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C7
Las Palmas de Gran Canaria
En los registros -siempre con la preceptiva autorización judicial-, los investigadores buscaban información sobre las relaciones entre los empresarios que participaron en la operación urbanística de la playa santacrucera y los políticos que tomaron decisiones relevantes para la tramitación del expediente en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La investigación judicial, que está en manos del Tribunal Superior de Justicia dada la condición de aforado del diputado por Tenerife y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, se lleva con el máximo secreto. Según las fuentes consultadas por este periódico, en los registros se requisó abundante documentación cuyo análisis llevará semanas a los agentes policiales, que evacuarán los preceptivos informes a la magistrada instructora, Carla Bellini. Como se recordará, Miguel Zerolo repite como candidato a la Alcaldía y también está en puestos de salida por Coalición Canaria al Parlamento, con lo que, de salir elegido, mantendría su aforamiento.
La operación de Las Teresitas fue analizada durante meses por la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente formuló un escrito de querella presentado ante el Tribunal Superior de Justicia.
Malversar y prevaricar con un acantilado
A lo largo de 63 páginas, la fiscal Anticorrupción María Farnés articuló una querella en la que acusó a políticos y empresarios de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en torno a una operación urbanística que, para más inri, se desarrolló en gran medida en torno a un «acantilado» de escaso valor desde el punto de vista inmobiliario.
Tras la presentación de la querella, Miguel Zerolo dijo ser víctima de una operación política de acoso y derribo de la que responsabilizó directamente al Partido Socialista, al tiempo que arremetió contra la publicación de la querella por parte de los medios de comunicación. En este sentido, la Justicia ha abierto una investigación para determinar el origen de las filtraciones relativas al caso.