La pasada semana todos los periódicos, locales y nacionales, abrimos nuestras ediciones anunciando que las familias podrían ampliar los plazos de las hipotecas. Era una de las tantas medidas que salian del primer Consejo de Ministros de la segunda legislatura de Zapatero. ¿Sabes en qué ha quedado esta medida para los que tenemos hipoteca y estamos interesados en ella?
Los protocolos de actuación policial de protección de personalidades son tan arbitrarios como el hecho de que en Canarias un ex ministro necesite tres escoltas para garantizar su seguridad y la de su domicilio las 24 horas del día, sin que exista un riesgo medianamente evaluable. Es una instrucción del ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, (2/1997 de 28 de enero) dictada a través de la Secretaria de Estado, la que regula la seguridad de personalidades. Una instrucción que nació para poner orden en el desbarajuste de arbitrariedad que en este ámbito dejó el último Gobierno de Felipe González. Basta recordar que la Doña Cayetana de Alba veraneaba en San Sebastián con 40 escoltas pagados por el Estado para que la bien amada duquesa de la izquierda andaluza pudiese disfrutar de sus propiedades en el Norte de España sin riesgo alguna. Lo que hizo Mayor Oreja fue tratar de dar cierto rigor a los criterios por los que se adjudicaba seguridad pública a personalidades, dejando en manos de una comisión de coordinación la elaboración de los mismos. Una comisión que no se reúne desde hace más de tres años, por lo que difílcilmente ha podido establecer criterio técnico alguno. Eso explica que en una región en la que ETA no opera y en la que los riesgos son escasos, un ex ministro como López Aguilar tenga el mismo número de escoltas que un ex ministro que vive en Madrid o en Cataluña, regiones mucho más cercanas a los campos de operaciones terroristas. Eso explica que el Delegado del Gobierno en Madrid tenga escolta y que el de Canarias no los necesite, aunque tiene derecho a ella... si la solicita. No necesita la misma seguridad un ex ministro que viva en el País Vasco que otro que viva en Canarias. Evidentemente, los criterios no pueden ser homogéneos como quiere hacernos ver López Aguilar para encubrir el dispendio de medios públicos que le critica el SUP. Quien en Madrid pone escoltas atiende a criterios, evidentemente arbitrarios; o responde a los favores que se piden a la cúpula policial desde el Gobierno o desde el partido. Esto explica que el Ministerio del Interior esté tratando de poner orden en este asunto. Lo que es un misterio 'desentrañable' es que el sindicato policial más cercano al Gobierno utilice al ex ministro canario como cabeza de turco para abrir un debate sobre este asunto, justo en el mismo momento que lo hace Pérez Rubalcaba.
Publica hoy El País una información firmada por el periodista Fernando Garea en la que analiza cómo Zapatero se ha quitado de encima a los jóvenes diputados que hace 11 años le ayudaron a llegar a la Secretaria General del PSOE, entre ellos Juan Fernando López Aguilar. De él recoge unas declaraciones, que muy a su pesar, denotan el estado de ánimo del derrotado. Dice Aguilar que "este es un trabajo en equipo y una carrera de fondo, y en cada momento se pueden recibir distintos encargos". Añade que se siente "en ascenso" y explica que tiene las tareas relevantes de ser secretario general de los socialistas canarios y delegado en el Consejo de Europa y que no se siente "amortizado ni fuera del equipo de Zapatero". El propio Garea pone las cosas en su sitio: "no ocultan su desilusión. El cargo de presidente de comisión en el Congreso tiene un perfil muy institucional, alejado de la acción parlamentaria. Es un cargo al que se suelen destinar ex ministros en retirada para evitar confrontaciones sobre su gestión y compensarles con complementos al sueldo de diputado, coche oficial y secretaría, entre otras cosas". No lo digo yo.
