Esa es la pregunta que muchos ciudadanos de la zona norte de Gran Canaria se hacen todos los días en las interminables colas que desde la madrugada se forman para salir de la comarca y para entrar en la capital. Los resultados obtenidos en los tribunales de Justicia por los particulares afectados por el trazado de los tres tramos de la vía sólo viene a corroborar que las distinta administraciones encargadas de la gestión de los trámites han puesto en fila, uno detrás de otro, la mayor lista de despropósitos que hasta la fecha conozcamos. Algunos ya han acusado a la Justicia de «falta de sensibilidad». No hierran el tiro. La Justicia cumple con su deber, y hace bien en ser escrupulosa cuando de garantizar derechos se trata, pero en estos momentos da la impresión de que en los tribunales se imponen los derechos de la troupe de propietarios especuladores, de alcaldes con ánimo especulativo en sus municipios y de ecologistas de nuevo cuño. El celo judicial por los trámites administrativos choca de lleno contra los intereses de miles de personas y del futuro de una comarca entera que debe esperar otros 20 años para tener un acceso digno.
Al celo judicial hay que añadir que algunos alcaldes han metido mano permanentemente en el proceso de diseño de la vía intentando sacar ventajas para los municipios por los que pasa, precisamente los menos afectados, como es el caso de Arucas y Moya. A los intereses municipales se ha unido el ecologismo de nuevo cuño con vocación totalitaria, que desde organizaciones minoritarias imponen, con la carajera y el altavoz que algunos les prestamos, sus criterios a temerosos políticos que valoran más el escándalo que resolver los problemas de la mayoría y de los más necesitados, que en este caso son los miles de ciudadanos que viven entre Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea. Los propietarios de terrenos afectados, aún en el mejor de los supuestos (que no es el caso porque algunos han actuado por motivaciones exclusivamente económicas y políticas), han dado los argumentos. A todos ellos se une una administración que durante años ha cedido a las presiones políticas, ha dudado y no ha sabido gestionar adecuadamente un proyecto de esta envergadura.
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