La consejera de Sanida y la de Educación se hicieron ayer una foto muy inspiradora. Son las dos cabezas que los socialistas han decidido tomar para hacer la campaña electoral, con la estimable ayuda de sindicatos y organizaciones indefinidas varias. La foto es casualidad, pero no debería. Tienen razones para la guerra.
Que casi el 60% del presupuesto de la Comunidad canaria esté destinado a educación y sanidad y que en su inmensa mayoria se destine al capítulo 1, es decir, a los sueldos de los profesores y de los profesionales de la medicina, constituye un lastre para la administración pública. Pero es que además es un chantaje insostenible que los presupuestos aumenten en estos servicios año a año en función de los compromisos adquiridos por los sucesisvos gobiernos en las sucesivas oleadas reivindicativas y para dar satisfacción a insaciables peticiones económicas y a otras de carácter político que mejor no mencionar.
Si el ritmo reivindicativo de profesores y sanitarios continua, y la administración sigue adquiriendo compromisos al mismo ritmo, quebrará el sistema educativo y sanitario en pocos años. No es de recibo que los presupuestos estén obligados a crecer un 15% anual para satisfacer el silencio político de sindicatos y coletivos de todo pelaje, que, además, crecen como champiñones, casualmente, en los períodos preelectorales.
A lo largo de estos años los sindicatos y organizaciones cañeras y de intereses de partido han demostrado que sus logros poco han repercutido en los usuarios y sí muy mucho en sus derechos y hasta en sus organizaciones y sus líderes. Ni la asistencia sanitaria ha mejorado sustancialmente, ni la educación es la más eficaz del país. Año tras año, y a pesar de las inversiones en materia de personal y de concesiones sindicales, Canarias sigue estando en las colas de todas las estadísticas estatales. Somos la región con peor servicio sanitario del país y seguimos siendo la región con mayor nivel de fracaso escolar y de abandono. Y una gran parte de la responsabilidad de la mala calidad educativa y sanitaria que sufrimos los padres, alumnos y pacientes, es de los profesores, de los sanitarios y de sus sindicatos; y no sólo de los políticos de turno a los que, si algo hay que reclamarles, es mayor firmeza.
Por responsabilidad pública el Gobierno debe perder el miendo a las carajeras organizadas por sindicatos y organizaciones con intereses políticos. Las facturas de esas algaradas y del miedo del Gobierno son pagadas por los usuarios de estos servicios, alumnos y pacientes y por los contribuyentes. Son a estos usuarios a los que debe responder el Gobierno, a ellos a los que debe su fidelidad, su actuación administrativa y hasta la política.
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