Uso de cookies

En esta web usamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar usando nuestra página entendemos que acepta nuestra política de cookies. más información Aceptar

miércoles, 23 julio 2014, actualizado a las 16:31 h.
Portada de la edición impresa de hoy

Política

 
10/02/2007 Actualizada el 10/02 a las 04:04

'Operación Góndola': La Justicia investiga a Adán Martín

El juez notifica al Tribunal Superior que hay conversaciones de Santana Cazorla con el presidente, su director de gabinete y el consejero Berriel

technorati delicious google meneame digg
Diez Minutos en todas las islas, gratis los domingos con Canarias7

Estadísticas

Esta noticia ha sido vista 2335 veces y enviada a 2 personas.

Añadir a Mis artículos

Debe ser usuario registrado para añadir esta noticia a su selección.

Vote esta noticia

José Mujica / Las Palmas de Gran Canaria

La investigación abierta en Mogán se ramifica. La Justicia investiga al presidente del Gobierno, Adán Martín, al consejero Domingo Berriel y a un cargo de confianza en Presidencia. Mientras la policía mantiene un total mutismo, el caso está ahora en manos del Tribunal Superior por la condición de aforados de Martín y Berriel.
Publicidad

La Operación Góndola que persigue supuestos casos de corrupción urbanística en Mogán (Gran Canaria) ha saltado hacia el Gobierno autónomo. El juez instructor que sigue la causa, José Alexis Reyes, ha dado con los nombres del presidente del Ejecutivo, Adán Martín, y el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel -ambos aforados-; las pesquisas también salpican al director general del gabinete del presidente, Salvador Iglesias.

Esa condición de aforados de Adán Martín y Domingo Berriel motivó al juez de instrucción a elevar una pieza separada al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro, para que evaluara el alcance de los hechos.

El TSJC dará traslado ahora a la Sala de lo Civil y lo Penal para determinar si asume el caso o si lo remite al Juzgado de Instrucción Número 6 de San Bartolomé de Tirajana para que amplíe el curso de la investigación, sujeta a secreto sumarial.

Las  sospechas judiciales sobre Adán Martín, Domingo Berriel y Salvador Iglesias, están relacionadas con el expediente de desclasificación de 3.600 camas en Anfi Tauro, cuya edificación está bloqueada por la vigencia de las directrices del territorio y de la moratoria turística.

Como se recordará, el Cabildo de Gran Canaria aprobó en su día la declaración de interés público para el proyecto turístico de Anfi, promovido por los empresarios Bjorn Lyng (fallecido el pasado año) y Santiago Santana Cazorla. El trámite definitivo para autorizar la construcción se cierra en el Parlamento, pero antes precisa de la credencial del Gobierno autónomo.

La información que obra en poder del juez Reyes está contenida en conversaciones, meses atrás, de Santana Cazorla con el presidente del Gobierno, el consejero de Medio Ambiente y Salvador Iglesias. Los diálogos corresponden a los pinchazos telefónicos autorizados por el juez sobre el empresario desde  el inicio de la operación góndola en junio del pasado año. En estas conversaciones, Santana Cazorla urge a los miembros del Ejecutivo a autorizar el expediente de las 3.600 camas de Anfi ante la proximidad de las elecciones en mayo.

Un día después de ser detenido y pasar la noche en el calabozo, Santana Cazorla pudo confirmar el pasado martes en su declaración ante el juez instructor la existencia de las conversaciones con los representantes del Gobierno. De hecho, fuentes del caso consideran que los abogados del inversor turístico y constructor pudieron comunicar el mismo martes a Presidencia del Gobierno el interés del Juzgado por la posible responsabilidad del jefe del Gabinete.

No hay imputación

La entrada en escena de Adán Martín en las operaciones urbanísticas de Mogán no significa, necesariamente, la consideración de imputado del jefe del gabinete;la misma consideración se extiende a los otros dos cargos. Sin embargo, no se descarta que en la pieza separada que estudió ayer el TSJC se prevea ya la posibilidad de que sean llamados a declarar para zanjar las dudas que suscita la investigación.

El juez tampoco ha visualizado qué posibles delitos pueden derivarse de las escuchas. Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan al tráfico de influencias   y al cohecho como figuras penales susceptibles de una investigación «más detallada».

Estas fuentes anticipan que el caso durará meses y que las ramificaciones son «tan amplias que van a requerir dedicación y tiempo». Según trascendió ayer, las conversaciones entre el empresario y los miembros del Gobierno se refieren al expediente de Anfi, con el fin de acelerar su tramitación y aprobación. Iglesias habló varias veces con Santana Cazorla, lo mismo que Berriel y Adán Martín.

Los investigadores dan importancia a la documentación requisada el pasado lunes a Santiago Santana, en su detención en el aeropuerto de Gran Canaria.

El empresario iba a Tenerife para entrevistarse con Domingo Berriel y, en la captura, portaba un maletín personal con papeles confidenciales sobre Anfi, en posesión ahora del juez.

Tanto la policía como el servicio de Prensa del TSJC guardaron ayer mutismo absoluto sobre el contenido del escrito del juez. El TSJC tan sólo confirmó la recepción del escrito. Su departamento de Prensa no informó sobre los nombres de los aforados, como pudo decirse de una primera información de este periódico en la edición digital.

Más información en el periódico CANARIAS7

Publicidad

© 2014 Informaciones Canarias, S.A.