por aguafiestas y alarmista) ahora, en el momento de la concreción de las medidas adoptadas, parece que la situación lo coge con el pie cambiado. El Gobierno, que inició la legislatura dando muestras inequívocas de seguridad y autoridad, da la impresión de haber entrado en una fase de turbación, desasosiego y temor. Las decisiones se toman a destiempo, se comunican a la opinión pública de forma confusa, y por si fuera poco, comienzan a detectarse los primeros síntomas de cansancio y de descoordinación interna. La cuestión poblacional, la moratoria, la segunda residencia, las hipotecas y el empleo han abierto debates internos que deben ser entendidos de forma «razonable» porque están ligados a las divergencias ideológicas entre los dos socios de gobierno y a la repercusión de la crisis económica. El problema es que la reflexión llega mal planteada a los ciudadanos. No se transmite la toma decisiones y ni que se tiene la iniciativa, sino que se hacen propuestas inconcretas y se abre todo tipo de debates en torno a las mismas. El propio Ejecutivo, sin proponérselo, abre la puerta a la incertidumbre y a la desconfianza y convierte sus grandes temas en carnaza para la oposición, quien las reduce a ideas claras y simples: «crisis» y «falta de entendimiento» de los socios de gobierno. Brechas éstas que aumentan el desaliento en la opinión pública, ahora menos relajada y muy preocupada con el futuro de las decisiones que se adopten de forma inmediata. La oposición no sólo aprovecha las fisuras sino que, ante la falta de impulso y garra política del Ejecutivo, cuestiona el conjunto de su acción, alienta la disensión interna y crea la necesidad de un nuevo «gobierno de salvación».
El Ejecutivo se enfrenta también a los resultados electorales de Coalición Canaria, que ha entrado en un proceso de reflexión que traerá múltiples crisis entre las distintas tendencias. La deseada reunificación nacionalista recrudecerá el patio político en el nacionalismo no dando ninguna oportunidad a una salida digna para esta consolidada realidad política en Canarias. El Gobierno debería calcular que la situación del Partido Popular a nivel nacional tiene repercusiones en Canarias, con el consiguiente embate institucional y desgaste público. La única oportunidad de respiro que el Gobierno tendrá es la crisis que de modo latente mantienen los socialistas canarios. La irrupción de López Aguilar ha descolocado al partido. Su indecisión y su particular forma de entender la política en Canarias ha impulsado un proceso interno para sacarlo de la escena política. De hecho, tras el debilitamiento de Aguilar en Madrid, se han impuesto acuerdos importantes entre las dos formaciones. Hay un claro acercamiento en el Congreso, una lenta recuperación de las relaciones institucionales entre el Gobierno de Canarias y Madrid, algunos acuerdos de mucho alcance, como el logrado en Cajacanarias para la vicepresidencia y los alcanzados en el Parlamento de Canarias.
A este Gobierno le ha tocado remar contra viento y marea en todos los niveles, especialmente en el político y en el económico. En tiempos de crisis se torna imposible la sensatez política y se abren todas las compuertas al riesgo para la salvación individual. Nadie se parará en barras para lograr sus objetivos y posicionarse. Nadie va a reparar que se pone en peligro las grandes políticas colectivas que necesita el Archipiélago para sobrevivir. En tiempos de crisis sólo cabe agudizar la imaginación, trabajar más, acertar en la toma de decisiones, mantener la coherencia interna y llevar la iniciativa de forma constante. Esta es una responsabilidad que corresponde, en primer lugar, al Gobierno legítimamente constituido.
