...y los gatos tocan el piano

Hace más de dos siglos que Europa persigue las promesas del universalismo liberal de la Ilustración: justicia, igualdad, derechos civiles, democracia y publicidad. En menos de seis meses, el Partido Popular ha renunciado a todas ellas.

Que el Gobierno de Mariano Rajoy cargue contra las bases del Estado de Bienestar no sorprende, dada su afinidad al neoliberalismo económico. Prefiere la propiedad privada a la igualdad y la criminalización a la justicia. Mientras que recorta en Sanidad y Educación, perdona el fraude fiscal con una amnistía a la que el delincuente confeso puede acogerse cómodamente desde casa por internet.

Por otra parte, la Ley de Transparencia es, cuando menos, una tomadura de pelo. Son más las excepciones que las inclusiones, con lo que el principio de publicidad, que sigue sin afectar a la Casa Real, se diluye antes que se termine de leer el texto de la norma.

Respecto de los derechos civiles, el pisoteo comenzó con la propuesta para cambiar el Código Penal e incluir la resistencia pasiva. Además, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, pretende eliminar de la asignatura de Educación para la Ciudadanía el respeto al pluralismo y el rechazo a la homofobia. A esto hay que añadir la guerra de Gallardón contra la ley del aborto.

Y por último, el control parlamentario (democracia). Las preguntas y las críticas estorban cuando se pretende convencer a la ciudadanía de que no hay otra política posible, por lo que se prefiere gobernar a golpe de real decreto, sustrayendo el debate a las Cortes. Es de esperar que en breve las declaren gasto inútil y las cierren para ahorrar costes.

@Luisadelrosario

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Lo que dicen: Para el Gobierno de Rajoy, la Sanidad, la Educación y la Función Pública son los tres principales lastres del país y las causas del déficit español. Según la retórica oficial, los estudiantes se aprovechan de los contribuyentes -que vienen a ser sus propios padres trabajadores, pues los ricos ya han sido amnistiados-, con las becas. La Sanidad está en ruinas porque se atiende a inmigrantes sin papeles y porque los ancianos abusan del sistema acopiando optalidones. Y los funcionarios han hundido al Estado porque se pasan el día tomando cafelitos y leyendo el periódico.

Lo que hacen: Los partidos colocaron en el poder judicial a sus amigos que disfrutan de "semanas caribeñas", esto es, trabajan tres días y libran cuatro y cuando se aburren, se van a Marbella con cargo a los presupuestos públicos. Colocaron al frente de Bankia a un señor que cobra millones, contribuye al hundimiento de la entidad, dimite, se le indemniza, se coloca a otro que ya cobró -por adelantado- una pensión de más de 50 millones-, y el nuevo experto concluye su análisis de profundo calado intelectual con un "rescátennos con dinero público".

Entonces, llega el barómetro del CIS y constata que los ciudadanos se sienten ajenos a sus representantes políticos. No confían ni en los que gobiernan, ni en la oposición, y ningún ministro aprueba. A continuación, salen los portavoces y achacan los datos a una mala política de comunicación. Lo dicen en serio, aunque parezca una broma: nadie ha sabido comunicar bien lo que a simple vista se ve, en el mejor de los casos, como un desastre provocado por inútiles con trajes de marca.

@Luisadelrosario

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Cierto director de periódico llega a los 100.000 seguidores en Twitter y como premio promete regalarles su último libro y sus opiniones sobre el 11M. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se va de vacaciones y en un alarde de llaneza filtra a la prensa que se lleva las fiambreras de Moncloa. Un laureado poeta isleño teme que la crisis interrumpa su "epopeya universal canaria" y que las Islas se queden sin su "canto" a las gestas de Pizarro o Hernán Cortes. Y de la reunión del "club de hombres", quizás "nocturnos ", que forman el BCE trascendió la reveladora noticia de su menú.

