Mucha cola (y de la que pega) trae la suspensión de pagos de Fundescan, la división formativa que el sindicato UGT tuvo que articular para impartir los cursos del Icfem.
Corrían los primeros años de los noventa cuando la Federación de Transportes (¿se acuerdan del Pototo?) presentó un agujero de los que hacen historia y que a punto estuvo de costarle la debacle financiera a la territorial que dirigía Miguel Ángel Hernández.
Aquel escándalo se tapó por el bien de la central ugetista y porque había tanto dinero en juego (los cursos del Icfem daban para muchas alegrías) que colocar al sindicato en la lista de morosos equivalía a su defenestración social.
Eran años donde Comisiones Obreras languidecía por la crisis interna de Felipe Martos y donde Coalición Canaria espoleaba al SOC, CANC y STEC para que constituyeran un sindicato nacionalista.
Los dos grandes temblaban hasta el amanecer.
Lo cierto es que la sangre no llegó al río. CCOO se recuperó de sus cenizas con Manuel González Izquierdo. La Intersindical Canaria pasó a ser un espejismo de funcionarios sin un proyecto ideológico serio, salvo contadas excepciones de las que escribiré otro día. Y UGT alcanzó un acuerdo con Francisco Rodríguez Batllori de mediador.
La central socialista se entrampó hasta las cejas y pagó religiosamente la deuda de Transportes. A cambio, el Gobierno regional le brindó una salida para sus cursos formativos, o sea, para su financiación y subsistencia: la solución se llamaba Fundescan.
La Fundación subió como la espuma. Contrató a un gerente muy sensible con los asuntos sociales (José Montesdeoca) y le pidieron a Alicia Rodríguez que reorientara el rumbo de la fundación. Pero Fundescan era una pieza tan apetitosa como peligrosa y a UGT le salió otra piedra en el zapato: la cooperativa de viviendas.
Hernández dejó su puesto en manos de su teniente coronel, Carlos Ucha, que pasó a ejercer un control directo sobre la Fundación. Alicia Rodríguez se apartó con discreción y, mientras la economía canaria navegaba con el viento a favor, las cuentas de Fundescan eran tolerables. Se entendía bien con los directores del Icfem (sobre todo, en la última etapa de Ican, con la majorera Soledad Monzón) hasta el punto de que convenció a los cabildos, como el de Tenerife, para asistir a las mujeres víctimas de la violencia de género.
Fundescan era un gigante. Manejaba entre 4 y 5 millones de presupuesto público al año y daba empleo a 180 personas. La crisis y el uso político que el PSOE le dio a UGT para atizar al Gobierno de Paulino Rivero, tensó las relaciones poco a poco.
El hoy director general del Icfem, Alberto Génova, empezó a hilar fino y sometió a Fundescan a procesos más rígidos acordes a los nuevos tiempos. Comenzó el nerviosismo y Alicia Rodríguez notó que acababa de nacer una opa hostil en las entrañas del sindicato. Sus cuatro años de entrega absoluta caían en saco roto. Evaluó los apoyos y comprobó que nada iba a ser igual. No presentó batalla y Juan Fonte se hizo con la central. Una de sus primeras decisiones fue rescatar del ostracismo a Carlos Ucha y colocarlo (tachín, tachín) al frente de Fundescan.
Contrario a la doctrina sindical (los trapos se lavan en casa), Fonte encargó una auditoría que, en el avance preliminar, desveló que el pasivo de Fundescan llegaba, como una oca a punto de sacrificar, a lo 8,5 millones de euros. ¿Cómo creció tanto? Lo sabremos en breve, pero lo cierto es que la suspensión de pagos de la fundación coloca al sindicato en una coyuntura muy delicada, tanta que este proceso va camino de un juzgado pero no de lo mercantil.
Además, como efecto colateral UGT se ha enfundado ahora la chaqueta más liberal de cuantas hay en el mercado para forzar a los 180 empleados de Fundescan a abandonar su lucha, a que nieguen de sus derechos y, en definitiva, a que renuncien a todo. Menuda cara. ¿Qué diferencia hay entre los despidos de Seat y los de Fundescan? ¿Y el comité de empresa a quien defiende? Una vez más, ¿pueden los sindicatos ser empresarios? Ustedes tienen la respuesta.
