Energía: ahorrar con gas

El expresidente de la promotora gasística de Canarias, Gascan, Juan Miguel Sanjuán, reunió en 2006 a empresarios como Rafael González, Luis Hernández o Jaime Cortezo. En ese almuerzo zanjó la trifulca empresarial que arriesgaba el gas en Arinaga y Granadilla. Sanjuán ofreció suscripciones de la ampliación de capital que diseñaba Gascan para proyectos de 400 millones de euros. La inversión era tan elevada que nadie resolló, excepto Cepsa. La petrolera pujaba con fuerza por convertirse en inversor de referencia frente a Endesa.

La legislatura de Adán Martín y José Carlos Mauricio tocaba a su fin. Apenas quedaba tiempo para aprobar la regasificación. El expediente de Granadilla se atascaba por las presiones ecológicas y Arinaga estaba a punto de saltar por los aires coincidiendo con la crisis nacionalista entre CC y Nueva Canarias. A esas alturas, la presión de Cepsa (a la que siempre se vinculó con una maniobra de los sectores conservadores de Santa Cruz), había desaparecido como prueba de que el gas se quedaba en la cuneta.

Gascan, creada por Román Rodríguez en 2002, se paralizaba. Endesa, el socio mayoritario, advertía de los riesgos a futuro (como ocurre ahora en Libia) que suponía no incorporar el gas a las plantas de Granadilla y Juan Grande para generar luz. Ni caso. Mauricio forzó en 2005 la entrada de 12 inversores locales a través de Regional de Energías, que tampoco tuvo éxito. Casi en el final de su etapa, el consejero jugó la última carta. Persuadió al presidente del Cabildo, José Manuel Soria, para fijar un emplazamiento. El consejero de Política Territorial, Carlos Sánchez, identificó Arinaga y, en su defecto, el Puerto de La Luz. Se daba por hecho que el alcalde de Agüimes, Antonio Morales, se convencería por dos razones: las plusvalías por licencias (unos 4 millones de euros) y la eficiencia del puerto de Arinaga (cuya única utilidad era la regasificadora). El proyecto iba a cristalizar hasta que Mauricio rodó la localización hacia un barranco de Santa Lucía de Tirajana. La voladura controlada del Fouché isleño fue un desastre. Su afán por dividir a los alcaldes se paga ahora a precio de oro.

Los empresarios se descompusieron y nada más entrar Paulino Rivero en 2007, hubo un segundo intento con el Estado para relanzar Enagás. El operador incluyó a Canarias en su sistema de redes. Granadilla se desatascó y Sanjuán cedió la presidencia a Miguel Becerra (número dos con Adán Martín). Tenerife guardó silencio para resolver el contencioso en Bruselas (se cambió hasta el catálogo de especies protegidas) y Cepsa dejó de intimidar. En 2008, Tenerife toma la delantera con el gas gracias a que Román Rodríguez y Emilio Mayoral dan carpetazo a Arinaga con un planeamiento que arrollaba a Gascan. Gran Canaria insistía en las renovables con una hidroeléctrica que Endesa propuso años antes a Soria. La paradoja es que Morales lograba, además, que el Cabildo lanzara las centrales de gas, pero a cinco kilómetros mar adentro.

Todo esta trifulca política y empresarial en versión isleña cobra ahora más dramatismo con la guerra desatada en Libia y la amenaza que se cierne sobre Argelia, dos de los grandes suministradores energéticos de Europa. El precio del crudo se ha disparado en 25 dólares en dos meses y arriesga la factura eléctrica. El coste estimado para la economía canaria supera los 300 millones sin que se vislumbren alternativas.