Creo que no estamos sabiendo modular adecuadamente las ofensivas judiciales. Tarde o temprano alguien tendrá que explicar los abusos del sistema y el uso indiscriminado de la terminología judicial, más apta que ninguno de los lenguajes científicos para dar rienda suelta a la ideología de la sospecha y la purga ideológica. En Canarias es sospechoso o corrupto cualquiera que es tocado por la Policía o por la Justicia. No existe distancia entre una falta administrativa, una prevaricación o un cohecho. No existe precisión entre una denuncia, una querella o una investigación policial. No se distingue entre la ética, la moral, lo reprochable socialmente, o lo condenable penalmente. Se niega a conciencia la precisión jurídica y se crea una realidad paralela sustentada en sensaciones, un auténtico corral de indignidad en el que meter a los enemigos políticos. Y todo ello adornado con florituras ideológicas y teorías que usan las abstractas palancas de la justicia, la transparencia, la honradez y la ética. Para cualquier ciudadano, para cualquier alcalde, para cualquier funcionario, para cualquier empresario... el contacto, por cualquier vía, con la Policía o con los tribunales, es convertirse, de facto, en sospechoso. La condena penal se produce ante lo imposible, lo inaceptable y lo rechazable socialmente. La condena penal es el máximo reproche social, pero para nosotros, para la sociedad canaria, en el último año, este parámetro de la legalidad no coincide. Todo es exactamente lo mismo y todos los que, de una forma u otra, están ante los juzgados por cualquier tema pueden estarlo también en el patíbulo o ante los tribunales populares. Hoy, en Canarias, ser un personaje público o con responsabilidad y tocar con la Justicia es saber de antemano que estás condenado socialmente.
Esta simplona, pero peligrosa, ideología que se ha instalado en una parte de los socialistas canarios, convencidos de que están haciendo la revolución y cambiando los cimientos de la corrupta ciénaga, no sólo monta tribunales populares sino que se empeña en construir mundos idílicos, inexistentes, irreales, no como sueño de sus utopías, sino para, desde esas construcciones, profundizar en la descalificación y en la condena. En ese mundo angelical no hay propiedad privada, ni competencia empresarial, ni tensión de intereses ni de ideas. Los siempre sospechosos empresarios deben presentar sus proyectos en las ventanillas de las administraciones y esperar que los santos funcionarios y los políticos honrados del paraíso den su visto bueno. En ese mundo los políticos deben ir a las instituciones después de hacer los cursillos de ciudadanía, dejar en casa todas sus relaciones, su agenda, su profesión, sus empresas, su experiencia, a sus amigos, y como un alma pura gobernar para la ciudadanía. A estas alturas me pregunto ¿qué vale más para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, el despacho de la alcaldía o el alcalde? ¿Son más valiosos para la sociedad los despachos de Saavedra, de José Miguel Pérez, de Román Rodríguez, de Silverio Matos, de Paco González o ellos mismos y todo lo que han traído a sus puestos de responsabilidad? A estos políticos, sus votantes los valoran por todo lo que son y por todo lo que ha llevado en la mochila de su experiencia a sus despachos. Por todo lo son y aportan, pueden ser cargos públicos electos y eso es precisamente lo que los convierte en vulnerables para los puristas, para los que se empeñan en construir una realidad hipócrita.Todo lo que son lo ponen al servicio de los ciudadanos y todo se lo llevarán a su casa de nuevo, dejando el despacho vacío para el que sea elegido. En una sociedad equilibrada, si se atreven a robar o a prevaricar, el sistema los condenará en los tribunales y los votantes en las urnas, pero en Canarias nos colocamos fuera del sistema y practicamos la condena preventiva. Mantener este estado de cosas no beneficia a nadie. Ahora son los políticos conservadores y algunos empresarios, pero ¿quién nos asegura que no se abrirá la veda para periodistas o para jueces, o para más empresarios? En este sistema todos somos sospechosos. La teoría que impera es que todos estamos en la ciénaga.
No conozco ningún centro penitenciario del Estado que se haya construido con el beneplácito inicial de los vecinos ni de los alcaldes. El Ministerio del Interior tiene interiorizado que cada prisión es una cruenta batalla y que, finalmente, debe hacerla a la fuerza. Las obras de muchas prisiones en España se han ejecutado protegidas por la Guardia Civil. La falta de información sobre los efectos que su presencia tiene sobre la seguridad y la economía local es el vehículo político utilizado por los alcaldes que no quieren perder elecciones a costa de una obra que escandaliza a sus votantes.
Lo que no tiene interiorizado el Ministerio del Interior, ni en esta etapa ni en la anterior, es que una infraestructura de este tipo no puede estar sometida a las arbitrariedades y a las conveniencias políticas de cada momento. La historia se ha repetido en Gran Canaria, pero con el agravante de que ya son 15 años de batallas perdidas por el Estado, bien por afinidad y conveniencia política o por enfrentamientos localistas. En todos y cada uno de los pasos dados en estos años, es el Estado el que ha hecho dejación de su responsabilidad. Por algo y para algo el Estado es Estado y tiene competencias estratégicas, como, en este caso la seguridad; y es necesario que, de una vez por todas, ejerza esas competencias por encima de intereses locales y de partido.
