El 'caso Arona' podría arrojar al menos otras dos detenciones

El juez Nelson Díaz Frías esperará a que pase el Día de Reyes para, o bien ordenar la detención de, al menos, otras dos personas implicadas en el denominado caso Arona, o bien llamarlas a declarar en calidad de imputados. El pasado 21 de diciembre decretó el ingreso en prisión del arquitecto municipal y de un empresario.

La detención el martes 18 de diciembre del jefe de Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona, Eliseo de la Rosa, y del empresario inmobiliario, Arsenio Zamora, enviados a prisión tres días después, marcó un punto de inflexión en el denominado caso Arona. Los imputados hasta entonces, el alcalde y los siete concejales de la anterior junta local de gobierno, lo estaban por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio; los nuevos lo están por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, en el caso de De la Rosa, y Arsenio Zamora como cooperador necesario para en los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Con la detención y posterior envío a prisión de estas dos personas, ya son 10 los imputados en la instrucción que sigue el titular del Juzgado número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías, y la próxima semana previsiblemente se incrementará el número de imputados habida cuenta las apreciaciones que el magistrado hace en su auto de 18 de diciembre por el que decreta el secreto de sumario de las actuaciones y dictado previsiblemente antes de la detención del arquitecto municipal y el empresario urbanístico. En ese auto, Díaz Frías apunta, además de a a Arsenio Zamora, a «varios funcionarios públicos» y a «un concejal ya imputado», todos nombrados por un el testigo que prestó declaración ese día y que aportó pruebas sobre «nuevos hechos delictivos» a añadir a los de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio por la que está imputados el alcalde y los otros siete miembros de la junta de gobierno entre 2003 y 2007.

Aunque el juez no los nombra expresamente, en ámbitos judiciales se sabe que las personas aludidas por el empresario José Ramón Ansorena en su declaración en calidad de testigo ante el magistrado son el concejal del Partido Popular (PP) y consejero insular, Félix Sierra (edil de Urbanismo entre 1999 y 2003), y el aparejador municipal Roberto de Luis, ya imputado por otro juzgado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios como consecuencia de una querella que presentó contra él y contra su sobrino, José Antonio Molina Luis, la Fiscalía Anticorrupción. Cabe recordar que en la declaración de Ansorena estaban presentes varios de los abogados de las partes personadas en la causa.

Díaz Frías, que también es el juez decano de Arona, da absoluta veracidad al testimonio y las pruebas aportadas por el empresario José Ramón Ansorena, «elementos probatorios» que le llevaron a declarar el secreto de las actuaciones durante un mes (hasta el 18 de enero) a todas las partes personadas a excepción de la Fiscalía, representada por la fiscal para delitos contra el Medio Ambiente y el Urbanismo, Inmaculada Violán.

Pasos firmes.

En ámbitos judiciales se da por hecho que tanto Félix Sierra como el aparejador municipal Roberto de Luis tendrán que comparecer ante el juez Nelson Díaz Frías y que, probablemente lo hagan en calidad de imputados. Algunos se aventuran aún más y aseguran que, «dada la contundencia» con la que ha actuado el magistrado, todo apunta a que les tomará declaración previa detención, como ocurriera con Eliseo de la Rosa y Arsenio Zamora.

Los «pasos firmes» con los que Díaz Frías está llevando la instrucción del caso mantiene en vilo a la Corporación y a los imputados.

Querellas enlazadas.

El magistrado titular delJuzgado de Primera Instancias e Instrucción número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías, enlazó mediante una providencia fechada el pasado mes de septiembre la querella por presunta prevaricación y delitos contra el territorio contra el alcalde y otros siete ediles con la denuncia presentada en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción contra el aparejador municipal Roberto de Luis.