La crisis abre el debate sobre la reforma del modelo de Estado autonómico

Catedráticos y responsables autonómicos consideran que la crisis económica ha abierto un debate, "todavía incipiente y poco articulado", sobre la reforma del modelo de organización territorial, con planteamientos, a veces, muy opuestos, que se agudizará en los próximos años.

Ésta es una valoración contenida en el "Informe sobre las comunidades autónomas 2011", que edita el Instituto de Derecho Público, recientemente presentado, y en el que colaboran más de 30 catedráticos y profesores de distintas materias, dirigidos por Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona.

Estos especialistas insisten en que la crisis económica, "instalada sin que se atisbe su final", ha marcado todo 2011 y ha incidido de "forma determinante" en el funcionamiento del Estado de las Autonomías.

La recesión y la necesidad de contar con un Gobierno reforzado en las urnas llevó a adelantar las elecciones generales al 20 de noviembre, con una "aplastante victoria" del PP, pérdida "muy importante" de votos para el PSOE y mejoras significativas de IU, UPyD y los partidos de ámbito no estatal, añaden.

Este resultado, unido a los "positivos resultados" del PP en las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2011, le otorgan "la mayor cota de poder político" detentado por un partido en la democracia.

Para los expertos, ese nuevo reparto de poder supone para el PP un gran éxito y una gran responsabilidad, y comporta la configuración de un nuevo escenario de relaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, en el que la posición de los partidos nacionalistas "cobra particular interés".

A su juicio, la crisis ha marcado la agenda del Ejecutivo central y de los autonómicos y ha permitido acometer en un tiempo récord la reforma del artículo 135 de la Constitución para reforzar el principio de estabilidad presupuestaria.

Precisan que, "bajo el dictado de las instituciones y mercados internacionales", todos los poderes territoriales han asumido como tarea prioritaria la clarificación de sus cuentas públicas y la contención del déficit.

Aprecian que las autonomías se han visto abocadas a tener que afrontar una situación especialmente dura, ya que la caída de los ingresos y la prohibición de mayores endeudamientos las ha obligado a actuar sobre áreas particularmente sensibles para la ciudadanía.

Se refieren a los recortes en los salarios del personal a su servicio y a la medidas de reorganización y simplificación, que se han relevado "relativamente insuficientes" para alcanzar lo exigido en materia de contención de déficit.

Como consecuencia de lo anterior, destacan los expertos, han tenido que empezar a recortar prestaciones sociales, especialmente en sanidad, educación y servicios sociales.

Aluden a "importantes sectores del mundo económico" que cuestionan la eficacia del modelo de distribución competencial en materias económicas, critican la complejidad normativa, las duplicidades organizativas y la falta de seguridad jurídica por las discrepancias en la ejecución de normas estatales y por las continuas reformas reguladoras.

En el informe, de más de 1.100 páginas, se destaca que algunas comunidades han apelado a la necesidad de reordenar el sistema de distribución competencial, proponiendo, incluso, la posibilidad de renunciar al ejercicio de determinadas competencias.

El motivo es que la gestión descentralizada ha resultado ineficaz y no reciben los fondos suficientes para poder hacer frente a una prestación de calidad de las competencias asumidas.

"Se apunta un cierto revisionismo -agregan-, que si bien se ha denominado genéricamente de recentralizador responde también en ocasiones a una propuesta de racionalizar la organización territorial para adaptarla a las necesidades actuales tras más de 30 años de funcionamiento" del modelo.

Por éstas y otras circunstancias, estiman que las reformas estatutarias iniciadas en 2006 no han servido para clarificar de forma pacífica los respectivos niveles de poder y la litigiosidad entre el Estado y las comunidades se mantiene en los mismos niveles que en años anteriores.

Este grupo de expertos echa en falta un debate plural y amplio sobre una posible reforma del modelo constitucional, para adecuarlo a las necesidades actuales, "respetando como ejes centrales los principios de unidad y autonomía".