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La fiscal pide la absolución para dos periodistas

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Antonio F. de la Gándara / Las Palmas de Gran Canaria

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La fiscal pidió ayer la absolución de los periodistas Sosa y Chavanel, acusados por José Manuel Soria de calumnias. En 2006, los acusados difundieron que Soria había vedado a una empresa pública el acceso al concurso eólico en beneficio de su casero, Javier Esquivel, en aparente contrapartida porque éste no le cobraba.

La fiscal Cecilia Acebal no dudó de que los periodistas Carlos Sosa y Francisco Javier Chavanel, cuando sucedieron los hechos juntos en Canariasahora.es, hubieran imputado a Soria una actuación delictiva, pero recordó que, para entender probado que tal imputación había calumniado al político, tendría que acreditarse que era falsa. «Y no sabemos si es o no falsa, porque no hay una resolución judicial que diga que era verdad, pero tampoco una que diga que era mentira», expuso.

La representante del Ministerio Público agregó que estaba claro que los periodistas creían que era cierto lo que habían difundido, por lo que no podía achacárseles el requisito de desprecio a la verdad que exige el tipo penal. Expuso que la información había sido «detallada» y no se basaba en «rumores sin contrastar». Aludió incluso a la exceptio veritatis (facultad del acusado de calumnia de probar que lo que ha dicho es cierto) y recordó que la jurisprudencia ya la admite incluso cuando se plantea una duda sobre si la información es verdadera o falsa. Apuntó que, en el caso de autos se había «acreditado al menos esa duda».

El abogado de Soria, Nicolás González-Cuéllar, confirmó su petición de una condena de dos años de prisión para Sosa, uno para Chavanel y 750.000 euros de indemnización. A juicio de González-Cuéllar, Sosa atacó a Soria para intentar darle la vuelta a la investigación del caso eólico, que en aquellos días se dirigía, entre otros, contra el entonces dueño de Canariasahora.es, José Francisco Henríquez, contra el que finalmente se archivaron las actuaciones.

Las defensas (José Manuel Rivero por Sosa, Idoia Mendizábal por Chavanel y Luis Val por la empresa editora de Canariasahora.es) interesaron un fallo absolutorio. Los tres aplaudieron el informe de la fiscal y reclamaron la condena en costas a Soria, alegando mala fe procesal.

El juicio duró caso cinco horas y se celebró ante el Juzgado d lo Penal número 2 de la capital grancanaria, accidentalmente presidido por el magistrado Javier García García-Sotoca. Durante toda la jornada, el juez intentó –con escasa fortuna– evitar que las defensas convirtieran el proceso en una segunda parte del caso eólico. Lo cierto es que los hechos que se ventilaban corrían en paralelo y en muchos casos se confundían con este sumario.

Soria: "Pagamos en metálico y así consta".

Soria y su esposa, María del Carmen Benítez, aseguraron que la información controvertida era falsa y que los periodistas no se habían molestado en averiguar la verdad: que pagaban en metálico y que así constaba en el contrato.

Benítez afirmó que ella misma iba cada mes a casa de los Esquivel y entregaba la renta a la esposa de su casero, Gabriela Martínez. El matrimonio ha aportado a la causa los recibos que en apariencia lo prueban.

Esquivel y su esposa confirmaron la versión de los Soria. El empresario alegó que había dejado que su mujer hiciera uso de la renta que le pagaban los Soria y que luego él mismo la restituía de su peculio a la empresa.

La testifical estuvo plagada de rostros conocidos, entre otros, el socialista Santiago Pérez, el ex secretario de Estado de Transportes Fernando Palao, Luis Soria, Miguel Jorge Blanco, Antonio Morales, José Manuel Arnaiz, Larry Álvarez o Francisco Cabrera, de Megaturbinas de Arinaga.

Miguel Jorge recordó el día en el que Cabrera propuso que Megaturbinas se presentara al concurso eólico, él había llamado a Larry Álvarez para pedirle directrices y éste le había dicho que no apoyara la moción. Álvarez no recordó esta llamada. Luis Soria admitió que siendo consejero de Industria se había encontrado en Alemania con Esquivel, ambos visitando una fábrica de megaturbinas. Palao confirmó por videoconferencia que había considerado el contrato de la Autoridad Portuaria con Esquivel como «lesivo» para los intereses del Estado.

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