Se aprueba por unanimidad la comisión sobre el 'caso Amorós'

A renglón seguido, Jorge Rodríguez dijo lo siguiente: "No creemos que el Gobierno nacionalista ni su presidente puedan ser responsables de nada", pero subrayó  que su grupo es partidario de la investigación para conocer con exactitud qué ocurrió en la dirección general del Tesoro".

En representación del PSOE, Santiago Pérez, acusó al PP de "tratar de magnificar la importancia de este asunto". "Hay una malla de contratos simulados, según la Audiencia, pero ¿qué hay detrás? No lo sabemos".

Por parte de CC, José Miguel González, apoyó la comisión pero dijo que "hay una diferencia abismal con la del caso eólico" y pidió al PP que "no pretenda engañar al pueblo canario".

María Isabel Déniz, del Grupo Mixto, también apoyó la comisión, de la que dijo es " una cortina de humo que lanza el PP ante el caso eólico".  

El pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias ratificó en 2004, con un único voto de en contra, la "vulneración de los principios de eficiencia y economía" durante la etapa de Alberto Amorós. En su informe definitivo, el órgano fiscalizador resume en 29 puntos las conclusiones de una investigación iniciada dos años antes y que viene a poner de manifiesto que la situación financiera del Tesoro no reflejaba, hasta la conclusión de 2002, "la realidad de la tesorería de la Comunidad autónoma".

La Audiencia de Cuentas acordó con cuatro votos favorables y uno contrario, remitir el documento al Parlamento de Canarias, al Tribunal de Cuentas, a la Intervención de la Comunidad autónoma y al ex director general del Tesoro. El instructor del caso, Juan Marrero Portugués (representante del Partido Popular), consideró en su investigación que Alberto Amorós mantuvo durante su gestión "al menos cinco cuentas ociosas" con "saldos relevantes en el mismo espacio temporal que se utilizaban operaciones de crédito". Según la Audiencia, "dicha actuación pudo suponer un menoscabo en los fondos públicos derivado del pago deintereses por uso de créditos de tesorería existiendo fondos en las arcas de la Comunidad".

Asimismo, el órgano fiscalizador comprobó que el estado de fondos "no reflejó en los últimos ejercicios la realidad de la tesorería de la Administración General de la Comunidad, debido, por un lado, a la ausencia de depuración de las conciliaciones de las cuentas corrientes y, por otro, a la contabilización como disposición de fondos de la mera firma de un contrato de póliza".

En las otras de las conclusiones del informe definitivo, se destaca que la Intervención General no realizó funciones de control interno sobre la gestión diaria del Tesoro, así como que tampoco efectuó en los 10 últimos años (hasta 31 de diciembre de 2002), el control de las concialiaciones bancarias que pueda "servir de justificación al reiterado obstruccionismo del Tesoro".