Las víctimas del franquismo denuncian que la Ley de la Memoria Histórica incumple las promesas del Gobierno

En declaraciones, el presidente de la AERP, Gervasio Puerta, reclamó una condena explícita de la dictadura de Franco por parte del poder político y el reconocimiento explícito y oficial que merecen quienes sacrificaron gran parte de sus vidas y permanecieron hasta más de 20 años en las cárceles franquistas por contribuir a la recuperación de la democracia en España.

"Las víctimas del franquismo deben ser tan queridas y respetadas como las de ETA; víctimas del terror político fuimos unos y otros", subrayó el presidente de la AERP, una asociación que agrupa a los supervivientes de los presos políticos de la dictadura, algunos de los cuales sufrieron en torno a 25 años de prisión por delitos de opinión y propaganda política.

"Pueden estar seguros los familiares y allegados de las víctimas de ETA de que nadie como nosotros nos sentimos compenetrados con su dolor y sus peticiones de reconocimiento; lo que solicitamos es precisamente que se haga extensivo el mismo trato a todos los que han sufrido persecución y cárcel como consecuencia de sus ideas", recalcó Puerta.

La AERP valora positivamente la iniciativa personal del jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, pero lamenta que las promesas iniciales del Gobierno se hayan visto reducidas a un proyecto de ley que, a su juicio, no satisface los derechos de las víctimas del franquismo, pendientes de reconocimiento desde hace 30 años.

El presidente de la Asociación, que solicitará una entrevista con Fernández de la Vega y desea proponer a los grupos políticos mejoras al proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria, consideró además imprescindible que se anule la validez de los Consejos de Guerra celebrados hasta 1963 y se despoje al Valle de los Caídos de su actual condición de mausoleo en honor del dictador.

En cuanto a las compensaciones económicas para las víctimas, recordó que la única iniciativa nacional adoptada hasta ahora fue aprobada en 1990, cuando se arbitró el pago de unas cantidades "insuficientes", que dejó sin indemnizar a más de 50.000 presos políticos y compensó a otros tan sólo con el equivalente a unos 500 euros por cada año que padecieron en prisión.

"Desde entonces, algunas Comunidades Autónomas han intentado paliar parcialmente esta discriminación, pero aún hoy día Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana siguen respondiendo con el silencio", precisó el presidente de la AERP.