Lo que está pasando en el Puerto es un esperpento democrático. Algunos sectores políticos y mediáticos se han empeñado en hacernos creer que lo que ocurre es una cuestión de funcionamiento democrático, y que son el Gobierno de Canarias y el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas los que están empeñados en manipular la lógica democrática para que los socialistas, a través de los empresarios, no puedan gobernar el Puerto. Creen, quienes así piensan, que el Consejo de Administración del Puerto es como el pleno de un Ayuntamiento, y no lo es. El Puerto y su Consejo tienen una naturaleza democrática bien distinta, que nada tiene que ver con ese engolado empacho democrático con el que el tema es tratado por algunos, que se creen dueños de las esencias del sistema, acostumbrados a dar lecciones con libros de texto comprados en Cuba.
El Consejo de Administración no es en sí mismo un órgano de democracia directa. No se eligen a sus miembros por sufragio universal. Es un órgano administrativo de la estructura del Estado, quien ha decidido que se gestione como una sociedad estatal, en manos de la administración pública, dirigido o gobernado por el Gobierno de turno, que es quien nombra a los representantes del Consejo según sus criterios y los límites legales. Yo no creo que el criterio de ningún gobierno sea dejar la mayoría en manos que no sean las de representación popular, como marcan los cánones del buen funcionamiento democrático, en este caso en manos de los empresarios que solo y exclusivamente se representan a sí mismos. Por so es criticable e inadmisible que los empresarios se empeñen en gobernar el Puerto con una llave otorgado en condiciones excepcionales, en circunstancias bastante alejadas de las condiciones de gobierno que deben presidir este tipo de organismos, por cierto no privatizados. Por eso es correcto, desde el punto de vista democrático, que el Gobierno corrija la situación, porque el Parlamento, La ley o todos los procedimientos y reglas democráticas a las que todos nos sometemos le otorga esta potestad incuestionable. Como sería democrático que se cambie la Ley de Puertos o que se privaticen los puertos.
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