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30 de Octubre 2005

Alquilar o perder la casa

La última idea del Gobierno Zapatero de expropiar aquellas viviendas que, perteneciendo a ciudadanos concretos no estén alquiladas ha causado estupefacción entre numerosos propietarios que se encuentran en esa condición. La propuesta pretendía abaratar los alquileres. Sin embargo, el Gobierno ni siquiera ha podido aprobarla por una sencilla razón: la propiedad privada es intocable en este país.

Viviendas.jpgMiles de ciudadanos tienen más de una vivienda que, en el caso de la segunda residencia, está sin alquilar. Simplemente está a la espera de encontrar el inquilino adecuado o, de otro lado, que los hijos mayores crezcan y opten por su independencia. El Gobierno pretendió esta semana expropiar aquellas casas sin alquilar y así ponerlas en el mercado, se desconoce si gestionadas por el propio Gobierno o por los correspondientes ayuntamientos.

La medida resulta a todas luces disparatada porque las actuaciones que contempla la Ley no van contra las viviendas ya construidas, sino contra los propietarios que hacen acopio de suelo sin ponerlo en el mercado, lo que causa que los precios se disparen. Para ello, la Ley del Suelo contempla la expropiación, una fase a la que no llegan jamás los ayuntamientos españoles, incapaces de hacer cumplir la Ley.

En el caso de los grandes propietarios, los solares que no se construyan en un período razonable de tiempo son expropiados y sacados a concurso nuevamente para que los interesados pujen por ellos con el compromiso de construir viviendas de precios asequibles, una manera real de abaratar el precio del suelo.

En todo caso, al Gobierno le cabe a opción de alquilar esas viviendas vacías, algo que se dio con mucha fuerza en Las Palmas de Gran Canaria en el momento en que del boom se pasó al crack del turismo. Decenas de residencias y apartamentos pequeños sucumbieron, y algunos de ellos pudo haber pasado a engrosar el patrimonio municipal con el fin de servir de residencia a personas con necesidad de vivienda en el municipio.

La razón para la puesta en marcha de medidas contra los pisos vacíos tiene que ver con la política de vivienda desarrollada por las comunidades autónomas, generalmente lamentable. La política de vivienda en Canarias presenta importantes déficit imposibles de cumplir porque los precios a los que se les impone a los constructores desarrollar las fases de viviendas sociales son, sencillamente incumplibles por parte de aquellos que, en consecuencia, no se presentan a los concursos previstos por el Gobierno de Canarias.

Mientras, miles de personas esperan que les llegue el momento de una vivienda digna juzgada su necesidad por unos baremos realmente injustos en muchos de los casos pero que, en todo caso, son los que hay desde hace años. Una cifra de solicitantes que se ha aumentado considerablemente con la llegada de inmigrantes, a los que se les ha hecho un cupo específico para que puedan acceder a una vivienda. De esta manera es más sencillo acceder a una casa como inmigrante que como solicitante con diez años de antigüedad.

La última propuesta a la que se están agarrando los ayuntamientos es la de construir sus viviendas por su cuenta, al margen del Gobierno de Canarias y en suelo municipal, adjudicándolas posteriormente a los más necesitados. El problema siempre es el mismo, los malos resultados económicos de la administración que le impiden convertirse en promotores con ciertas posibilidades de éxito.

Y con esos mimbres hay que hacer las cestas.

Publicado por a las 30 de Octubre 2005 a las 06:57 PM

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