La inmensa mayoría de los políticos que han intervenido en los procesos de negociación para la construcción de la prisión en Gran Canaria conocen perfectamente los beneficios que acarrea para la economía de la comarca una infraestructura de estas características. Conocen a la perfección que la teoría vecinal sobre la inseguridad es falsa. Todos, absolutamente todos, tienen en sus despachos la proyección económica de la inversión y las consecuencias directas y positivas que en materia de seguridad proporciona la prisión. A pesar de ello, ninguno levanta la voz lo suficientemente fuerte para imponer mesura. Todo lo contrario, ante el temor reverencial a la presión vecinal, prefieren esconderse. La construcción de esta cárcel de más de mil celdas, más 200 complementarias en áreas como enfermería, ingresos y aislamiento, durará 26 meses, siempre que no surjan retrasos, habituales en una infraestructura de este tipo. Supondrá la contratación directa de 850 a 900 trabajadores. La obra arrastrará la contratación directa de más de sesenta empresas del sector de la construcción y de más de 80 de forma indirecta, a través de subcontratas. La puesta en marcha supondrá unos 700 funcionarios de prisiones, unos cien trabajadores externos y el refuerzo de la seguridad de la zona a cargo de la Guardia Civil. Se trata de unas mil personas que deberán fijar su residencia, lo que supondrá un aumento poblacional importante, con su traducción en el negocio inmobiliario, en el consumo, en el pago de impuestos, etc. La prisión demandará cientos de servicios externos, como limpieza, farmacia, comidas, panadería y todo tipo de material destinado a talleres y escuela. A esto hay que añadir el tránsito por la zona de policías, abogados y familiares de presos. En esos conocidos informes, el Ministerio del Interior refleja que los beneficios netos de una prisión de estas característica puede llegar a los 30 millones de euros anuales para la comarca. ¿Cómo rechazar en plena crisis una inversión de estas características por un puñado de votos, además intencionadamente desinformados?
Las medidas para paliar la crisis económica, sobre todo las destinadas a ayudas directas a las familias, no se están concretando, y las que se concretan tienen todo el aspecto de un fraude gubernamental. Es el caso de las medidas destinadas a paliar los efectos de las subidas de los tipos de interés en los créditos hipotecarios. Una vez concluyó el primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura, todos los periódicos, locales y nacionales, abrimos nuestras ediciones anunciando que las familias podrían ampliar los plazos de las hipotecas. Desde mayo y hasta 2010, las personas que amplíen el plazo de su hipoteca no pagarán los gastos fiscales, registrales y notariales asociados a este cambio, lo que podría suponer un ahorro de 330 euros en el momento de ampliar el crédito hipotecario. La medida fue acogida con satisfacción. Se trataba de un alivio para las familias. La posibilidad de ampliar el plazo y pagar menos en el primer tramo, el que coincide con la crisis, y no tener gastos por el cambio, era una ventaja a tener en cuenta. Pero a medida que se ha concretado la promesa se han desinflado las esperanzas. El resultado final de la negociación entre el Ministerio de Economía y Hacienda y los representantes de siete asociaciones financieras deja muy tocada esta posibilidad. Quien quiera acogerse estará sometido a la decisión final del banco. Sólo podrán acceder aquellos clientes que el banco crea que son solventes. Sólo las familias que la entidad bancaria considere que necesitan realmente ampliar el plazo de su hipoteca para reducir la cuota mensual podrán acceder a la medida. Los bancos son reticentes porque consideran que es aplazar el problema, puesto que las familias que lo hagan tendrán que pagar mucho más altas las letras al final. Finalmente los notarios y los bancos renuncian a las comisiones de este tipo de operaciones. Es evidente que la decisión final sobre la ampliación del plazo queda en manos del banco. Es evidente que si no existen contrapartidas financieras el interés de las entidades será mínimo, al margen del peligro que corren las familias al desplazar el grueso de la deuda. En este caso, como en otros, ha podido más el afán publicitario del Gobierno que la realidad.
Los errores de cálculos afectan también al Gobierno de Canarias, cuyas promesas contra la crisis están encontrando dificultades de encaje en el escaso margen de maniobra que en este terreno tiene el Ejecutivo. Por lo pronto, la supresión de Impuesto de Sucesiones en un hecho, pero donde hace aguas es también en las ayudas a las hipotecas. El consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, paralizó el compromiso electoral contraído por Paulino Rivero para ayudar a pagar el coste del cambio de las hipotecas de variable a fijo. La medida estaba destinada a proteger de las subidas a las hipotecas de menos de 250.000 euros adquiridas por familias con entradas inferiores a los 30.000 euros. La medida, igual que la del Ejecutivo central, estaba sujeta a convenios con las entidades financieras. Pasados seis meses, las condiciones del mercado han variado sustancialmente y ponerla en marcha supone un gasto que las arcas públicas de la comunidad no pueden soportar.
