La sociedad tinerfeña mantiene un pacto tácito, desde hace mucho tiempo, en el que están implicados los políticos, los empresarios, la prensa y la ciudadanía. Una especie de «pacto de sangre» por el que nada que beneficie a la isla será objeto de controversia pública, política o económica. Un pacto que ha permitido a nuestros vecinos salir definitivamente de una economía eminentemente agraria y comercial e instalarse en la de servicios, a través de la industria turística. Un «pacto no escrito» que ha permitido que las grandes iniciativas económicas puedan desarrollarse sin ningún tipo de freno. El pacto surge de un nutrido, pero selecto, grupo de empresarios y políticos en torno a la hegemonía de ATI. Los peligros que ha generado este tipo de sociedad, construida durante los últimos 20 años, son evidentes y comienza a hacer mella, resquebrajando el modelo. La excesiva identificación entre políticos y empresarios, el insularismo radical, que ha generado grados de odio hacia el resto del Archipiélago, y la corrupción son ejemplos de la deriva. Pero, como contrapartida, el pacto ha logrado sacar a Tenerife del espantajo de la miseria y ha cambiado la faz de la autonomía, imponiendo un reequilibrio de fuerzas económicas y administrativas sin precedentes.
Mientras esto es lo que ocurre en Tenerife, en Gran Canaria se debaten permanentemente todas y cada una de las iniciativas que se ponen en marcha en todos los ámbitos. La relación de proyectos públicos y privados estancados por una u otra causa, es enorme. Está paralizada la reconversión energética de grancanaria por la ubicación de la planta regasificadora. Está paralizado el desarrollo del Puerto de Arinaga, en el mismo paquete que el gas. Está paralizada la reconversión y los proyectos turísticos de calidad por la pelea que sostienen las instituciones implicadas. Está paralizado el Puerto de la Luz por el mismo motivo. Están paralizadas las carreteras del norte de Gran Canaria por un intervencionismo excesivo de los alcaldes, una mala gestión del Gobierno de Canarias y una excesiva judicialización de la vida pública canaria. Peligra la carretera de la Aldea por la acción de grupos ecologistas que han encontrado perfecto acomodo en este guirigay en el que se ha convertido la isla. Peligra, por intereses políticos, la finalización de la autopista hasta Mogán. Está paralizado el proyecto de dignificación y desarrollo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el Frente Marítimo por una pugna de intereses políticos y empresariales sin precedentes.
Frente al modelo tinerfeño, en Gran Canaria nos encontramos con una clase política radicalizada en sus posiciones y atrincherada en las instituciones en las que gobierna. Nos encontramos con una clase empresarial dividida en múltiples colectivos, asociaciones y lobbies, muchos de ellos arremolinados en torno a los poderes políticos, en los que ven a futuros clientes. Nos encontramos con una sociedad pasiva, sin capacidad para intervenir en la vida pública, más allá de las expresiones de solidaridad ante acontecimientos espectaculares como los incendios del verano. Nos topamos con una Justicia politizada, capaz de actuar a impulsos políticos, con ánimo de cambiar el rumbo de los acontecimientos, no de hacer Justicia. Frente al debate público e institucional, se ha judicializado la vida política y administrativa en Gran Canaria, de tal forma que los grandes proyectos terminan siempre a expensas de los jueces. Pequeños grupos de poder, como ecologistas o asociaciones de vecinos, se imponen a los intereses generales, usando como palanca los tribunales de justicia. Todo un engranaje que está restando agilidad a las medidas que necesita Gran Canaria, no ya para mantener su hegemonía, sino para sobrevivir ante la adversidad de posibles tiempos de tribulación en un futuro más o menos inmediato.
Frente a esta realidad, la clase política grancanaria sigue confiando excesivamente en la vitalidad económica de la isla y en su pluralismo empresarial, político y social. Una confianza que muchos ciudadanos han perdido, y que en esta última etapa política comienza a quebrase de forma definitiva por los brutales enfrentamientos a los que hemos asistido en los últimos años. Enfrentamientos políticos e institucionales que amenazan con paralizar, por mucho tiempo, las escasas iniciativas que se han puesto en marcha para la isla.
Los hechos confirman que esa pluralidad de la que hemos hecho gala no está siendo competitiva frente al intervencionismo y el acuerdo generalizado que reina en Tenerife para la planificación del desarrollo en el que están embarcados. Las sociedades cambian, y en momentos puntuales son necesarios acuerdos que superen las circunstancias y vuelvan a recuperar el carril de la historia.
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