Archivos Enero 2009

Hay funcionarios que nacen para servir al régimen; otros, ni eso y algunos más están tan ansiosos de "meritar" en la compleja red de intereses que rodea al petróleo de Guinea Ecuatorial, que consiguen lo contrario, o sea, perjudicar la imagen de un país que trata de abrirse al exterior, diversificar sus relaciones internacionales y compartir las dádivas de un negocio multimillonario que permite a Malabo extraer cada día medio millón de barriles.

A este tercer supuesto pertenece el cónsul del país africano en Las Palmas, Benjamín Maye, un burócrata temeroso que para nada benefica los aires de cambio del país.

Llegó hace menos de seis meses y su apariciones en actos públicos son numerosas, aunque siempre pregunta si irán periodistas.

Debería aprender de su presidente, Teodoro Obiang, que rompió una lanza en favor de la transparencia informativa cuando (de forma insólita) permitió el acceso de los fotógrafos a la audiencia que le dispensó a los ministros españoles, en octubre de 2006, Miguel Ángel Moratinos y Juan Fernando López Aguilar en una visita histórica que supuso descongelar las relaciones diplomáticas entre los dos países después de una década de hostilidades.

Maye (no confundir con el ex defensa de Las Palmas) da la impresión de ocultar algo, de convertir la nueva impronta de su país en un amasajo de contradicciones que ahuyentan la claridad y el deseo de un gobierno que quiere zafarse de las influencias anglófonas y francófonas que rodean la cuenca del cabo de Guinea.

Penoso favor, desde luego.

A ver si tras el viaje de la Cámara, alguien le dice a este buen señor cómo funcionan las cosas en Europa.

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, la tiene cogida con Canarias y, más en concreto, con Gran Canaria, con su economía, empresas y trabajadores.

Los hechos, como la verdad, son tozudos y por mucho que sus "compis" de partido en las Islas intenten lavarle imagen, la ministra va de cabeza al pozo de las lamentaciones, la crítica y el escarnio.

Primero fue la gran responsable de la quema pública que representó para la capital grancanaria la pérdida de La Gran Marina: 2.200 millones de inversión se fueron al carajo.

 El juez Javier García acreditó, en su fallo (impecable, meticuloso, riguroso...), que el Ministerio carecía de competencia para anular y revisar el proyecto, porque simplemente se trataba de un concurso de ideas. Ni la ministra ni el secretario general de Transportes, Fernando Palao, han pedido disculpas, como sí hicieron con el desaguisado de la nevada. Pero, claro, Canarias no es la metrópoli...

Y ahora, Magdalena se descuelga con el peor de los imposibles. Adjudica la obra de Gando a una constructora que se caracteriza, en este concurso, por concurrir sola, sin la compañía de firmas canarias.

¿Dónde está el Gobierno canario? ¿Y Juan Fernando López Aguilar?  ¿Acaso las constructoras canarias son cómplices de ese universo de corruptela que tanto detesta? ¿Se ha calculado el daño inducido a la economía canaria? ¿Y la Asociación de Empresarios de la Construcción de Jesús García Panasco? ¿Acaso Panasco ya mira a las próximas elecciones patronales?

Cuánta desarticulación...

Nos vemos en Marrakech, ministra.

Lamento tener tan críptico con la Zona Especial Canaria, ZEC, uno de los instrumentos básicos del fuero fiscal isleño.

Ocurre que la ZEC se ha convertido en un búnker de intereses cruzados donde el consejo rector (a excepción de Juan Alberto Martín, cuyo bagaje y aportaciones al PSOE le hacen acreedor de estar al menos un mandato entero) quiere mantenerse en el machito a costa de lo que sea.

De ahí que la poltrona les impida ver las aguas turbulentas que circulan por la ZEC, sobre todo, en unas remuneraciones muy suculentas que están a punto de conocerse.

--¿Cuántos miles de euros dice que cuesta la gestión?

--Espere que le paso el contrato-tipo

...y el vicepresidente, frito por abrir una sede en Madrid para dejar de venir a las Islas.

...Otro día hablo del desplazamiento de empresas hacia Tenerife.

...y Matilde Asián, tan contenta, lamentando entre zumo de naranja y galletas que la prensa tiene mucho poder.

Menudo mal trago sufrió Fernando Fraile este lunes. No se lo merece, la verdad. Poco a poco, a medida que pasa el tiempo, Fraile es un practicante del buenismo. Ha redimido sus penas y ha pagado el escarmiento público de la pesada carga que le devino de los turbios asuntos del Icfem, tan comentados y destripados que no vale la pena volver sobre ellos.

