El juzgado va más allá de Celso Perdomo

La investigación judicial en torno a la llamada trama eólica trata ahora de determinar si las posibles responsabilidades penales van más allá de la actuación del entonces director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo. Según fuentes de la investigación, el juzgado considera que las pesquisas policiales y las declaraciones de los detenidos en la última semana acotan perfectamente la trama en torno a Celso Perdomo; su novia, Mónica Quintana; el empresario Enrique Guzmán López (representante legal de Generaciones Especiales I, Sociedad Limitada, participada por Hidrocantábrico) y el jefe de área de Industria, Honorato López. A partir de ahora, y tomando al abogado Alfredo Briganti como nexo, el juez Miguel Ángel Parramón y el Fiscal Anticorrupción, Luis del Río, se centrarán en determinar si los superiores de Celso Perdomo tenían conocimiento de los contactos de éste con empresarios interesados en el concurso. Asimismo, ambos tendrán en cuenta los datos adicionales aportados por el denunciante, Alberto Santana, que insiste en la conveniencia de que el juez extienda su investigación al ex consejero de Industria, Luis Soria, el consejero del Cabildo Ernesto Pérez y el presidente de la Corporación grancanaria, José Manuel Soria. Sobre estos tres, sin embargo, la Policía no aporta hecho relevante alguno en las grabaciones, según fuentes oficiales.

Una vez que los detalles de la vinculación entre Perdomo, Quintana y Guzmán se dan como cerrados, la mirada se ha puesto en los superiores de Perdomo y en la actividad de la familia Esquível (los hermanos José y Javier), con negocios en la actividad eólica y referentes en el Puerto de La Luz y Las Palmas a través de la terminal de contenedores Opcsa, la más importante de ese recinto y una de las compañías de referencia de Canarias.

El apellido Esquível ha salido a relucir en la trama eólica en conexión con el llamado caso Megaturbinas, que parte de la denuncia de Francisco Cabrera de cómo se vació de contenido una empresa pública para favorecer a particulares en el concurso eólico. Además, el nombre de Javier Esquivel ha sido objeto de controversia añadida al conocerse que el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Arnaiz, firmó con aquel -así como con la empresa Bomar- un contrato por el que compraba el proyecto eólico para presentarse al concurso, incluyendo en dicho acuerdo una cláusula que Puertos del Estado considera lesiva para sus intereses y que podría derivar en una actuación judicial de este organismo contra Esquivel, o bien su inclusión en la querella que el Ministerio de Fomento prepara por el conjunto de la actuación de Arnaiz al frente de la Autoridad Portuaria.

Todos esos detalles centrarán la citación en los próximos días ante el juez, en calidad de imputado, de José Ignacio Esquível, propietario de la empresa Promotora de Recursos Eólicos, de cuyo consejo era secretario Alfredo Briganti. La Justicia pretende esclarecer si dicha compañía recibió información privilegiada sobre los detalles del concurso, así como de las circunstancias que rodearon ese acuerdo con la Autoridad Portuaria de Las Palmas que Puertos del Estado también trata de esclarecer.