Habrá que seguir esperando y confiando en la medidas indirectas, las que pretenden espolear el consumo. Habrá que esperar que el plan de Zapatero, ajustado a la tradicional receta socialdemócrata ante las crisis, que consiste en aplicar rebajas fiscales y medidas de gasto para dar aire a la economía, den resultado a corto plazo. El superávit presupuestarios en los últimos años, permite poner en marcha esas recetas. Los 10.000 millones suponen casi la mitad del superávit de 2007, lo que significa una drástica reducción del ahorro del Estado. Habrá que esperar a la dinamización de del sector de la construcción con viviendas de protección oficial y obra pública, cuestiones en las que también coincide el gobierno de Paulino Rivero. Las rebaja fiscal prometida por Zapatero corresponde a la asignación de 400 euros a todos los contribuyentes, con lo que han matado de un tiro a dos pájaros. Tendremos en nuestras cuentas corrientes el dinero prometido en campaña y la promesa de rebajar los impuestos. Una medida que se cobra 5.000 millones de euros del superávit, a los que hay que añadir 1.000 millones más para pagar a los autónomos. Medidas que a simple vista son como clavar un alfiler a un elefante.
En cualquier caso, por ahora, el resultado es desolador para las apuradas familias que sostienen hipotecas y que en un año han subido más de lo esperado. Los partidos que sustentan a ambos gobiernos compitieron en la alocada carrera de medidas directas que generó la campaña electoral, y ahora, al tocar la realidad, los primeros perjudicados somos todos los que nos enfrentamos a las ventanillas de los bancos y de las oficinas públicas en busca de la catarata de ayudas prometidas.
Siguen los sindicatos policiales echando leña al fuego de la hoguera que consume a López Aguilar. Ahora resulta que el problema es de convivencia del protegido con los protectores. A pesar de lo humanamente comprensible que puede resultar, no es un argumento de peso y descalifica a los sindicatos policiales que han insistido en esta vertiente de la denuncia por el abuso de la escolta por parte del secretario general de los socialistas canarios. Lo que es realmente importante en este asunto es preguntarse en primer lugar si es proporcionado que Aguilar goce de tanta protección en Canarias, cuando no existe ningun elemento objetivo que indique que los niveles de peligro sean tan elevados; y en segundo lugar, si el ex ministro hace un uso abusivo de los medios que la Policía pone a sus disposición. En el primer caso, los sindicatos saben de lo que hablan y lo han denuciado. En el segundo caso, que yo sepa, subirse al coche de la Policía y usar a los agentes como conductores, no es del todo lícito. Tampoco lo es usar el coche para subir al perro, a los amigos o para la farándulas de media noche, que según cuentan los cabreados escoltas, así ha sido en varias ocasiones, incluyendo alguna Nochebuena.
Saber quién ha movido los hilos para que esta polémica haya saltado a la opinión pública con la clara intención de desgastar la imagen del líder de los socialistas canarios, tiene muy inquieta a una facción del PSOE. El caso es que alguien ha estado muy interesado en que esto salga a la luz, de la misma manera que alguien puso en rotativas el "copia y pega" del programa electoral de Aguilar. El PSOE es en estos días, un sótano lleno de ratoneras. Buscan al que puso en marcha el celo sindical que ha acabado con la imagen de hombre impoluto que tiene Aguilar en su relación con la "cosa pública"; cuando éste ha sido, precisamente, el eje de sus acusaciones al resto de la humanidad política en las Islas. No se tiene el PSOE que tomar tantas molestias porque la opinión pública agradece mucho estos movimientos, sobre todo cuando se trata de conocer aspectos del comportamiento privado de un hombre que públicamente va de pulcro y puro y que no tiene ningún tipo de misericordia para sus enemigos políticos.
