Los controladores aéreos acaban de triturar la economía española. La huelga salvaje lanzada esta tarde es un despropósito de principio a fin que debe obtener una dura contestación por parte de la Fiscalía General del Estado.
No se puede permitir una intromisión en el derecho de los españoles a moverse libremente con artimañas propias de clanes mafiosos, donde el fenómeno de la extorsión tiene muchas maneras de expresarse, desde paros encubiertos a bajas masivas por supuestas dolencias médicas.
Pero si la Fiscalía debe mostrar a todos los españoles el amparo del Estado de Derecho, el ministro de Fomento, José Blanco, debe también presentar su dimisión de forma inmediata.
El costo financiero, en víspera de un puente de larga duración, duele ahora mucho más por la crisis. Blanco hace honor a su apellido y se ha convertido en la diana de los controladores y de los pilotos.
Que el Gobierno tratara hoy de medir su control sobre este colectivo insolidario (con la militarización del cuerpo) exige una respuesta contundente por las instituciones democráticas (partidos, organizaciones empresariales, sindicales...), pero también impone cordura entre sus dirigentes, que deben parecerlo y serlo.
Blanco no es creíble y la ira de las decenas de miles de pasajeros es un argumento de peso para que cambien los interlocutores y, de paso, que la Justicia haga su trabajo exigiendo a los controladores (a todos por igual) daños y perjuicios por un conflicto que perjudica gravemente a la maltrecha economía española.
