Jueces respaldan actuación sobre la custodia de las niñas y denuncian el juicio mediático

La custodia de las niñas correspondía a la madre, pero, con el apoyo de la Fiscalía, se otorgó al padre, con la asunción de una tutela provisional a favor de una tía paterna.

Esta decisión se tomó por ser más beneficioso para las menores, por padecer un SAP (Síndrome de Alienación Parental), mediante el cual la progenitora manipula a las hijas para alejarlas de su ex marido, según expuso la familia paterna ante las denuncias de supuestos malos tratos y abusos sexuales.

Este caso saltó a la luz pública después de que el Foro contra la Violencia de Género apoyara las demandas de la madre e hiciera públicas las denuncias por presuntos abusos sexuales, aunque esas acusaciones, según la familia paterna, son falsas y de hecho fueron desestimadas por falta de pruebas, al igual que todos los recursos presentados.

La Junta de Jueces de Santa Cruz de Tenerife reconoce en un pronunciamiento unánime que la libertad de expresión es un derecho esencial, pero en este caso se asiste "a un juicio mediático paralelo, en el que se vierten opiniones de forma arbitraria, tendenciosa y parcial, reproduciendo argumentos e informes descontextualizados, desconociendo los derechos e intereses de las menores de edad, dignos de la mayor reserva y protección".

Si bien la crítica a las resoluciones judiciales es positiva para el buen funcionamiento de la administración de justicia, los juicios paralelos "se convierten en indeseables instrumentos de presión al servicio de intereses particulares" y por tanto son "inadmisibles" porque "persiguen alterar la formación de la voluntad de los tribunales", indican los magistrados.

La Junta de Jueces se solidariza con la magistrada y considera justificada la solicitud de amparo que, en su caso, pueda dirigir al Consejo General del Poder Judicial.

Este amparo se justifica "no sólo a las noticias y opiniones difundidas, sino también a hechos tan graves como la remisión de comunicaciones de contenido amenazante vía fax o por sms, o la convocatoria de concentraciones no autorizadas en las inmediaciones de los juzgados".

Los magistrados quieren trasladar a la opinión pública "la necesidad de respetar la independencia judicial, las reglas del Estado de Derecho y también, en este caso concreto, los derechos fundamentales de los menores de edad".