viernes, 24 marzo 2017, actualizado a las 23:11 h.
Portada de la edición impresa de hoy

Política

 
Actualizada el 13/11 a las 03:33

Anticorrupción reclama cárcel para los ex dirigentes del Icfem

Los acusa de falsedad documental y prevaricación administrativa

technorati delicious google meneame digg
Diez Minutos en todas las islas, gratis los domingos con Canarias7

Estadísticas

Esta noticia ha sido vista 2401 veces y enviada a 6 personas.

Añadir a Mis artículos

Debe ser usuario registrado para añadir esta noticia a su selección.

Vote esta noticia

Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión para los ex altos cargos del Instituto Canario de Empleo (Icfem) en la etapa en que hubo problemas con las subvenciones de este organismo. El escrito remitido al juez los acusa de falsedad documental y prevaricación.
Publicidad

El fiscal anticorrupción reclama cárcel para los imputados en el llamado caso Icfem: Víctor Díaz, Francisco Almeida, Aurelio Ayala, Francisco Zumaquero y Diego de León. A su juicio, los ex responsables de este organismo público (ahora Servicio Canario de Empleo) deberían ser condenados a cinco años de prisión por cometer un presunto delito de falsificación de documentos públicos y prevaricación administrativa.

Además solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital grancanaria que les imponga una multa de 8.000 euros a cada uno. El escrito de conclusiones provisionales reclama asimismo la inhabilitación especial para el desempeño de cargo público por un período de nueva años para los cinco acusados y para Tomás Quesada, también ex director del Icfem.

La petición que ha elevado el fiscal delegado Luis del Río Montesdeoca está relacionada con la actuación de los imputados al frente del Instituto Canario de Formación y Empleo en la etapa en que se concedieron subvenciones a empresas para la formación de trabajadores y cursos que, según Anticorrupción, nunca fueron justificados. El fiscal asegura que los imputados incurrieron en «numerosas arbitrariedades constitucionalmente vetadas a la actuación de cargos públicos».

Larga etapa

 

Los imputados en el caso Icfem estuvieron al frente de este departamento en etapas diferentes: Victor Díaz fue consejero entre julio de 1995 y julio de 1997; Quesada director entre 1994 y 1995; Ayala director entre 1996 y 1998; Zumaquero director entre 1998 y 1999; y León director entre 1999 y 2006,

León: «Es un nuevo abuso de toga»

El actual director general de Proexca y director del Icfem entre 1999 y 2003, Diego León, expresó ayer su confianza en la «pronta celebración de un juicio» que aclare en su totalidad el caso Icfem. León, que se mostró «absolutamente convencido» de que no habrá condena abogó por el juicio «como única forma de poner fin a los abusos con toga», que, en sus palabras, han venido protagonizados en primer lugar, por un fiscal que recientemente ha sido apartado del caso y ahora, por otro «que repite el ansia de notoriedad, intentando montar un juicio paralelo ante su incapacidad para fundamentar un informe con un mínimo de rigor y solvencia jurídica». «Alguien ha de poner fin a estos graves comportamientos, garantizando la higiene democrática de un servicio público esencial como es la Justicia», agregó León. Para el ex director del Icfem, «sería muy sano que se abriera una investigación sobre la autoría interesada de un escrito de acusación». Además, abogó porque el máximo órgano de la Fiscalía conozca los informes «que han evacuado algunos subordinados» sobre las denuncias que los directores del Icfem remitieron contra beneficiarios de las subvenciones de este órgano.

Rivero: «Valoro más el informe de la UE»

Ante la petición, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la Fiscalía Anticorrupción de cinco años de cárcel para cinco ex responsables del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) por falsedad documental y prevaricación administrativa, Paulino Rivero reconoce que «no sabe si existe un complot contra el Gobierno regional» para judicializar las cuestiones políticas, pero sí valora que «exista un informe de la Unión Europea y del Tribunal de Cuentas que dicen que todo fue correcto». Resalta que este último órgano ha avalado el reparto de subvenciones del Icfem a lo largo de estos años.

El presidente nacional de CC considera que estos dos documentos «son mucho más claros, más contundente y sobre todo más creíbles que cualquier medida impulsada por un órgano unipersonal», refiriéndose a la Fiscalía. Por ello, «pongo en cuarentena la iniciativa del Fiscal Anticorrupción hasta que la Justicia dé y quite razones». Además, Rivero subraya que «el Gobierno actual no tiene nada que ver con todo esto».

Al mismo tiempo, Paulino Rivero afirma que se enteró de la decisión de la Fiscalía a través de los medios de comunicación y que no ha tenido tiempo de hablar con ninguno de sus compañeros de partido al respecto, ni tampoco en la reunión que mantuvo ayer la cúpula nacionalista en la sede de Coalición Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria a la que asistió el presidente del Gobierno regional, Adán Martín.

Publicidad