Hagan la prisión

No conozco ningún centro penitenciario del Estado que se haya construido con el beneplácito inicial de los vecinos ni de los alcaldes. El Ministerio del Interior tiene interiorizado que cada prisión es una cruenta batalla y que, finalmente, debe hacerla a la fuerza. Las obras de muchas prisiones en España se han ejecutado protegidas por la Guardia Civil. La falta de información sobre los efectos que su presencia tiene sobre la seguridad y la economía local es el vehículo político utilizado por los alcaldes que no quieren perder elecciones a costa de una obra que escandaliza a sus votantes.
Lo que no tiene interiorizado el Ministerio del Interior, ni en esta etapa ni en la anterior, es que una infraestructura de este tipo no puede estar sometida a las arbitrariedades y a las conveniencias políticas de cada momento. La historia se ha repetido en Gran Canaria, pero con el agravante de que ya son 15 años de batallas perdidas por el Estado, bien por afinidad y conveniencia política o por enfrentamientos localistas. En todos y cada uno de los pasos dados en estos años, es el Estado el que ha hecho dejación de su responsabilidad. Por algo y para algo el Estado es Estado y tiene competencias estratégicas, como, en este caso la seguridad; y es necesario que, de una vez por todas, ejerza esas competencias por encima de intereses locales y de partido.
En Gran Canaria es imprescindible una prisión y el Estado es el que no debe tener pudor alguno en aplicar todo su poder para construirla. Si a estas alturas no ha logrado consensuar con nadie el lugar para su ubicación, es hora de que proceda a la expropiación de terrenos, a la expropiación de las licencias municipales y de los estudios medioambientales. Esa es una potestad del Consejo de Ministros a la que una y otra vez ha renunciado el Gobierno por pactar, hasta el límite, con los intereses locales. Si no lo hace, no sólo está renunciando a sus competencias, sino que está incurriendo en una grave injusticia con los presos canarios, a los que se condena al hacinamiento y a la lejanía de sus familias, ambas cuestiones derechos constitucionales vulnerados.