Que la Modernidad es un proyecto inconcluso es la tesis que defiende el filósofo Jürgen Habermas, martillo pilón de Merkel. Prueba de ello es que el poder político, el intelectual y el económico siguen en el siglo XVIII, aunque utilicen los instrumentos represivos más actuales y anglicismos como tuppers o stock options para parecer modernos.

Estos "poderes" cierran, como decía ayer el sociólogo Manuel Castells, la vía institucional de debate ciudadano y aplican el rodillo de su mayoría para criminalizar la protesta no violenta de movimientos como el #12M15M. Inútil ejercicio para domesticar a la "sociedad civil" del siglo XXI que ha internalizado la democracia desde hace décadas y cuestiona la legitimidad de los privilegios que tan celosamente intentan mantener. Máxime cuando ya no confía, con razón, en unos medios de comunicación más preocupados por mantener el status quo y a sus followers que por informar de lo que verdaderamente se cuece en la calle o por criticar unas instituciones que cada día se vuelven más opresoras.

@Luisadelrosario

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Los recortes económicos del Gobierno de España, que se esfuerza por que creamos que son por nuestro bien con una campaña en Twitter sobre #laverdad, son tan ideológicos como las restricciones que pretende imponer a las libertades cambiando el Código Penal para controlar, dicen, "la violencia callejera".

Las asociaciones Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia advierten de las consecuencias de esta modificación, que nos lleva, denuncian, "de un estado democrático de derecho a un estado penal". La idea es eliminar cualquier acto de protesta, disidencia o crítica incluso en forma de "resistencia pasiva". La estrategia es obvia, elevar a categoría general lo que son solo anécdotas y exagerar hasta el esperpento cualquier acción "incívica". Es algo en lo que los políticos del PP en general, y Esperanza Aguirre, la presidenta madrileña, en particular, no tienen rival.

Los jueces y fiscales progresistas señalan, además, que la lógica de pretender responsabilizar a los sindicatos de los disturbios que puedan producirse en una manifestación conllevaría, con esa lógica, que "los partidos también podrían ser condenados si uno de sus miembros lo es por corrupción", algo que, a buen seguro, no entrará en la reforma.

Decía ayer la vicepresidenta Sáenz de Santamaría que el Gobierno siente "el aliento de un pueblo que nos ha votado y de los militantes que nos habéis dado las ideas". Debería recordar que frente a esos 10 millones de españoles existen otros 26 que podían haberles votado y no lo hicieron, pero tal vez no los quieran escuchar ni siquiera en la calle porque no forman parte de #laverdad.

@Luisadelrosario
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La UE, complacida, considera que el Gobierno de Rajoy "progresa adecuadamente". Este progreso ha consistido en dinamitar las relaciones laborales precarizando el empleo, impedir el acceso a la universidad a todo hijo de pobre, obligar a los pensionistas a repagar por los medicamentos y retirar buena parte de la asistencia sanitaria a los inmigrantes. Para que no todo fueran malas noticias, el progreso también incluye la amnistía a los defraudadores jet-set, la defensa universal de los intereses de una petrolera, la proliferación de puestos de trabajo fantásticamente remunerados a los consortes de la élite del PP y la gubernamentalización de RTVE para ponerla al servicio, otra vez, de los aspirantes a Urdaci.

La consecuencia lógica de todo ello sería la conflictividad de una sociedad que no tiene por qué resignarse a volver a la edad de mantilla y pañoleta con la que sueña el ala más dura del PP y consiente y anima el flanco moderno de los populares. Se trataría de la vuelta a la política después de las décadas de paz social que produjo para las clases medias despolitizadas el Estado de Bienestar. Ahí está, para demostrarlo, la milagrosa resurrección del partido comunista en Andalucía y Asturias. Pero Mariano Rajoy se propone criminalizar cualquier protesta, decretando que llamar a la movilización ciudadana y la resistencia pasiva a la autoridad constituirán delitos. Como si la resistencia al poder no hubiese sido castigada en todo momento y lugar de la historia, o como si a la gente, llegado el momento del hartazgo, le fuera a importar gran cosa que asaltar la Bastilla estuviera castigado por el código penal.

