Ante la crisis energética

El futuro de la energía es ya un debate que trasciende a las iniciales, minoritarias y proféticas, preocupaciones ecologistas, calificadas en su momento de alarmistas, cuando no de claramente apocalípticas. Ellos fueron los primeros en advertir al conjunto de la sociedad sobre una realidad que hoy se asume cada vez más: el carácter finito del petróleo ?un recurso natural no renovable que constituye actualmente nuestra principal fuente de energía- y las consecuencias que el actual modelo energético y de consumo tienen en el cambio climático y, en definitiva, en las perspectivas de futuro del Planeta. Una situación crítica que lleva al ex ministro británico de Medio Ambiente, Michael Meacher, a afirmar que si no se realizan acciones rápidas y consecuentes a favor de las energías renovables, «la civilización se enfrenta al deterioro más agudo y quizás más violento en la historia reciente».

Las previsiones en torno a la duración de las reservas mundiales de crudo no pasan más allá de cuatro décadas, al menos con las bolsas hoy conocidas. Otro tanto pasa con una de sus alternativas, el gas, recurso que también tiene fecha de caducidad. Y el control de los yacimientos petrolíferos existentes se encuentra tras conflictos bélicos como el de Irak, aunque se intentara maquillarlo con presuntos discursos prodemocráticos, o tras las crisis, de distinto nivel, que mantiene Estados Unidos ?el principal consumidor de petróleo del mundo- con Irán o con Venezuela.

Europa también está presente en este debate. La Comisión Europea presentó recientemente su nueva estrategia común en materia energética. Su preocupación no es ajena a la gran dependencia que la Unión Europea tiene en esta materia, puesta al desnudo con los diferentes conflictos de abastecimiento con Rusia. Los datos son rotundos sobre esa debilidad en materia energética: la UE es, con diferencia, la principal importadora de petróleo y de gas del mundo; compra un 82% de su petróleo y casi un 60% de su gas a otros estados. Su preocupación tampoco es ajena, no debe serlo, a las negativas consecuencias medioambientales del actual e insostenible modelo. Junto a las llamadas a la eficiencia, a la racionalización del consumo y a la potenciación de las energías renovables, Europa ha reiterado su apuesta por la energía nuclear, que actualmente produce un tercio de la electricidad de la UE y que, según la Comisión, tiene un precio competitivo y un impacto positivo en la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero, del que cada año se liberan a la atmósfera unos 6.000 millones de toneladas en el conjunto del Planeta. Aunque los detractores de las nucleares recuerdan que éstas generan otros problemas, como los relativos a seguridad o a la generación de residuos altamente contaminantes y que se mantienen activos durante siglos. Destacan, asimismo, que la minería y el uranio enriquecido también producen desechos tóxicos y que el uranio es, al igual que el petróleo y el gas, un recurso no renovable.

Aunque el problema de la energía es global y las soluciones también tienen que ser adoptadas en el ámbito mundial, cada nación o zona del mundo tiene que tomar decisiones que contribuyan a la diversificación energética, el incremento del uso de las energías limpias y el aumento en la eficiencia y el consumo responsable. En nuestro caso, el de Canarias, la producción y distribución de energía está directamente marcada por nuestra lejanía e insularidad, contribuyendo a su encarecimiento. No podemos transportar energía eléctrica de otros países, tal y como ocurre en Europa. Cada isla ?si exceptuamos el caso de Fuerteventura y Lanzarote, que sí se encuentran interconectadas- se constituye en un sistema energético.

Por otra parte, hay numerosos datos preocupantes. Entre ellos el hecho de que las Islas hayan experimentado un espectacular crecimiento del consumo eléctrico, en torno a un 10% anual en la última década, circunstancia directamente vinculada a nuestro poco sostenible modelo de desarrollo. A lo que se suman las conclusiones del estudio dado a conocer recientemente por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la energía (IDEA), organismo dependiente del Ministerio de Industria, que afirman que Canarias es la Comunidad que de forma más ineficiente gestiona la energía en los hogares, pese al escasísimo peso que tiene la calefacción, por nuestro clima, en los electrodomésticos domésticos.

Desde Nueva Canarias hemos venido insistiendo en la apuesta por el incremento de la eficiencia, reduciendo el consumo superfluo y aumentando el peso relativo en el abastecimiento energético de las energías renovables ?solar, eólica, etcétera, para las que tan buenas condiciones tienen las Islas-. Apoyamos, asimismo, la incorporación del gas, menos contaminante que el petróleo, pero con un proceso transparente y cumpliendo con la máxima seguridad de las personas y el mayor respeto al medio ambiente. Por lo que coincidimos con la Mancomunidad del Sur de Gran Canaria que, siguiendo las recomendaciones de los expertos, plantea la instalación de la planta regasificadora en el mar, a determinada distancia mínima de la costa.

Este, el de la planificación con futuro, no es el camino seguido por el actual Gobierno de Canarias. Que ha actuado con absoluta opacidad en la implantación del gas, otro de los asuntos en que ha mezclado perversamente política y negocios. Y que ha guardado en sus gavetas el Plan Energético de Canarias (PECAN) que aprobamos inicialmente en el Ejecutivo en 2003 y que, ahora, a toda prisa, trata de sacar adelante al final de la legislatura. Un plan cuyos principales objetivos se fijaban en el ahorro, la garantía del suministro en óptimas condiciones, la disminución de la dependencia del petróleo y el impulso de otras fuentes, planteando que en 2011 las energías renovables supongan en el Archipiélago el 26%, frente al poco más del 4% actual. Pero, como en otros asuntos, y gracias a la total parálisis del Gobierno de CC, ya hemos perdido cuatro años sin que se haya hecho nada, salvo, eso sí, un lamentable concurso eólico fracasado e investigado por los tribunales.