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José S. Mujica
Las Palmas de Gran Canaria
La reciente desclasificación de un informe de la OTAN sobre la crisis territorial de El Sáhara, elaborado en 1976, ha devuelto a la actualidad la fragilidad del proceso negociador entre Marruecos y Argelia y el Frente Polisario. De un acuerdo definitivo depende, en exclusiva, la estabilidad del Magreb, pero del éxito de las conversaciones (será la cuarta vez que vuelvan a verse a mediados de este mes en Nueva York) subordina también la capacidad de Canarias para no verse arrastrada a ser parte sustantiva de las rutas internacionales del tráfico de personas.
La OTAN advirtió hace 30 años que el conflicto armado en El Sáhara Occidental era nocivo para el Mediterráneo y para lo que algunos articulistas del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) definen como las zonas africanas de España, o sea, Ceuta, Melilla, los peñones y Canarias.
El conflicto entre Marruecos y el Frente (siempre amparado en el Gobierno argelino) lleva 32 años estancado bajo los auspicios de Naciones Unidas. Desde 1991 impera el alto el fuego y una misión especial de la ONU (Minurso), unos 250 cascos azules, reside en la ex colonia española con el fin de velar por la paz. Pero la tranquilidad es aparente y ambas partes han iniciado una escalada dialéctica de advertencias que ha llevado al Frente a amenazar con volver a las armas en 2009.
De hecho, el pasado viernes, Marruecos elevó una protesta formal ante Naciones Unidas por el inicio de obras de infraestructura y de viviendas en el territorio sometido a disputa, en concreto en Tifaritti, una pequeña localidad en la que ondea la bandera del Polisario, situada en pleno desierto, por detrás del muro de 2.000 kilómetros de arena que parte en dos bloques El Sáhara Occidental.
La desclasificación del documento reservado de la OTAN no es una casualidad, ya que, para expertos en defensa, trata de llamar la atención sobre el «punto caliente» que se está abriendo en la zona.
Hasta ahora, la causa saharaui formaba parte de los conflictos de baja intensidad, pero las circunstancias geoestratégicas han cambiado debido a la inmigración ilegal, la pobreza extrema africana, la sequía, la escasez de recursos energéticos y, sobre todo, la infiltración de terroristas opuestos al sistema de desarrollo de Occidente.
La mayoría de estos factores «preocupantes» no figuraba ni por asomo cuando la OTAN analizó el problema de El Sáhara. «Si lo hiciera ahora sería muy contundente». Según las mismas fuentes, la OTAN sigue muy de cerca la evolución del conflicto y sus efectos «colaterales» en este vasto territorio que alcanza a otros países como Mali, Níger, Senegal y Mauritania.
A petición de España, la Alianza baraja la intensificación de los recursos en las zonas tapón de la inmigración, como el Sur peninsular y el Archipiélago canario. Los estrategas militares han estimado, a medio plazo, la instalación de escudos antimisiles y la mayor dotación de medios físicos y humanos.
De hecho, en 2006, el Gobierno español aprobó el Plan Integral de Seguridad para Canarias, con una inversión de 200 millones, en los que figuraba la adquisición de un avión Casa CN-235. El Plan no ha cubierto sus objetivos, en parte «por las dificultades de entendimiento con el Gobierno canario», según el PSOE. El Ministerio de Defensa espera impulsarlo en la próxima legislatura.
En el Ejecutivo canario se tiene otra visión. «Con las cosas de comer no se juega y este Gobierno no va a relegar jamás el interés general por causas de color político». En este sentido, Paulino Rivero se está mostrando como el presidente «más activo» de la Democracia en materia de seguridad y defensa. Hace dos semanas, recibió en las Islas a la cúpula militar del Ceseden, dependiente del Estado, para iniciar los trabajos de implantación de una plataforma intercontinental que permita ampliar la cobertura militar, «en caso de necesidad» en las Islas. El Ejecutivo no ha valorado las conclusiones del encuentro por tratarse de «un asunto de interés nacional».
La plataforma o red intercontinental incluiría alianzas con los gobiernos africanos con el fin de intercambiar información y fijar criterios unificados de actuación. España está a la espera, además, de que Estados Unidos decida, definitivamente, dónde ubicará la división militar del Africom. El anuncio ayer de José Luis Rodríguez Zapatero para habilitar en Canarias la sede de las regiones ultraperiféricas de Europa «abunda en una realidad», según el PSOE: «Canarias está, por fin, en el mapa del concierto militar internacional en seguridad y defensa».
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