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Noemí Santana / Las Palmas de Gran Canaria

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Desde Podemos llevamos tiempo hablando, a nivel nacional y también en Canarias, de que el régimen del 78 se ha agotado y es necesaria una reforma del sistema. Contra los miedos que muchos alientan, como si Podemos buscase una revolución, desde nuestro partido siempre defendemos que nadie puede oponerse a que se hable de todo y volvamos a discutir algunos temas sobre los que es necesario repensar y reflexionar, y hacerlo desde el sentido común.
En Canarias, uno de ellos es, sin duda,  nuestra polémica Ley Electoral. Una Ley que nació como algo temporal pero que se mantiene en el tiempo por la connivencia de aquellos a los que ayuda a perpetuarse en el poder. En su momento, cuando fue aprobado el Estatuto de Autonomía, podía resultar admisible que se tratara de compensar a las islas más pequeñas mediante un sistema como este. Pero debía de ser una solución temporal, y más cuando el tiempo ha demostrado que no ha servido eficazmente para redistribuir la igualdad entre las islas. Hoy, la isla más premiada por el sistema electoral (El Hierro) es a su vez la isla con mayor índice de pobreza de todo el Archipiélago.
Por tanto, si el objetivo de este sistema era tender a la igualdad entre las islas, es evidente que ha fracasado. Existen herramientas como el Estatuto de Autonomía o los Presupuestos Generales que permiten legislar en un sentido que garantice un reparto equitativo de la riqueza. Y los habitantes de El Hierro o de La Gomera quieren ver una igualdad real, que se manifieste donde debe hacerlo, en el reparto de los presupuestos, en infraestructuras y en políticas sociales y de bienestar. Y no en un reparto del voto injusto que de nada les ha servido para equipararse a las islas capitalinas, sino más bien al contrario.
Los datos ya los sabemos todos. En resumen, no es lógico ni democrático un sistema en el que el tercer partido en número de votos es el que gobierna, en el que un 17% de la población elige al 50% de la cámara, en el que a un partido (Podemos) le cuesta 19.000 votos cada escaño, mientras a otro le cuesta 1.700 (ASG), o en el que un partido se queda fuera del Parlamento con más de 50.000 votos. Aplicando solo el sentido común, es evidente que un sistema electoral con estos datos no funciona. Nadie entendería que los goles de un equipo de fútbol valieran más que los de otro. Nadie entendería un sistema educativo en el que, a iguales respuestas, se premiase con mayor nota a unos alumnos respecto a otros. Y así, podríamos poner cientos de ejemplos sobre desigualdades que nadie entendería ni aceptaría como normales a estas alturas de la historia, en pleno año 2015, cuando la igualdad en todos los ámbitos es una prioridad ineludible para cualquier gobierno que se precie.
Desde Podemos no vamos a defender una reforma que solo sirva como parche para paliar un problema que nace de un error. No nos vamos a conformar con bajar las barreras del sistema electoral (unas barreras sobre las que ha habido polémica en el propio Tribunal Constitucional, ya que las legitimó en una sentencia que gran número de juristas han considerado después como una de las peores en la historia de este Tribunal). Tampoco estamos de acuerdo con aumentar el número de diputados, lo que supondría aumentar el gasto en un momento de emergencia social como el que viven nuestras islas. No, eso no son soluciones. No es posible curar un cáncer con aspirinas. No debemos tener miedo a resolver los problemas. Es hora de plantear una respuesta seria a las demandas de la ciudadanía.
Así, nosotros nos inclinamos por una reforma encaminada a garantizar un mínimo de diputados por isla que garantice su representación y una circunscripción archipielágica, y a su vez también, sí, bajar las barreras electorales. En ese camino irá nuestra propuesta, que está siendo trabajada y discutida en el Consejo Ciudadano Autonómico, y que será llevada ante la Asamblea Ciudadana, que será quien, en última instancia la apruebe. Una propuesta que contará, por supuesto, con la participación ciudadana, que es como creemos en Podemos que deben hacerse las cosas.
Desde hace años, con el comienzo de la crisis, el 15-M, los movimientos sociales, la PAH, las Mareas Ciudadanas, los movimientos estudiantiles, y desde luego con los resultados electorales de los últimos comicios, es evidente que la ciudadanía pide un cambio, y que busca mayor legitimidad, participación y representación en el sistema, así como un mayor pluralismo político. Si el sistema le niega al ciudadano una representación justa, el sistema pierde legitimidad. Es obligación de los políticos que gobiernan responder con responsabilidad a las demandas ciudadanas. Antes de que sea tarde y estos ciudadanos pierdan su confianza en el sistema. Más democracia es siempre una buena solución a los problemas y no es algo que deba temer ningún partido. Es la hora del cambio. En muchas cosas, y entre ellas, en el sistema electoral. Sí, se puede.
Por ello, animamos a la participación en las movilizaciones por la Reforma Electoral canaria, este viernes 19 de junio.

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