Tras la grave crisis de la dimisión de Carmelo Padrón como concejal de Urbanismo y, a sólo quince días de que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria dijese públicamente que el pasado no existía para su grupo de Gobierno, el grupo socialista se ha lanzado a la polémica a cuenta de una sentencia, de la que deberían guardarse mucho por las consecuencias que de ella se pueden derivar en el ámbito político. No deben olvidar los actuales regidores municipales, que algunas de las grandes deudas que tiene contraídas esta capital, de las que ahora se tiran para hacer oposición, están negociadas en despachos de destacados miembros del PSOE; han beneficiado a clientes de esos despachos y no han sido criticadas por el grupo socialista cuando estaba en la oposición y era el PP el que tenía la responsabilidad de tomar las decisiones.
Este es el caso de los acuerdos alcanzados por Josefa Luzardo con los dueños de El Confital. Ese «convenio estrella» fue negociado en el despacho del que después sería concejal de Urbanismo no electo. Un magnifico acuerdo que la ciudad celebró y al que no se opuso en ningún momento el PSOE. Un acuerdo de compensación, cuyo precio se pagaba con la discutida parcela de la calle Pavía. Y, que casualidad, quien después termina adquiriendo la famosa parcela es también cliente del mismo despacho. El mismo cliente que pidió al actual alcalde más plantas para las torres que allí se han proyectado, asunto sobre el que Padrón, todo hay que decirlo, se inhibió; aunque todos los trámites y los funcionarios que los debían ejecutar, seguían bajo sus órdenes. Todas las actuaciones del PP sobre este asunto, de máximo interés urbanístico y político, eran seguidas muy de cerca, y de forma escrupulosa, por Padrón desde el ámbito privado. Los intereses de sus clientes han sido perfectamente defendidos, como demuestra la eficacia y la rentabilidad de los acuerdos alcanzados con la administración del PP.
Así las cosas, a menos de un mes de su dimisión, aparece una comprometedora sentencia que es usada políticamente para descalificar la gestión del PP en materia de urbanismo. Carmelo Padrón conoce la existencia del pleito, pues el Ayuntamiento comunica a los propietarios de El Confital, que existe una petición de reversión del solar de Pavía por parte de los antiguos propietarios, y éstos no vieron inconveniente alguno en continuar con el convenio. La sentencia lleva fecha de 5 de noviembre, pero se notifica a las partes casi un mes después de ser firmada. ¿Conocía esta sentencia Carmelo Padrón cuando el 28 de diciembre presentó su dimisión? ¿Sabía que su departamento tendría que enfrentarse a cuestiones que afectaban a sus actuaciones desde el ámbito privado y negociadas con el PP? ¿No es acaso este cúmulo de casualidades las que han impulsado a Carmelo Padrón a dejar el Ayuntamiento? Y lo que es más preocupante: ¿tienen algo que ver estos trasiegos desde el ámbito privado al público con transparencia en la gestión inmobiliaria? ¿ Y tiene algo que ver con la ética de la que hace gala el PSOE y especialmente Carmelo Padrón a la hora de enjuiciar a sus contrincantes?
Con estas premisas, el propio alcalde se ocupó esta semana de descalificar al PP y a Josefa Luzardo, a la que llamó «frívola» en la gestión del acuerdo al que hace referencia la sentencia, sin tener en cuenta que cuando Luzardo decide no acceder a la petición de reversión del solar por el cambio de uso, lo hace respaldada por dos informes que le señalan que no ha lugar a la pretensión, porque en 1991 la transacción se hizo por un acuerdo urbanístico y no a través de una expropiación. Uno de los informes lo firma el jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, en aquel momento Antonio Sánchez Tetares, el mismo hombre del que Saavedra, cuando gana las elecciones, dice públicamente que es la persona mejor preparada para ser director del área de Ejecución Urbanística, cargo que ocupa ahora mismo. El alcalde va más allá en sus críticas y no considera que se trata de una sentencia ganada en primera instancia por la institución que preside. No tiene en cuenta que existe un voto particular de una de las magistradas que no está de acuerdo con sus compañeros de Sala y considera que la actuación del Ayuntamiento fue correcta. No se trata de una «frivolidad», sino de una cuestión de legalidad que tiene diversas interpretaciones que no podrán ser resueltas porque está agotada la vía judicial. El alcalde debió actuar con más prudencia institucional y proteger los intereses públicos de la depredación política.
Mientras, al hilo del fallo judicial, otros concejales del grupo de Gobierno, dejaban en el aire acusaciones más o menos veladas, identificando a los propietarios del solar con miembros del Partido Popular. Si hay prueba del algodón en este caso, es que los familiares de Cristina Reyes y de Juan José Cardona, antiguos dueños de la parcela que ha sufrido la transformación urbanística hasta convertirla en apreciable suelo urbano, han ganado el asunto en los tribunales y no en los despachos en los que trabajaban sus familiares del PP.
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