@Luisadelrosario
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Habría que recordarles a nuestros dirigentes -visibles e invisibles, reales y políticos- que los términos que en ciencias sociales se utilizan en la actualidad para definir nuestra sociedad son tardocapitalista y postmetafísica. El primero hace referencia a cuestiones económicas. Es decir, pese a lo que pueda parecer, especialmente tras la reforma laboral del PP y los deseos irrefrenables del neoliberalismo, el capitalismo actual no es el del siglo XIX. Así, el simple hecho de que cambie un gobierno, como creía Rajoy, no da "confianza" a los mercados.

El segundo se refiere a que por muy apocalípticas que parezcan las amenazas, los ciudadanos exigen explicaciones razonadas (argumentadas) y racionales, ejercitan su derecho a la crítica y dudan de la legitimidad de las decisiones gubernamentales. Esto es, no basta con decir "es necesario hacer estos recortes", sino que hay que demostrar con razones que entre las opciones posibles esa es la que mayor consenso suscita por parecer la más correcta. Jefes de Estado y presidentes de Gobierno se deben a la ciudadanía, y ya sea destruir la justicia social a base de recortes o matar elefantes a balazos es susceptible de crítica en el espacio público por lo incorrecto de las acciones.

Foto: lamoncloa.gob.es

Es la época, como dijo Marx, en la que "todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado y los seres humanos, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas". Y con ello toca a su fin la infalibilidad de los mercados y la sacralidad de la majestad.

@Luisadelrosario
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La Semana Santa no le ha sentado bien al Gobierno de Mariano Rajoy, que ha tenido que sacar a pasear en procesión y bajo palio a De Guindos recitando la oración Estamos en la senda correcta. Pero no ha sido suficiente para calmar la ira mercado-celestial, y ha tenido que prometer que el propósito de enmienda incluirá la flagelación pública de la Educación y la Sanidad.

Vista la reforma laboral que ha perpetrado el PP, nada halagüeño puede pronosticarse, máxime cuando hace meses un consejero de una agencia de calificación marcaba la hoja de ruta al Gobierno español en este sentido: recortar, recortar y recortar.

Pero, mirando un poco más allá, tal vez sea el momento de empezar a pensar que Alemania, que es la que marca el paso al resto, simplemente pretende dividir a Europa en dos: los ricos y los pobres, parte esta a la que ya se está acercando Italia, que le hará el viernes una huelga a su gobierno de tecnócratas.

Merkel se ha empeñado en que los "díscolos" hagan acto de contrición sin medir las consecuencias. Lo que recuerda la tortura a la que fue sometida Alemania por parte de los vencedores de la I Guerra Mundial. En aquella ocasión, el Viejo Continente terminó embarcado en otra contienda más sangrienta aún. No obstante esos precedentes, y parafraseando a Brahms, da la impresión de que Europa se encamina sumisamente hacia la tumba.

@Luisadelrosario
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Al Gobierno de Mariano Rajoy le han bastado menos de cien días para poner de acuerdo a sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales en rechazar sus medidas. No es extraño: en tan corto período de tiempo, ha subido impuestos a las rentas más bajas, abaratado el despido y, desde este viernes, ha perdonado a los grandes defraudadores con una amnistía fiscal a la que se le ha venido en llamar, eufemísticamente, "regularización del capital".

Con ella, el Gobierno garantiza el anonimato de los que hasta ayer eran simples delincuentes, que podrán blanquear sin problemas el dinero que han estado defraudando al resto de la ciudadanía, sin que a ésta le quepa siquiera el desahogo de conocer el nombre y apellido de los perpetradores.

