Canarias entre las comunidades con más casos de mujeres muertas por violencia de género

Las cifras del Poder Judicial sirven de barómetro sobre el doble fenómeno de la violencia intrafamiliar - que afecta más, aunque no sólo, a mujeres-, y la violencia de género, que se ensaña en las féminas dentro de las relaciones afectivas de pareja. Como otras estadísticas recientes sobre la materia, el informe del Observatorio revela una cierta tendencia a la baja en el número de víctimas mortales, aún intolerables en cualquier sociedad que se pretende civilizada.

En 2005 se registraron 86 casos calificados judicialmente como violencia doméstica o de género, en los que murieron 90 personas. De ellas, 67 fueron mujeres (el 74,4%), frente a las 84 del año anterior. Del total, 52 féminas cayeron abatidas por sus maridos, novios o ex parejas, 17 menos que en 2004. El 83,7% de los agresores fueron hombres.

Más datos. Quince de las víctimas mortales de violencia doméstica eran menores de edad, siete niñas y ocho niños, y el victimario fue, en el 86% de los casos, su padre o su madre.

A pesar de la curva decreciente en los episodios luctuosos, el informe pone en evidencia un hecho descorazonador; en un 80% de las muertes por violencia familiar y de género del año pasado no constaba antecedente judicial o policial alguno por maltrato. Este porcentaje -que volvió a subir después de tres años en torno al 73 y el 75%- certifica que sólo aflora a la superficie la punta del iceberg. El grueso de la lacra social de la violencia doméstica y de género permanece oculto a las autoridades e instancias capaces de ofrecer ayuda y protección a las víctimas, hasta que ya es demasiado tarde.

Inmigrantes

Otro dato que cobra relevancia año a año es el porcentaje de casos mortales protagonizados por parejas inmigrantes, el 22% del total en 2005. Esta cifra crece en paralelo al descenso de los casos entre parejas en las que agresor y víctima son españoles, que ha evolucionado del 75,8% en 2002 - 74,4% en 2003 y 72,2% en 2004- al 65,1% del año pasado. En términos relativos, la población inmigrante supone el 8,5% del censo español, aunque los registros demuestran que este tipo de violencia afecta más a este colectivo. Las víctimas extranjeras fueron un 25,6% del total, y el 30% de los agresores eran oriundos de otro país.

Pese a ello, el perfil básico de la víctima de violencia machista no varía. Se trata de una mujer, española, mayor de edad, que en el momento de morir estaba o había estado unida a su verdugo por vínculos sentimentales.

El informe del Observatorio del CGPJ detalla también la respuesta de la administración de justicia, que el año pasado ganó en rapidez. En todos los casos, excepto, uno, el procedimiento se abrió el mismo día o al siguiente de cometido el hecho punible, y en ese mismo plazo, de media, comparece por primera vez la víctima ante el órgano judicial encargado. Se adoptaron medidas cautelares de protección a la víctima en el 35,3% de los casos, siempre en un máximo de 48 horas a partir de su solicitud.

También mejora la asistencia letrada a las víctimas denunciantes; el 37,5% acudió al juzgado acompañada de un abogado, frente al 28% en el 2004, o el escaso 8% del 2003. Más de un tercio de los denunciantes -mujeres casi siempre- retiró la denuncia, pero en todos los casos el juez decidió seguir adelante de oficio.

Por CCAA, las de más triste balance en 2005 fueron, por este orden, Baleares, Canarias y Aragón, con el peor ratio de muertes achacables a la violencia doméstica por nivel de población. Baleares fue también la de mayor porcentaje de muertes de mujeres a manos de sus compañeros o ex compañeros, seguida en este negro capítulo por Navarra y Valencia. Galicia, Madrid y Castilla y León fueron, en cambio, donde menos sangre corrió debido a la violencia de género.

Como en años previos, el Observatorio incluye en sus estadísticas de 2005 los casos calificados como de violencia doméstica y de género en la fase de instrucción judicial, es decir, aquellos en los que los indicios policiales y forenses señalan a un imputado con lazos familiares o afectivos con la víctima. Esta metodología explica la disparidad con las cifras de muertes registradas por otros organismos.