'Trama eólica': habrá más detenciones

Los otros dos detenidos que ayer fueron llamados a comparecer ante el instructor de las diligencias policiales, el empresario Wilebaldo Luis Yanes y la funcionaria de la Consejería de Educación del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana se acogieron a su derecho a no declarar, al considerar que no es conveniente para su defensa hasta conocer el contenido de las diligencias actualmente declaradas secretas.

Los otros tres imputados (Celso Perdomo González, funcionario del Cabildo de Gran Canaria y ex director general de Industria, Alfredo Briganti Arencibia, abogado, y Enrique Guzmán, inversor) serán llamados hoy a declarar.

Todos ellos permanecen incomunicados, y pasaron la noche de ayer en distintas comisarías: Briganti y Guzmán en la de Telde, y los otros cinco repartidos en sedes policiales de la capital, confirmaron fuentes oficiales.

Una fuente de la investigación confirmó que la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior no descarta practicar nuevas detenciones, pero no de inmediato. Se llevarán a cabo en otra fase de la investigación y afectarán a supuestos implicados de importancia secundaria en la supuesta trama.

El jefe de área de la Dirección General de Industria del Gobierno Autónomo, Honorato López Torres afirmó que desde su puesto de jefe de Área en la Dirección General de Industria no tenía poder para adjudicar concursos, y aseguró que sólo se relacionó de forma frecuente con  Perdomo cuando Marisa Tejedor le encargó el informe de la investigación del concurso que la Consejería presentó en octubre ante el Parlamento.

Sagaseta: "¿Y la sangre?"

El abogado del empresario detenido por presunta implicación en la trama eólica de Canarias Wilebaldo Luis Yánez, Fernando Sagaseta, cuestionó ayer la actuación del magistrado encargado del caso, Miguel Angel Parramón, que, dijo, emprendió un proceso de detenciones «muy desproporcionado».  «¿Dónde están la sangre, el semen y el dinero?», preguntó irónicamente el letrado, que aludió así a su parecer de que no hay elementos que justifiquen la decisión del magistrado de ordenar la detención de siete personas, incluidos políticos, ejecutivos y empresarios, a la salida de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, donde permanecía confinado su defendido.