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Actualizada el 30/08 a las 00:11

'Caso De León': La malversación toma cuerpo

La Justicia investigará la compra de ordenadores con cargo al Gobierno para un posible disfrute personal de la secretaria general

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(Foto: Trino Garriga)

Miguel Becerra.
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J.Mujica / Las Palmas de Gran Canaria

El delito de malversación de fondos públicos cometido, presuntamente, por la secretaria general técnica de la Consejería Economía y Hacienda, Cristina de León, toma forma a medida que avanza la investigación judicial. La compra de ordenadores en un centro comercial es clave.
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La malversación de caudales públicos apuntada por la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife contra Cristina de León no se centra en la implantación de una línea de alta velocidad, sufragada por el Gobierno, tal y como apuntó ayer el portavoz y viceconsejero de Presidencia, Miguel Becerra.

La investigación judicial que se iniciará el mes próximo en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, hará especial hincapié al material informático adquirido por Cristina de León en un importante centro comercial de la capital tinerfeña y endosado, al parecer, al presupuesto de la Comunidad autónoma.

Las pruebas remitidas por la Policía al Ministerio Público, se basan en el registro domiciliario practicado hace seis meses en el domicilio conyugal de Cristina de León y su marido, José Juan Martínez, denunciante de una presunta trama en la figura de su esposa para adjudicar contratos públicos a un operador privado de las telecomunicaciones.

La Fiscalía ha observado indicios para que instruyan diligencias previas. La comprobación de las facturas de los ordenadores y la constatación de quién los pagó, comprometerían a la Consejería de Economía y Hacienda, que se vería obligada a demostrar si alguien de rango superior autorizó esas adquisiciones, según fuentes jurídicas.

La denuncia de Martínez ha dado lugar a la apertura de diligencias informativas en el juzgado, lo que implica que De León, licenciada en Derecho y funcionaria de nivel 30 en la Administración autonómica, declararía en calidad de imputada y acompañada de abogado.

"No hay criterio"

El Gobierno regional se lanzó ayer a defender a la secretaria general de Economía y Hacienda, mientras que al ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnaiz, imputado por desobedecer al Estado, lo ha dejado solo. Miguel Becerra se limitió ayer a responder a los periodistas de la siguiente forma: «No hay criterio».

Becerra (ver información aneja) omitió las referencias al registro policial, la compra de ordenadores y el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. La propia secretaria general sigue guardando silencio seis meses después de estallar el escándalo, aunque su actividad administrativa no ha cesado pese a la disconformidad que puede ocasionar entre la plantilla de la Consejería, como convocar un concurso de más de un millón de euros.

 

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