Denuncian ante la Fiscalía el CIE de Fuerteventura

La Fiscalía General del Estado recibió ayer una denuncia del Sindicato Obrero Inmigrante en el que piden que se investigue las condiciones del CIE de El Matorral en Fuerteventura, así como que se deje a entrar en los mismos a los medios de comunicación y organizaciones sociales.

Además, según informó el representante del sindicato y responsable de la denuncia, Jesús Hidalgo, esta organización exige el cierre inmediato de CIE de Aluche por el supuesto «maltrato» que están sufriendo los sin papeles en dicho centro de internamiento. Denominan a este centro «uno de los Guantánamo españoles, donde personas que son trabajadoras y que no han cometido ningún tipo de delito están siendo encarceladas y hasta torturadas con mayor severidad que en una cárcel y a un delincuente, sólo por una falta administrativa por no tener una regularidad en su documentación».

Concretamente se denuncia al director y a los responsables políticos y policiales que han actuado, a su juicio, con maltrato, «y la clara vulneración de los derechos de estos compañeros que están encarcelados de forma ilegal». «No se puede permitir que una persona que no ha cometido ningún delito esté a puerta cerrada», exigió.

En dicha denuncia se le harán llegar a la Fiscalía varios anexos, «con pruebas directas de los testimonios de las personas que hay dentro del CIE», que han conseguido compañeros del sindicato en Madrid y en el que se incluye la noticia publicada por ACN Press el pasado 31 de marzo en varios medios de comunicación, recogiendo las denuncias que sobre el CIE de Fuerteventura realizó Sara Prestianni en un informe para el Parlamento Europeo.

«Creo que es importantísimo el trabajo que se ha hecho tanto por esta compañera, denunciando ante la Comisión Europea y el vuestro haciéndolo público para que nos enteráramos, nosotros sabíamos estas condiciones pero nadie le había dado un carácter de noticia dentro de los medios y tampoco por supuesto oficial», declaró al respecto.

El representante del sindicato consideró que "alguien transparente y donde no hay nada que esconder sería un sitio donde pudiéramos entrar todos y ver que aquello está funcionando decentemente como un simple centro para mantener a estas personas mientras que proceden a la repatriación». Asimismo, apunta que en los regimenes de funcionamiento de los CIES se reconoce la interacción con la sociedad y los movimientos sociales, algo que considera «incierto» porque «no se deja entrar a casi nadie».

Detención en Cádiz.

La detención de 20 inmigrantes que hacían cola en la Oficina de Extranjería de Cádiz creyendo que se iba a producir un proceso de regularización extraordinaria ha provocado las críticas de partidos y de organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos y Andalucía Acoge.

Miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se concentraron a mediodía de ayer ante la Oficina de Extranjería de la capital gaditana en protesta por la «injusta» detención de la veintena de inmigrantes subsaharianos que estaban entre los cientos de personas que desde primeros de mes hacen cola allí tras la propagación del bulo. El presidente de la APDHA, Rafael Lara, consideró «brutal» la actitud de la Subdelegación del Gobierno.

Más quejas al defensor del pueblo.

El Defensor del Pueblo ha detectado una «notable subida de quejas en asuntos de inmigración», así como de las investigaciones de oficio abiertas en los últimos años, hasta tal punto que ha obligado a la institución a promover visitas periódicas a Canarias, la costa andaluza y Ceuta y Melilla, que considera los «puntos geográficos donde se producen mayores problemas». El departamento que dirige Enrique Múgica constata la asistencia letrada «en todos los procedimientos posibles» que tienen que ver con este fenómeno.

Las reflexiones de Múgica sobre la inmigración vienen recogidas en el boletín mensual de la institución correspondiente a marzo. El Defensor del Pueblo precisa que las llegadas masivas de inmigrantes son consecuencia del «despegue económico de nuestro país y de la globalización de las relaciones culturales y económicas, ya muy consolidadas».

Tras constatar que se trata de un fenómeno que «no es puntual», el titular de la institución apunta la necesidad de consolidar la asistencia jurídica gratuita «sin distinción de nacionalidades» para tratar estos asuntos. Múgica repesca el informe que la institución presentó en 2005 sobre este derecho en su aplicación a los ciudadanos extranjeros que viven en España, constatando que se lleva a cabo en «todos los procedimientos posibles».

Los apuntes del Defensor del Pueblo en torno a los derechos de los inmigrantes y su asistencia letrada se producen en un momento de debate público sobre la situación de los centros de internamiento.