La polémica política con la que se inicia septiembre es sólo el preludio de lo que llegaremos a ver en los próximos meses de campaña electoral para las generales que se celebran en marzo. La actualidad política canaria está marcada por estas elecciones, porque son, en sí mismas, una de las claves para resolver la continuidad del pacto PP-CC. Pero además servirá para evaluar el futuro, a medio plazo, de la continuidad del matrimonio entre derecha y nacionalismo, un matrimonio que, en contra de la creencia socialista, se robustece cada día más en la adversidad. A esta situación se añade otro dato de estimable valor: la irrupción de los socialistas en las instituciones y su fuerza en el Estado convierten estas elecciones en una especie de «última gran batalla », en la que veremos de todo.
Por ello, lo ocurrido esta semana en el Puerto de La Luz no es un simple episodio más. Es un claro ejemplo de cómo se gestionará en los próximos meses instituciones de vital importancia, entre ellas el ayuntamiento capitalino, el Cabildo de Gran Canaria o el Gobierno. Pero además nos permitirá evaluar los comportamientos éticos y regeneracionistas prometidos en la campaña de las municipales y autonómicas por los ahora responsables de esas instituciones. En este breve periodo se retratan gestores que no estaban, como Paulino Rivero, José Miguel Pérez , Jerónimo Saavedra o Román Rodríguez, y existe elementos para medir su gestión; y sobre todo su capacidad democrática para afrontar una dura situación como las que se avecina.
Por ello, visto lo visto esta semana, no está demás reclamar para la ciudadanía un comportamiento «democráticamente merecido» de nuestros gobernantes. Como mínimo que no nos quieran hacer tragar piedras de molino en los planteamientos y debates que trasladen a la opinión pública, como hizo Mayoral en el Puerto la pasada semana. Si Mayoral sabía perfectamente que iba a ser destituido ¿por qué ese empeñó en dejar atrapado el futuro de quien gestionará el Puerto? ¿Por qué el empeño de Saavedra y Pérez en sentarse en ese último consejo? La mesura y ese «merecido comportamiento» que yo reclamo para los ciudadanos, imponía también a Mayoral, no celebrar ese Consejo de Administración y mucho menos llevar a él asuntos de tal calado político y económico como el Frente Marítimo, el Plan Rector del Puerto o quitar las competencias a su sucesor. Como tampoco es democráticamente correcto lanzar todo tipo de sospechas de corrupción sobre sus sucesores al frente de la Autoridad Portuaria para justificar que hay cosas que se deben quedar atadas.
Después de todo esto, si alguien tenía alguna esperanza de que se impondría la necesidad del consenso frente a la crisis del turismo, al planeamiento energético, al futuro de miles de familias hipotecadas, a la necesidad de reactivar la economía debilitada por el parón de la construcción... que la pierda. Es más que probable que asistamos a otro de esos periodos vergonzantes para Canarias, como ocurrió en el Parlamento al final de la legislatura pasada con el cierre por rodillo de comisiones de investigación. En esta ocasión, la única diferencia es que los socialistas entran a formar parte de las conspiraciones políticas desde dentro de las instituciones y harán campaña desde las mismas. El nombramiento de Mayoral fue la avanzadilla del poder emergente. Todos nos fijamos en esta institución como elemento clave del futuro de la gestión socialista. Pero cierran el ciclo de su mandato con comportamientos que en nada desmerecen de los que critican a su rivales políticos.
En episodios como el del Puerto estamos pagando muchos errores de fondo. Estamos pagando la debilidad política del Gobierno del Estado frente a los grupos nacionalistas, que proviene de un sistema electoral que refuerza en el Parlamento a estos grupos y los convierten en llave de la gestión del gobierno. En su primera legislatura, Aznar dio a los nacionalistas catalanes el actual sistema de puertos. Se hace necesario revisar ese status. Pero más allá de La Luz, habría que aclarar, de una vez por todas, nuestro sistema electoral, que permite tristes espectáculos como el ocurrido en el Puerto, producto de la provisionalida que otorga la representatividad en el Parlamento, convirtiendo la política canaria en un juego destructivo que deja demasiadas víctimas: los ciudadanos y las propias instituciones.
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