En Gran Canaria es imprescindible una prisión y el Estado es el que no debe tener pudor alguno en aplicar todo su poder para construirla. Si a estas alturas no ha logrado consensuar con nadie el lugar para su ubicación, es hora de que proceda a la expropiación de terrenos, a la expropiación de las licencias municipales y de los estudios medioambientales. Esa es una potestad del Consejo de Ministros a la que una y otra vez ha renunciado el Gobierno por pactar, hasta el límite, con los intereses locales. Si no lo hace, no sólo está renunciando a sus competencias, sino que está incurriendo en una grave injusticia con los presos canarios, a los que se condena al hacinamiento y a la lejanía de sus familias, ambas cuestiones derechos constitucionales vulnerados.
No es razonable lo que está pasando con la educación en Canarias. No es sensato que los docentes quieran equipararse a funcionarios que hacen una labor completamente distinta, como no es equitativo, ni lógico que pidan la homologación sin ninguna contrapartida, sin implicarse más en la ingente tarea de mejorar la calidad de la enseñanza de los canarios. Debe resultar contradictorio para nuestros profesores y sus sindicatos que este Gobierno, al que tanto desprecian, sea el que pide que se abra un debate en torno a la calidad educativa en Canarias. Para nuestros maestros, los que un día sí y otro también venden a la sociedad su compromiso educativo y social, debe ser indecoroso que sea el Gobierno el que los repase por la izquierda y cuestione la jornada continua y se pregunte por las miles de familias sin recursos obligadas a mandar a sus hijos a la calle porque los profesores han colgado el cartel de «no se abre por la tarde». Debe resultarles embarazoso que sea este Gobierno el que proponga volver a abrir los colegios por la tarde, a dar clases de apoyo para que los alumnos que más dificultades tienen tengan una nueva oportunidad. Debe ser bochornoso que sea este Gobierno el que proponga una reformulación de los centros para mejorar su funcionamiento, y debe ser deshonroso que hable de la mejora de la formación de los profesores. Debe ser indigno para los profesores y sus sindicatos que sea este Gobierno el que pida y quiera una mayor implicación de los padres en el sistema educativo. Que sea este Gobierno el que quiera abrir los colegios desde las siete de la mañana para conciliar la vida laboral y familiar.
Incomprensiblemente, nuestros profesores y sus sindicatos piden más dinero, más mejoras y se atrincheran en sus luchas político-ideológicas. Incomprensiblemente, apegados a los viejos esquemas del sindicalismo, se esmeran en manejar los hilos del devenir político, sobre todo cuando fue la voluntad política la que confió en ellos para que hicieran de la educación pública canaria la mejor de las educaciones. Perdieron el encargo, pero no quieren perder el protagonismo político.
a crisis entre los socialistas canarios ya es una evidencia. Lo que era un secreto a voces se ha revelado en la pugna que soterradamente han sostenido por el poder en Madrid y en Canarias. López Aguilar ha buscado desesperadamente cuotas en el nuevo Ejecutivo de Zapatero mientras una importante parte de su partido se ha dedicado, con éxito, a socavar cualquier posibilidad. Aguilar perdió la oportunidad de ser ministro a pesar de sus anuncios y de sus esfuerzos para que sus compañeros de partido y el propio presidente del Gobierno entendiensen la necesidad de mantener la cuota de poder y ejecutar la estrategia de aniquilación del nacionalismo canario y del PP. A pesar de todos los avisos públicos de Aguilar, el viernes se supo que ningún canario entraba en la pedrea del Gobierno para los segundos niveles. Habrá que esperar al próximo viernes. Por si fuera poco, Zapatero otorga a un fontanero de La Moncloa uno de los cargos que más se acercaba al perfil de López Aguilar: el de representante del Gobierno para la Presidencia Europea. Lo ocupará Nicolás Martínez-Fresno y Pavía, hasta ahora director adjunto de Protocolo del Estado.
Ninguno de los anuncios hechos por López Aguilar se ha cumplido. CC y PSOE coinciden en Madrid en una nueva etapa de diálogo institucional mientras en Canarias se multiplican los acuerdos en el Parlamento para la renovación de los órganos de la comunidad. Como promesa mantienen que serán los que controlen la agenda canaria y una poco ortodoxa posición de conseguidores.