Como contraste, resulta hasta pueril la preocupación de la patronal, de algunos medios de comunicación y del PP por el daño que le podía hacer a la imagen de la "marca" España la convocatoria de una huelga general. Según ellos, la imagen no se daña, claro está, por perdonar el fraude fiscal, un delito, porque es exactamente lo mismo que hacen todos nuestros socios europeos, sino, por lo visto, por ejercer un derecho fundamental.

Decían Horkheimer y Adorno que en la cultura moderna la razón queda despojada de su pretensión de validez universal y se asimila al poder del más fuerte. En este caso, de los defraudadores, que forman, este sí, un piquete agresivo cuya violencia no se expresa quemando contenedores. Le basta con mandar a Montoro a arrojar un fósforo al Ministerio de Hacienda y a Cospedal a salir por televisión diciendo que, en realidad, ha sido un accidente.

@Luisadelrosario
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Hace casi medio siglo que irrumpió en las ciencias sociales la teoría de la elección racional. Se trataba de demostrar que los seres humanos actuaban en su vida cotidiana aplicando la lógica económica del coste-beneficio. Esto es: maximizar las ganancias y reducir al mínimo las pérdidas.

Aplicado a la huelga general del próximo 29, consistiría en que o bien hay muchos trabajadores que harán huelga y consiguen dar marcha atrás a la reforma laboral, o bien es un fracaso. Ante esto, un trabajador que estuviese en contra de la reforma laboral podría pensar que si hace huelga y es un éxito, se beneficiaría; pero si no la hace y funciona, también obtendrá los beneficios que se deriven de esta. Por el contrario, si hace huelga y esta es un fracaso, se perjudicará -pierde salario y sus superiores le podrían señalar-. Si no la hace y es un fracaso, se beneficiará porque no habrá perdido ni dinero ni el respeto de la empresa. Conclusión: la mejor opción individual parece la de no hacer huelga. Pero, como en el famoso dilema del prisionero, el beneficio sería mayor si se cooperara, es decir, si todos fueran solidariamente a la huelga.

El problema consiste en que lo que es individualmente racional conduce, por no ser razonable, al fracaso colectivo. Algo de lo que ya se habían dado cuenta los primeros grupos humanos en su lucha por la supervivencia. La diferencia estriba en que dichas comunidades señalaban al "gorrón" y lo apartaban de la comunidad, mientras que, en la actualidad, el neoliberalismo lo ha elevado a la categoría de modelo de éxito social.

@Luisadelrosario
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La primavera árabe y el 15M han sido movimientos de resistencia frente al poder, aun cuando este no tuviera la misma naturaleza. El filósofo Ermanno Vitale, en 'Defenderse del poder', recuerda que la tipología moderna distingue entre el poder económico, el ideológico y el político.

En Egipto, Libia, o Túnez, la población se ha resistido al poder político, pero en Europa el problema es que este ha sido acorralado por los poderes económicos e ideológicos. Y, al menos en la teoría, dice Vitale, no existe experiencia de cómo resistirse a ellos. Por eso, añade el filósofo, cuando se vuelven salvajes y despóticos, el poder contra el que se levanta la ciudadanía es el político, que no ha sabido o querido "someterlos seriamente a normas y principios de una democracia constitucional".

Aunque tradicionalmente la resistencia ha sido un asunto individual y de minorías, a medida que se concentran y confunden los poderes político, económico e ideológico, mayor importancia cobra la movilización colectiva. Y como, según dice la filósofa Amelia Valcárcel, pocas cosas son más prácticas que una buena teoría, Vitale invita a reflexionar sobre la necesidad de que las organizaciones progresistas organicen formas inteligentes e imaginativas de resistencia, dado que, aunque manifestarse o sumarse a una huelga siguen siendo derechos fundamentales en nuestras democracias, es posible que ya no sean suficientes para enfrentarse a los poderes que hoy ostentan la supremacía.

@Luisadelrosario
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