Ocurrió que Fraile se llevó una de las mayores leídas de cartilla que  se recuerdan en la Confederación de Empresarios de Las Palmas. Las tensiones derivadas de la crisis tienen la culpa de la presión que recibe el presidente de la sectorial turística. Asesorado por abogados y empujados por algunos empresarios que ahora se quitan de en medio, Fraile firmó una revisión salarial del 4,5% para 2009. 

Corría el mes de julio de 2008, en plena escalada de precios y barril de petróleo, y durante semanas se convirtió en el mejor ejecutivo de las organizaciones empresariales. Felicitaciones, golpitos en la espalda, incluso promesa de "bonus" a título de complemento salarial... Fraile brillaba más que la patronal misma.

Pero la cuenta de resultados no perdona, ahora que los turoperadores aprietan y que la libra esterlina se ha devaluado un 35% frente el euro. Y Fraile ha pasado de héreo a villano en cuestión de días.

Resulta que otras sectoriales aguantaron la presión sindical y no firmaron revisiones de sueldo. Es más, algunas ya reclaman congelaciones, pero en cambio el turismo y la hostelería deben aplicar mejoras del 4,5% cuando la inflación cerró el pasado año en el 1,8%.

Se lo reprocharon duramente este lunes y el presidente de la Feht sólo atinaba a pedir disculpas. Explicó que la culpa ahora es de Comisiones Obreras, que no cede. 

Moraleja: no se puede ejercer de fraile sin unos años de monaguillo.

Por cierto, ¿sabe ya Sánchez Simón lo que se dijo de él? Más Almax, por favor 

Si usted quiere entender qué motiva una discrepancia, una diferencia o una "puñalada trapera" (que las hay), en el Puerto de Las Palmas, debe girar su mirada hacia Sestiba, la empresa semipública encargada de las cargas y descargas.

Es la empresa que debe 15 millones de euros; es la empresa que obligó a la Autoridad Portuaria a provisionar 7 millones de euros de su beneficio; es la compañía que produce dolores y quebraderos de cabeza a todo el equipo directivo del Puerto; es la empresa, en definitiva, que subordina casi todas las decisiones del Puerto, como que el actual presidente, Javier Sánchez Simón, perdiera una votación decisiva en el consejo de la pasada semana. Y es la empresa (y esto sí es clave) que pondera la subida y bajada de precios.

Durante el mandato de José Manuel Arnaiz, Sestiba pasó desapercibida y eso que fue el periodo donde se implantó la cuota máxima empresarial. Arnaiz estaba entretenido con La Gran Marina y estibadoras y portuarios aprovecharon esa oscuridad para caminar a sus anchas.

Hoy se pagan parte de esos acuerdos pactados en la zona del "reverso". Ya lo expone el informe de la Universidad de Las Palmas: cada euro descargado se transforma en dos cuando pasa la valla.

El viernes va a resultar un día clave en la historia de Sestiba. Las estibadoras no saben dónde sentarse porque está prevista la presencia en el consejo de administración del dirigente sindical Leocadio Mayor. Está incluso invitado Sebastián Grisaleña, el presidente de la patronal. ¡Menudo lío!

Por cierto, ¿sabe ya Sánchez Simón lo que se opinó de su gestión en las tarifas de Sestiba en el comité ejecutivo de la patronal? Si pregunta, que tome primero un sobresito de Almax Forte.

¿Dónde está la llave matarile, rile, rile? Así, camino del fondo del mar, van los exportadores hortofrutícolas de Canarias, que llevan un año esperando las subvenciones al transporte marítimo que, por derecho, les corresponde: 25 millones de euros.

Ocurre que, primero las prometió José Segura, y, después, Carolina Darias y, ahora, vete a saber quién afloja las perras de una bolsa en la que les va la vida a los tomateros.

Tuvieron mala suerte porque entre su petición para lograr un adelanto de las ayudas y la estrechez de miras de la Delegación del Gobierno para asistirlos, la Administración parió una nueva regulación que no termina de aclararse. Sigue en Bruselas el expediente y los tomateros están desesperados. Los bancos aprietan y aprietan...; Madrid promete y promete...; la delegada del Gobierno dilata y dilata..., pero la subvención no llega.

Pedro Galván, el prohombre de los tomateros en Tenerife, debería alzar la voz con la misma potencia que Roberto Goiriz se desgañita en la lucha de los agricultores y exportadores. Aquel error de cálculo sobre los compromisos inmediatos de la Delegación son una pesada carga, igual que esa rabia que los empresarios agrícolas contienen hacia los responsables de Fomento por su actitud mezquina en el tratamiento que recibe Canarias. Más de un operador ha insinuado (y quizás, razón no le falta) que ya le gustaría ver qué hacía Fomento si la ayuda fuera para Valencia o Barcelona. "¿A qué no se atreverían?". Disfruten del buchito, que viene amargo.