En esta soterrada pugna interna, nada más comenzar el reparto del poder, se puso en marcha el aparato escénico con el que hasta la fecha ha operado en Canarias Aguilar. Durante las semanas posteriores a las elecciones, en plena negociación de CC con el PSOE en Madrid, algunos de los casos de corrupción dieron un salto judicial y mediático cualitativo. Ante los continuos fracasos en Madrid, en Canarias se recordaba que ese poder aún está intacto. Este aparataje escénico se trasladó también al ámbito empresarial, donde vuelan las denuncia y se incrementa la tensión.
Ahora el escenario de esa lucha interna se centra en la Delegación el Gobierno. Es el único órgano horizontal que permite mantener los teléfonos abiertos con el Gobierno de la Nación y controlar todo el aparato del Estado en Canarias, especialmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyo protagonismo en la estrategia de López Aguilar en los últimos dos años ha sido clave. No existe razón aparente para echar de la Delegación del Gobierno a Salvador García Llanos, a quien sobra curriculum y experiencia para ejercer en este cargo. Meterlo en la pugna a los tres meses de su nombramiento sólo se justifica por el hecho de que es un hombre de confianza de José Segura, quien poco a poco y de forma significada, junto a Jerónimo Saavedra, se ha apartado de la disciplina del secretario general. De hecho hay que recordar que el propio Aguilar pugnó para evitar el nombramiento de Salvador García Llanos, proponiendo otros nombres a Madrid, entre los que se barajó el del Jefe Superior de Policía de Canarias, Narciso Ortega. La escasa fuerza que Aguilar ha demostrado tener en Madrid permite ahora, a quien esté al frente de la Delegación del Gobierno, ejercer mayor control orgánico en las áreas sobre las que tiene mando directo y sostener una política de entendimiento con el Gobierno canario. Un poder que fue negado a José Segura, que se tuvo que conformar con «dejar hacer» y esperar a tiempos mejores.
Si esta es la hoja de ruta, López Aguilar seguirá dando sensación de poder con los instrumentos que tenga a su alcance hasta la celebración del próximo congreso. Por lo pronto, el plan 'B' pasa por mantener la tensión, para lo que es inprescindible controlar la Delegación del Gobierno y cuestionar la presencia del PP en el Gobierno de Canarias. Ese es el segundo gran paréntesis que abre esta nueva etapa, en la que además, no nos engañemos, coinciden todos los sectores socialistas. Es razonable pensar que si las relaciones entre CC y PSOE son buenas en Madrid, en Canarias, los socialistas, que han propiciado esta nueva situación y han colaborado en alejar a Aguilar, piensen que merecen mandar un poco más, necesiten tensar a CC, crear crisis en el Gobierno de Rivero y convertir al PP en el enemigo más exclusivo.
Esa es la pregunta que muchos ciudadanos de la zona norte de Gran Canaria se hacen todos los días en las interminables colas que desde la madrugada se forman para salir de la comarca y para entrar en la capital. Los resultados obtenidos en los tribunales de Justicia por los particulares afectados por el trazado de los tres tramos de la vía sólo viene a corroborar que las distinta administraciones encargadas de la gestión de los trámites han puesto en fila, uno detrás de otro, la mayor lista de despropósitos que hasta la fecha conozcamos. Algunos ya han acusado a la Justicia de «falta de sensibilidad». No hierran el tiro. La Justicia cumple con su deber, y hace bien en ser escrupulosa cuando de garantizar derechos se trata, pero en estos momentos da la impresión de que en los tribunales se imponen los derechos de la troupe de propietarios especuladores, de alcaldes con ánimo especulativo en sus municipios y de ecologistas de nuevo cuño. El celo judicial por los trámites administrativos choca de lleno contra los intereses de miles de personas y del futuro de una comarca entera que debe esperar otros 20 años para tener un acceso digno.
Al celo judicial hay que añadir que algunos alcaldes han metido mano permanentemente en el proceso de diseño de la vía intentando sacar ventajas para los municipios por los que pasa, precisamente los menos afectados, como es el caso de Arucas y Moya. A los intereses municipales se ha unido el ecologismo de nuevo cuño con vocación totalitaria, que desde organizaciones minoritarias imponen, con la carajera y el altavoz que algunos les prestamos, sus criterios a temerosos políticos que valoran más el escándalo que resolver los problemas de la mayoría y de los más necesitados, que en este caso son los miles de ciudadanos que viven entre Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea. Los propietarios de terrenos afectados, aún en el mejor de los supuestos (que no es el caso porque algunos han actuado por motivaciones exclusivamente económicas y políticas), han dado los argumentos. A todos ellos se une una administración que durante años ha cedido a las presiones políticas, ha dudado y no ha sabido gestionar adecuadamente un proyecto de esta envergadura.
