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Los casos de corrupción dejan a 4 personas en la cárcel y una treintena de imputados

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EFE / Las Palmas de Gran Canaria

Los casos de corrupción abiertos recientemente por los tribunales canarios se han saldado, de momento, con el ingreso en prisión de cuatro personas y la imputación a una treintena, entre políticos, funcionarios, magistrados, empresarios y ejecutivos.
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El primero de los casos que saltó a la luz pública fue el asunto conocido como el de la "trama eólica", por las presuntas irregularidades advertidas en la convocatoria de un concurso eólico en Canarias, y que se inició con la detención de siete personas el pasado 8 de febrero.

Este asunto, que fue investigado a raíz de una denuncia de un empresario, motivó el ingreso en prisión el pasado 14 de febrero del ex director general de Industria del Gobierno canario Celso Perdomo (PP), y su novia, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana.

A Perdomo se le imputan delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada, mientras que a Mónica Quintana se le atribuyen delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.

En la causa, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria, Miguel Angel Parramón, figuran además como imputados otras doce personas.

La investigación de este caso originó, asimismo, la apertura de diligencias previas contra el presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, quien fue apartado de su cargo de manera cautelar por presuntos favores judiciales a un narcotraficante.

Estas presuntas ilegalidades fueron conocidas a partir de las escuchas telefónicas que se siguieron en la investigación de la trama eólica, en la que se vio implicado el magistrado, a quien el Consejo General del Poder Judicial le ha abierto un expediente disciplinario por tres posibles faltas graves.

En la trama eólica figuran también como imputados el jefe de área de la Dirección General de Industria del Gobierno canario, Honorato López y el director comercial del Unelco, José Antonio Lucendo.

Están presuntamente implicados también el ejecutivo de La Caja de Canarias Jesús González, el abogado y miembro de la Agrupación Tinerfeña de Independientes, Vicente Alvarez Gil, e importantes empresarios de las islas y de la Península.

Un mes después se destapó otro caso de corrupción que afecta a políticos del PP en Canarias.

La operación Faycán, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento grancanario de Telde, mantiene en prisión desde el pasado día 3 de marzo a la concejala de Obras Públicas del PP, María Antonia Torres, y, desde el día 4, a su asesor Francisco Gordillo.

A Torres se le imputan presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Este caso lo instruye el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Telde, Javier García, quien además ordenó el pasado día 1 de marzo la detención de otras doce personas, que después fueron puestas en libertad con cargos.

El marido de Torres e interventor del Ayuntamiento, Enrique Orts, un hijo de Gordillo, y otros cuatro funcionarios de la corporación, son algunos de estos detenidos, así como otros seis empresarios, entre ellos, el delegado de Dragados y Construcciones en Canarias, Alberto Martínez Ripoll.

El presidente del PP en Fuerteventura, Domingo González Arroyo, también está inmerso en varias causas abiertas contra él por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y alteración del precio de un solar, que, por su condición de aforado como diputado regional, recaen en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Sobre de una de las causas, la Sala de lo Penal ha ordenado ya la apertura de juicio oral contra el político majorero por la contratación como topógrafo de José Martín Pérez Palma sin la titulación debida cuando era alcalde de La Oliva.

A estos casos se ha sumado esta semana uno nuevo sobre la presunta falsificación de firmas para descalificar viviendas de protección oficial del Gobierno de Canarias, que de momento se ha saldado con la detención de tres funcionarios del Instituto Canari de la Vivienda.

En las últimas semanas, además, los medios de comunicación canarios se han hecho eco de otras denuncias que han sido puestas en conocimiento de los tribunales, y que podría deparar nuevas responsabilidades por corrupción política y de funcionarios públicos.

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