Un inversor que optaba al concurso se excusa ‘preventivamente’ ante el juez

Las misivas tiene carácter preventivo, ya que, en apariencia, Fernández de Salamanca no figura como imputado en las diligencias que instruye el magistrado Miguel Ángel Parramón, aunque este dato no pudo ser confirmado oficialmente al encontrarse la causa bajo orden judicial de secreto.

Fernández de Salamanca se identifica en sus misivas como administrador solidario, junto a Javier Colino Martínez, de las empresas Recursos Renovables de Canarias, Recursos Energéticos de Canarias y Aprovechamientos Energéticos de Canarias, y justifica su epístola al juez y a la consejera «ante las informaciones aparecidas en las dos últimas semanas en los medios de comunicación.

(El nombre de Fernández de Salamanca saltó a los medios a raíz de la denuncia presentada por el empresario canario Alberto Santana contra Celso Perdomo, Wilebaldo Luis Yanes y José Miguel Suárez Gil. En ella, se aportan copias de correos electrónicos que supuestamente envió el empresario madrileño en junio y agosto de 2004, que supuestamente evidenciaría que tenía información sobre las bases del concurso eólico antes de que éstas se publicaran, en octubre del mismo año).

En los correos se alude a porcentajes que deberían percibir  los «socios políticos» y se intercalan frases, atribuidas a Fernández de Salamanca, como «la potencia será más próxima a 5 MW que a 50MW, y la producción en el entorno a las 3000 horas, es bueno que todos estemos familiarizados con los parámetros técnicos y económicos más importantes del proyecto (...) quiero hablar con Celso esta semana para ver si hay alguna novedad y a continuación te llamaré».

En sus explicaciones al juez y a la consejera, el empresario alega que los correos «se asemejan, pero no son idénticos» a «uno de nuestros innumerables correos de trabajo  uso interno, y en absoluto reflejan lo que se ha dicho en la prensa, pues, había que explicarlos telefónicamente».

Interpretación de "socios políticos"

El empresario recuerda que en las informaciones publicadas se reprodujo como parte de un e-mail de su supuesta autoría enviado a Wilebaldo Luis Yanes el 9 de agosto de 2004 un cuadro en el que se hacía un cálculo de los beneficios y se señalaba que los «socios políticos» percibirían en el negocio un beneficio de 30 millones de pesetas, y una persona o entidad identificada como «W», un total de 45 millones de pesetas.  Fernández de Salamanca explica a Tejedor: «los socios políticos son en realidad organismos públicos, y nunca personas físicas ni partidos políticos. Nosotros describimos como socios políticos a los cabildos, los Ayuntamientos u otros organismos políticos como el Instituto Tecnológico Canario, dependiente de su Consejería.

Apunta Fernández de Salamanca que en aquella fecha (agosto de 2004), «todavía sin detalles de los proyectos técnicos» se realizó (en su empresa) un cuadro con el programa informático de cálculo Excel, «semejante aunque no idéntico al publicado». El empresario subraya que el cuadro publicado «Ni se corresponden al elaborado por mí ni se explica por sí mismo».

Industria no vio indicios en abril de 2005

El ex consejero de Industria, Luis Soria, no quiso abrir una investigación en la Consejería porque aunque el Ministerio Fiscal estaba estuviera investigando, no presuponía «ni la necesaria apertura de diligencias de investigación ni la existencia de indicios racionales contra una persona determinada, ni la existencia de un hecho constitutivo de delito». Así lo explicó en el Pleno del Parlamento canario que tuvo lugar el 13 de abril de 2005 al responder a preguntas de la diputada socialista Gloria Gutiérrez.

Luis Soria (PP) ocupó la Consejería de Industria al entrar el PP a formar Gobierno con CC, pacto que se  rompió en mayo de 2005.

Ningún conocimiento

En el mismo Pleno, Luis Soria aseguró que «la confianza que tengo en mi equipo es máxima», aludiendo al ex director general de Industria, Celso Perdomo, también del PP y hoy detenido por su supuesta implicación en la denominada trama eólica.

 Gloria Gutiérrez desveló en ese Pleno la existencia de correos electrónicos que desde Industria llegaban a empresas particulares con las bases del concurso eólico que el Gobierno pretendía convocar mese después.
El entonces consejero de Industria, Luis Soria, negó durante el Pleno -según se recoge en el diario de sesiones- tener «ningún conocimiento formal de ninguna actuación de investigación en el procedimiento de asignación de potencia eólica», y acusó a la diputada socialista de pretender «poner palos a la rueda del desarrollo económico de Canarias. Eso es lo que ustedes [los socialistas] siempre están haciendo».

Soria también aseguró que «de tener argumentos suficientes para poder llegar a la conclusión de que se están tomando distintos tipos de actuaciones improcedentes en la Consejería» iba a «ser el primero» que establecería «medidas oportunas para que el procedimiento tenga todas las garantías».

Poco después de esa comparecencia, populares y nacionalistas rompieron el pacto de gobierno. Luis Soria fue relevado por Marisa Tejedor, quien abrió una investigación que terminó con la conclusión de que, desde el punto de vista administrativo, no se detectaba irregularidad alguna en el concurso eólico que ahora centra la polémica.