No pudo elegir Ana Oramas mejor escenario que la solemnidad de la tribuna del Congreso de los Diputados y el debate de investidura para reforzar el proyecto del tren de Román Rodríguez. ¿Quiso en nombre de Coalición Canaria hacer un guiño al líder de Nueva Canarias en tiempos de tribulación del nacionalismo? Es un gesto cuya interpretación tiene varias vertientes, pero que fue concebido en el seno de los nacionalistas como un mensaje de reconciliación del nacionalismo en Gran Canaria y como una prueba de buena voluntad hacia los grancanarios. En el seno de CC tienen claro que habrá más gestos, unos visibles y otros a través de mensajes que se hacen llegar desde distintos ámbitos del Gobierno a los alcaldes y a la cúpula de Nueva Canarias. Ahora mismo Román Rodríguez tiene exactamente los mismos problemas que Coalición Canaria en Gran Canaria. Román sabe perfectamente ha tocado techo electoral y que su grupo puede quedar reducido exclusivamente a una fuerza insularista con implantación en Gran Canaria. Sabe que los socialistas los convertirán en cola de león cuando su aspiración era ser cola de ratón. Sus alcaldes no son militantes seguros. Su procedencia y su propia historia los convierte en autonómos. Tienen vida propia estén en el partido que estén. De hecho, el núcleo duro de los alcaldes del Sur han plantado cara a los que llaman "gente de Román" y piensan de ellos que están enrocados en posiciones extremas que impiden el diálogo con el Gobierno de Canarias. El cabildo de Gran Canaria no podrá por si sólo complacer las necesidades de los municipios gobernados por Nueva Canarias y necesitan de la colaboración del gobierno regional para que avancen determinadas infraestructuras. Las diferencias entre el PSOE y NC en San Bartolomé son irreconciliables y en el Cabildo comienzan a ser visibles. No en vano Román Rodríguez se mostró contrario a la contratación de Ojellón como director general de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. El gran sueño del tren no encuentra en el PSOE apoyo suficiente y días después de que José Miguel Pérez compareciera ante los medios de comunicación con Jerónimo Saavedra, Román reclamó su espacio como consejero de Transportes y se plantó en la alcaldía para anunciar un metro . Si las previsiones y los deseos se cumplen, Paulino Rivero abrirá de nuevo el debate sobre el Estatuto de Autonomía, pero en esta ocasión con mayor carga nacionalista. El documento está llamado a servir como base del debate ciudadano y a como causa nacionalista para la unidad, de la que no excluyen, por principio a Nueva Canarias. Tren y Estatuto se convierten así en las claves de dos sueños, el de un futuro debate y el de la deseada unidad del nacionalismo.
Desde que las competencias en materia educativa están en manos del Gobierno canario es la primera vez que se plantea, de forma seria, invertir las relaciones de los padres con el sistema educativo. Ayer, la consejera de Educación hablaba de un plan para la mejora del sistema educativo y de la calidad que se proponía poner en marcha con los padres y con los alumnos. De antemano le digo que puede contar con mi apoyo. Yo soy uno de esos padres que se levanta a las seis de la mañana y que cuando no hay colegio, que son muchos días en el curso, me veo obligado a buscar quién atienda a mis hijas y a pagar para que me ayudan en casa. Soy de esos padres a los que las vacaciones, los días libres y las huelgas de los maestros convierten su vida en un infierno. Tengo que correr mucho durante todo el día para que el puzzle de mi organización familiar y laboral encaje y todo siga funcionando. Pago religiosamente mi asociación de padres de alumnos, pero quien me representa está desmotivado porque el único espacio que le dejan es el de recaudar fondos para las excursiones. A los que voté para el Consejo Escolar se sienten débiles frente al sistema educativo y frente al profesorado, que son los verdaderos dueños de los colegios.
No creo que estas miserias de padre que vivo yo y la inmensa mayoría de los que como yo tienen que afrontar la educación de sus hijos, sean las que han llevado al Gobierno a este cambio de rumbo. No es un milagro de la reflexión que el Gobierno se plante ahora dar protagonismo a los usuarios del sistema. Milagros Gil tiene un grave problema con los más de diez sindicatos que los maestros mantienen en pie y necesita contar con el apoyo de padres y alumnos. Pero bienvenida sea la reflexión para que de una vez se inviertan los términos en los que está basado el sistema educativo en Canarias, en el que mandan, desde hace mucho tiempo, los sindicatos.
